Ecoembes recluta de nuevo voluntarios para recoger “basuraleza” mientras bloquea alternativas que ayudarían contra esos residuos

Fuente: INFOLIBRE

Esta labor, consideran los ecologistas, es una operación de “lavado de cara verde”: utiliza mano de obra gratuita para algo que consideran dentro de la “responsabilidad ampliada del productor” que determina la legislación europea. Los activistas consideran que el Gobierno pierde una oportunidad si no exige en la nueva ley de residuos que la organización pague por la recogida total de los envases que pone en el mercado. Ecoembes se niega a sistemas de depósito, devolución y retorno que bonificarían a los usuarios que devolvieran los envases, limitando así su presencia en los entornos naturales

Seguro que le suena de algún anuncio o algún banner en una página web. La “basuraleza”, el nuevo nombre para los residuos dispersos que, lejos de reciclarse o de amontonarse en un vertedero, se abandonan en ríos, playas o bosques, perjudicando gravemente a la biodiversidad de los entornos naturales. El término fue acuñado por Ecoembes, la organización sin ánimo de lucro que agrupa a los productores de envases del país, junto a la asociación conservacionista SEO/Birdlife: las dos conforman el llamado proyecto Libera, que busca organizar a voluntarios para retirar de estas zonas la basura que se acumula. Dicho así, suena a un noble sacrificio en defensa de la naturaleza. Pero otros ecologistas y expertos en gestión de residuos señalan que Ecoembes debería estar obligada, y en ese sentido se redactaron varias directivas europeas, a hacerse cargo de los envases que las empresas ponen en el mercado, también de los que los irresponsables depositan en el campo. Y que sus intereses son contrarios a alternativas que reducirían el número de latas y botellas que nos encontramos de paseo. Por lo que se trata, aseguran, de una operación de greenwashing o lavado de cara verde: apelar a la conciencia ecologista para escurrir el bulto. 

La última convocatoria se cerró hace unos días. Salió publicado en los medios cuya sección de medioambiente es financiada por Ecoembes. Del 12 al 20 de diciembre, el proyecto Libera volverá a salir al campo con centenares de voluntarios en decenas de puntos de todo el país no solo para recoger basura, sino también para categorizar y evaluar los desperdicios, y a través de una aplicación móvil, enviar los datos al Ministerio para la Transición Ecológica. Así, buscan generar un compilado de información sobre dónde se encuentra cada tipo de basuraleza. “Para generar conocimiento científico sobre el problema de la basuraleza es necesario recopilar un gran volumen de datos aplicando una metodología compleja. Gracias a la tecnología actual, con una simple app podemos llevar la ciencia a la ciudadanía y formar un ejército de voluntarios que en sus salidas a estos espacios naturales localicen y caractericen los residuos”, declaró a La Vanguardia Miguel Muñoz, coordinador de la iniciativa por parte de SEO/Birdlife.

El proyecto Libera denomina a esta iniciativa “1m2 por el campo, los bosques y el monte” y llama a crear un “equipo de ciencia ciudadana” que ayude a entender las causas del problema. Pero solo hay que echar un vistazo a su web para entender que, para SEO/Birdlife y Ecoembes, la acumulación de residuos en el entorno natural tiene un único responsable: el mal ciudadano. “Si hay una forma de concienciar desde la participación es animando a la gente a salir al campo y limpiar lo que nadie debía haber ensuciado”, aseguran. “De nada sirve el conocimiento si la ciudadanía no comprende el valor de mantener limpios los entornos naturales”, añaden.

La cuestión es que, para otras organizaciones ecologistas y otros expertos, el problema de España con los residuos tiene mucho que ver con un modelo de gestión caduco que representa y defiende Ecoembes, que a través de iniciativas como ésta, desvía el tiro. El país ha incumplido sus objetivos de reciclaje para 2020 y está muy lejos de la utopía de la economía circular: miles de toneladas de residuos son acumuladas en vertederos o apiladas en bloques de “materia prima secundaria” que se exporta a otros países. Ecoembes es la plataforma en la que se organizan las empresas que ponen envases en el mercado: gigantes de la alimentación, supermercados o las propias envasadoras. Están obligadas por la ley a hacerse cargo de la gestión del tetrabrik o la lata que comercializan: bien a título individual o bien aliándose. La organización sin ánimo de lucro recibe así dinero por cada envase que se vende, lo que le deja cada año con un importante superávit que invierte en campañas de concienciación como éstas, cátedras universitarias o financiación a las secciones verdes de los medios para que difundan su mensaje.

