La agricultura y la ganadería española han sacado los tractores a la calle para concienciar a la Administración y al conjunto de la sociedad del momento crítico que atraviesa y que cuestiona su propia supervivencia. Precios bajos en origen, pérdida de renta, menos recursos de la Política Agrícola Común, el Brexit, el castigo arancelario de EEUU y una cadena alimentaria desequilibrada les han llevado al borde de la extinción.

El sector agroalimentario en España tiene un gran valor estratégico para la economía nacional, aporta casi el 11% del PIB, da empleo a más de 2,7 millones de personas y sitúa a España como octava potencia agroalimentaria del mundo y la cuarta de la Unión Europea, con una facturación de 100.000 millones de euros anuales, de los que más de la mitad proceden de exportaciones.

A esta importancia económica hay que sumar la función social y ambiental que desempeña, en tanto que pilar del crecimiento económico y el desarrollo y progreso del medio rural español, del que depende el reto demográfico que España tiene por delante.

El 2019, “anus horribilis” para el campo

Sin embargo, esta importancia no se traduce en fortaleza. El agroalimentario español es un sector vulnerable que estas últimas semanas ha salido a la calle para gritar su agonía ante la tormenta perfecta que amenaza su supervivencia.

Entre los factores que afectan al campo español, muchos de los cuales vienen de antiguo, están los siguientes:

• Precios medios en origen para las producciones agrícolas y ganaderas en niveles de hace 30 años que no cubren los costes de producción, un diferencial que multiplica por tres y por cuatro los precios en origen y punto de venta de productos agrícolas y ganadero
• La reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el próximo septenio (2021-2027) que podría cerrarse con una disminución presupuestaria en torno al 15% y un traspaso de fondos del primer pilar (pagos directos) al segundo (desarrollo rural y greening).
• La salida del Reino Unido del mercado único, un rico mercado para las producciones españolas y el clima, que con sequías y lluvias torrenciales, ha hecho de 2019 uno de los años más negativos que recuerda el sector agroalimentario, con una pérdida de renta agraria cercana al 9%.
• Una segunda subida consecutiva del salario mínimo interprofesional que eleva los costes laborales un 45% en dos años; la política comercial de la Unión Europea, que abre el mercado a producciones más baratas porque no cumplen el estándar socioambiental comunitario y la guerra comercial con Estados Unidos que penaliza las producciones españolas con aranceles han llevado al sector al borde del abismo.

Esta situación ha motivado a las organizaciones representativas de los agricultores y ganaderos, Asaja, COAG y UPA, a sacar los tractores a las calles de toda España para concienciar a la sociedad y al Gobierno de la necesidad de buscar soluciones que garanticen el mantenimiento del sector primario.

Podríamos pensar que esta situación es coyuntural pero hace ya siete años, cuando se aprobó en España la Ley de la Cadena Alimentaria, una legislación pionera que pretendía garantizar esos precios dignos a los productores dotando de transparencia al proceso de formación de los precios, en su preámbulo ya citaba:

“La volatilidad de los precios percibidos por los productores, el alto coste de los insumos y la inestabilidad de los mercados internacionales, son factores coyunturales que han mermado la competitividad y rentabilidad del sector agroalimentario.

Un análisis de la situación actual de la cadena de valor evidencia la existencia de claras asimetrías en el poder de negociación que pueden derivar, y en ocasiones derivan, en una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales y con prácticas contrarias a la competencia que distorsionan el mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector agroalimentario”.

Estamos pues ante un problema estructural del agro español agravado por el resto de la coyuntura actual.

¿Cuestan los alimentos lo que valen?

El sector productor agrario se ve afectado por un alto nivel de atomización, en el que mayoritariamente se integran empresas de pequeña dimensión.

En España hay 750.000 agricultores y ganaderos, cifra muy superior, a la de Francia o Alemania.

La estructura de las explotaciones en España tiene un tamaño relativamente pequeño y fundamentalmente familiar, el 51% tienen menos de cinco hectáreas y sólo un 11% tienen más de 50 hectáreas.

La superficie media se sitúa en 25 hectáreas por explotación, cifra bastante inferior a las 90 hectáreas que de media tienen en Reino Unido o las 62 hectáreas de Francia, según el informe El futuro del sector agrícola español elaborado por la consultora PWC.