“En algún caso nos pasó, que nos fiamos de la campaña y fuimos a limpiar un par de veces. Cuando ya nos enteramos de lo que era, no hemos vuelto. Es greenwashing. La limpieza es testimonial“, asegura el responsable de Residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas. El ambientólogo Alberto Vizcaíno es uno de los mayores críticos del proyecto Libera. “Se presenta como la primera movilización ciudadana para liberar nuestra naturaleza de basura. Y aquí empieza el engaño. No es la primera iniciativa llevada a cabo para retirar residuos del medio natural en España y no es una propuesta ciudadana: es una apuesta desesperada de una empresa envuelta en una crisis de comunicación corporativa para vincular su imagen a una organización conservacionista que necesita una fuente de ingresos con los que mantener su estructura”, critica en su libro Contenedor Amarillo S.A. 

Para Vizcaíno, y según relata en su obra, hay varios elementos que no funcionan en el proyecto Libera. En primer lugar, el ambientólogo critica que, gracias al vínculo con una asociación ecologista, se utilicen voluntarios (que, obviamente, no cobran) por una labor incluida en el objeto social de Ecoembes: “El diseño y organización de sistemas encaminados a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases y embalajes, para su posterior tratamiento y valorización”. “¿Puede una empresa privada realizar su actividad con voluntarios?”, se pregunta. Además, asegura que “se crea una sensación de conservación de la naturaleza que no es real”, dado que los participantes solo recogen basura de una pequeña parte del territorio, y que no ataca el verdadero problema: el abuso de los envases de usar y tirar. Para mantener su negocio, Ecoembes necesita que se sigan consumiendo este tipo de productos, no que se reduzca su uso: por lo tanto, no va a protagonizar una campaña que apueste por las “cantimploras y tarteras”, como defiende Vizcaíno.

Directivas ambiguas y una ley incompleta

Asegura el experto que las directivas europeas obligan a Ecoembes a hacerse cargo de las basuras dispersas. Pero solo en parte. En cuanto a legislación europea, dos normativas dictan el camino: por un lado, la 2018/851, que tendría que haberse traspuesto al ordenamiento jurídico español en julio de ste año y que aún no se ha hecho. Habla de los residuos en general y establece que las organizaciones como Ecoembes, bajo el régimen llamado “de responsabilidad ampliada del productor”, deben “aceptar la devolución de productos reutilizables y la entrega de los residuos generados tras el uso del producto”, así como “asumir la subsiguiente gestión de los residuos y la responsabilidad financiera de estas actividades”. Las fuentes consultadas no están seguras de si este artículo obligaría a la organización a prescindir de voluntarios y a utilizar personas contratadas para retirar la basuraleza.

Sí lo deja más claro la directiva sobre plásticos de un solo uso, que representa solo una parte de lo que gestiona Ecoembes: pajitas, bolsas de plástico, cubiertos desechables… y de los que la Unión Europea quiere prescindir totalmente a medio plazo. Los Estados miembros, determina la norma, deben introducir regímenes “para sufragar los gastos necesarios de la gestión de los residuos y de la limpieza de los vertidos de basura dispersa” por parte de estos productores, es decir, las empresas que se cubren bajo el paraguas de Ecoembes.

La ley de residuos, que el Gobierno confía que saldrá adelante a lo largo de 2021, es una oportunidad para apretar las tuercas a Ecoembes, consideran los ecologistas. Pero Arribas lamenta que, en el borrador que salió a participación pública, Transición Ecológica se limitó a copiar y pegar la directiva, sin definir si tanto esta organización como otras similares –Ecovidrio, por ejemplo– deben pagar por los costes totales de la limpieza de los entornos naturales, sin usar voluntarios. “No han desarrollado esos artículos. y en nuestras alegaciones dijimos que por favor lo hiciera. Las directivas no se pueden interpretar, tienen que ser muy claras”, asegura el activista.