Esta atomización en la producción y la gran variedad de producciones dificultan la concentración de la oferta y confiere al sector productor una debilidad añadida que lo convierte en el sector más vulnerable de la cadena alimentaria y que menos valor conserva a lo largo del proceso de formación de los precios, según apunta para El Ágora Javier Santacruz, consultor y analista financiero.

Los agricultores y ganaderos no son el primer eslabón de la cadena alimentaria, el primero es el de los insumos, semillas, fertilizantes, combustible, energía, agua,….. un sector caracterizado por la alta concentración empresarial de la oferta en “pocas y poderosas empresas” donde no hay gran competencia ni diferencial en los precios, apunta Santacruz.

Este potente primer eslabón unido a los condicionantes que impone el modelo de producción europeo genera unos costes que no absorbe el mercado por sí mismo y que, pese a estar subvencionados por la PAC, en algunos subsectores, no se ve retribuido en su totalidad, añade el experto economista.

Desde el campo a la mesa aún quedan potentes eslabones que aportan valor al producto, y antes de llegar al punto de venta pasa por distintos agentes.

La industria agroalimentaria está integrada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, junto con grandes grupos industriales españoles e internacionales.

La distribución

El sector de la distribución alimentaria se encuentra dividido en dos tipos de canales de venta.
El canal de venta organizado que está muy concentrado en empresas con superficies de venta de mediano y gran tamaño que ofertan una amplia gama de productos que, normalmente, pertenecen a grandes grupos de distribución minorista que concentran la demanda de los distintos puntos de venta, lo que les confiere un gran poder de negociación frente a los proveedores.

El otro canal de venta es el del comercio especializado, formado por empresas con superficies de venta al público de reducido tamaño de tipo familiar, ubicadas en mercados municipales, galerías comerciales o instalaciones de venta propias.

Esta heterogeneidad ha condicionado sin duda el funcionamiento y las relaciones de los agentes que operan a lo largo de la cadena alimentaria, evidenciando deficiencias que se han visto agravadas en el contexto de la coyuntura económica actual.

Refiriéndose a este tema y específicamente a la formación de precios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez dijo que “es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos que introducir mucha más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo está viendo desgraciadamente cómo los precios bajan y bajan y esto es algo absolutamente inaceptable para este Gobierno”.

Al igual que el presidente Sánchez, las organizaciones agrarias ponen el foco en el poder de las grandes cadenas de distribución y reclaman una ley de precios justos.

“Este es un negocio con muy poco margen en toda la cadena alimentaria. El beneficio se consigue por volumen y hay unas cuantas grandes cadenas que tienen centrales de compra con las que adquieren productos para sus establecimientos en toda Europa”, explican desde COAG.

La distribución se defiende e insiste en que a los precios “también les influye el clima, las decisiones geopoliticas y arancelarias, la política comercial europea, los estándares de calidad que exige la UE o la atomización de la oferta, a lo que hay que sumarle el coste del agricultor, como los salarios o la energía que gasten”, asegura el portavoz de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, que cuenta entre sus asociados con Mercadona, Dia, Coviran, Alimerka o Ahorramas, entre otros, Felipe Medina.

No es viable una “ley de precios mínimos” para el campo, “sería ilegal, según el propio tratado de la UE y el consumidor no puede asumir la subida de los precios en origen”, asegura.

Insiste además en que el 52% de la producción agraria española se destina directamente a la exportación. El resto de la producción agrícola se destina casi a partes iguales a la industria transformadora, el comercio interior o la restauración y los bares.

Por ejemplo, “el sector hortofrotícula en España exporta el 80% de sus productos y, del 20% que queda, se distribuye entre fruterías independientes, hostelería, cadenas intermedias, supermercados. Si nosotros les compramos el 8%, ¿cómo vamos a ser los culpables de su problema?”, cuestiona Medina.

El sector de la distribución maneja márgenes de entre el 1% y 2%, pero la reclamación de los productores requiere de soluciones conjuntas de todos los eslabones “no queremos perjudicar el valor del producto ni a los productores, que son los que garantizan el suministro y además son nuestros clientes”.

Está claro que el último eslabón, los consumidores deben ser partícipes de la solución del problema. No encontrar una solución supone dar por extinguido al sector que nos alimenta y nos proporciona calidad y seguridad alimentaria en unas condiciones sociolaborales y ambientales de excelencia.

Hablamos de soberanía alimentaria, de reto demográfico y de la apuesta estratégica por un sector que vale más de lo que cuesta.