El gran enemigo de Ecoembes: el SDDR

La normativa que está preparando el Gobierno también es muy ambigua en cuanto a lo que los ecologistas consideran la principal alternativa para mejorar la gestión de los envases y reducir la basura dispersa: el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), en pleno funcionamiento en varios países europeos. El productor cobra de más por cada envase al consumidor, que una vez termina de usarlo, devuelve la lata o el tetrabrik en máquinas habilitadas a tal efecto en supermercados y otros espacios: recibiendo de vuelta el importe que pagó. El sistema cuenta con varias ventajas: se incentiva la economía circular, ya que los ciudadanos pierden dinero si no devuelven los envases, y se reutilizan botellas y otros recipientes, en vez de mandarlos a una planta recicladora que produce una materia prima secundaria que puede ser de buena calidad… o no serlo.

El borrador de la ley de residuos, sin embargo, no apuesta claramente por el SDDR. Los productores, afirma el texto, “podrán ser obligados” (o no) a “establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento”. “Pensamos que es una deficiencia”, afirma Arribas. “El Ministerio nos contesta que tiene voluntad de implantarlo mediante un decreto ley, pero nadie se cree esta historia. Si hubiera una voluntad real lo debería haber incorporado en el proyecto“, critica.

A Ecoembes no le gusta el SDDR. Impactaría directamente en la línea de flotación de su negocio. Por eso recurrieron un proyecto de ley en Baleares que buscaba implantarlo y se opuso a las mismas intenciones de Comunitat Valenciana, que al final lo desechó. Han llegado a argumentar que es “ilegal”, que solo afectaría a una parte mínima de los residuos y que supondría costes inasumibles. Muchas veces en base a estudios falseados, argumenta Vizcaíno. Así lo explicó en una entrevista con infoLibre: “Parten de datos absurdos y falsean las conclusiones burdamente, con sumas que están mal hechas. No hace falta ser muy ducho en la materia para darse cuenta de que se suman cantidades que no dan el resultado. Son estudios torticeros, directamente. Se han hecho estudios más sofisticados donde el engaño persiste, con herramientas más complejas como la huella ecológica, para que sea muy difícil cuestionar la conclusión que se obtiene. Ecoembes está posicionando a grupos de investigación y universidades para que generen una documentación que dificulta el estudio de soluciones independientes al contenedor amarillo”.

A cambio, Ecoembes está impulsando en diversos municipios de la geografía española un Sistema de Devolución y Recompensa (SDR), llamado Reciclos, que no implica una reutilización de los envases: solo una pequeña bonificación al usuario que, mediante el uso de una app móvil y de códigos escaneables, puede obtener rebajas o descuentos en determinados servicios si registra los recipientes que deja en el contenedor amarillo. “El sistema que cambiará nuestra forma de ser ecológicos”, titulan las secciones de branded content, publicidad camuflada, de diversos medios. Para los ecologistas, esto no es una alternativa seria, ni mucho menos equiparable al SDDR, y prevén su fracaso. “Te van a dar, como mucho un céntimo por envase depositado, que se aplicarán en rebajas en títulos de transporte público, no más”, critica Arribas. “Creo que la gente va a pasar de ello, pero va a servir para lavarle la cara a Ecoembes y luego echarle la culpa a la gente“. “Es su táctica”, defiende: apostar por soluciones parciales y lamentar la irresponsabilidad de los ciudadanos para enmascarar las deficiencias.

El SDDR, aseguran sus defensores, limitaría la presencia de basuras dispersas en la naturaleza por el simple hecho de que tirar envases es perder dinero, y recogerlos implica ganarlo. Se avanzaría a una reutilización de estos recipientes, una labor prioritaria, según la ley comunitaria, por encima del reciclaje. Pero Ecoembes se opone y, sin embargo, impulsa la recogida de basuraleza para ayudar en puntos muy concretos y, de paso, mejorar su imagen. Y no hay visos en el horizonte de que lo público vaya a limitar su actividad y su influencia.