La Unión Europea impone a los Estados miembros una tasa de reciclaje del 50% para 2020 y España está muy lejos de alcanzarla. Trasponer las directivas de Bruselas, abordar la revalorización de la materia orgánica o apostar por el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, entre las prioridades

España tiene un problema con la gestión de los residuos: lo sabe el Gobierno, lo sabe Bruselas y lo dicen los datos. Azuzado por ello, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció el pasado lunes que el Ejecutivo está preparando una nueva ley de residuos, cuyo borrador se publicará «pronto» y cuyo contenido no quiso adelantar, más allá de la promesa de que apostarán por el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para los envases: mediante este modelo, los consumidores pagan unos céntimos de más por cada envase que les son reembolsados cuando lo devuelven, una vez utilizado. Pero esa posible modificación –y la polémica que conlleva– es solo la punta del iceberg de una gestión que hace aguas por muchos puntos: el oscurantismo con respecto a la gestión de Ecoembes, las materias primas secundarias que van a parar a las antípodas, los vertederos legales y los ilegales, un objetivo para 2020 imposible de alcanzar y un montón de directivas que transponer apiladas en el escritorio de la vicepresidenta Ribera.

Las cifras de la gestión de residuos de España son numerosas, complejas y en ocasiones contradictorias. La primera: 50% es el objetivo que impone la Unión Europea a todos los Estados miembro en cuanto a la recuperación (no solo reciclaje) de sus residuos urbanos, es decir, los que se generan en sus núcleos urbanos o en sus zonas de influencia y que no comprende los industriales. Aquí terminan los datos ausentes de polémica. La segunda cifra: 33%, que es el porcentaje residuos urbanos que España recicla, según los últimos datos de la Vicepresidencia para la Transición Ecológica. Dentro de ese 33% hay grandes disparidades con respecto al tipo de material: los envases, según los datos de Ecoembes, son reciclados en más de un 70%, pero la organización no justifica de dónde sale esa cifra y los cálculos de Greenpeace lo limitan hasta un paupérrimo 38%.

Ecoembes, la empresa sin ánimo de lucro que gestiona el reciclado de envases plásticos en España, carga contra el dato del 33% en global que España declara porque, aseguran, no cuenta con los envases que son mandados a reciclar por los comercios y no pasan por la mano de los municipios. Ecologistas en Acción, por otro lado, señala que los datos contienen una trampa grosera. La materia orgánica que se desecha, si es de calidad y está separada correctamente (con el uso de un cuarto contenedor), se puede convertir en compost para los cultivos. Si está mezclada con plásticos o metales se convierte en lo que se conoce como material bioestabilizado, que no debería utilizarse en el campo por el riesgo de contaminación, y que según la organización acaba mayoritariamente en el vertedero pero se contabiliza como materia prima secundaria en vez de como desecho. «La Comisión Europea dice que eso no se puede contabilizar. Si lo aplicáramos, las tasas de reciclado bajarían en el orden del 8 al 10%«, explica Carlos Arribas, responsable de Residuos de la ONG.

En todo caso, la realidad muestra que España tiene mucho que hacer en materia de residuos. Lo prioritario es reducir la brecha entre el 33% que tenemos ahora en materia de reciclaje y el 50% que exige la Unión Europea para 2020, y cuyo más que probable incumplimiento expone al país a sanciones por parte de la Comisión Europea. La meta aparece en una de las muchas directivas sobre residuos que el país debe trasponer antes de 2021, una labor que las organizaciones relacionadas estiman que se hará con la nueva ley que anunció el lunes Hugo Morán. La lista es larga. En junio de 2018, el Ejecutivo comunitario publicó tres directivas dentro de su paquete de economía circular: una sobre residuos, otra sobre envases y una tercera sobre vertidos. A esas tres normativas se le añade la directiva de junio de 2019 sobre «la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente», con objetivos concretos para plásticos de un solo uso.

En lo relativo a esta última, la Unión Europea prohíbe utensilios como vasos, platos de plástico o bastoncillos para 2021 y España deberá recoger el veto en su propia legislación. Pero hay más. El texto atribuye a los productores de este tipo de plásticos «los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por dichos productos y su transporte y tratamiento». En opinión del ambientólogo y experto en gestión de residuos Alberto Vizcaíno, se abre una puerta interesante: «Lo ágil sería incluir el requisito en la ley dejando la puerta abierta a que todos los productores se hagan cargo de estos costes, ya que basura dispersa hay de plástico, pero también de otros materiales de envases, colchones y electrodomésticos». Opina que sería positivo que tanto los fabricantes como los distribuidores pagaran tasas por la recogida de estos desechos a los ayuntamientos, y así se aliviaría la carga impositiva a los ciudadanos a través de la tasa de basuras.

Con respecto al paquete de economía circular, la «madre del cordero», como la define Vizcaíno, es la directiva de residuos, que según el ambientólogo podría introducir claridad y criterios comunes sobre qué es residuo, qué no lo es, qué se considera materia prima secundaria, qué es únicamente un desecho que no sirve para ganar puntos… Por su parte, la directiva sobre envases pone el foco en la prevención para evitar la basura en los entornos naturales, uno de los principales problemas del sobreuso de este material. Y ambos textos defienden el SDDR como una posible solución que ayudaría a los Estados miembro a mejorar sus tasas de reciclaje.

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno funciona desde hace años en Estados miembro como Alemania o Países Bajos, que en supermercados y otros lugares coloca máquinas que devuelven al consumidor unos céntimos con la devolución de cada envase. El sistema incentiva el reciclaje porque cada pieza no devuelta es una pérdida de dinero para el comprador. El Gobierno ya ha confirmado que apostará por el SDDR en la nueva ley de residuos, aunque aún no se conoce en qué medida. Ecoembes se opone tajantemente, y utiliza sus campañas de comunicación y las secciones en periódicos que financia para divulgar sus argumentos en contra. Es entendible: la implantación de ese modelo a gran escala sería el fin del Sistema Integrado de Gestión, por el cual los productores de envases pagan por cada uno puesto en el mercado una tasa a Ecoembes y ésta financia los servicios de recogida de basuras de los Ayuntamientos.

«Aplicar la jerarquía que se consagra en la directiva de residuos es aplicar la prevención y la preparación para la reutilización como pasos prioritarios», por lo que tendría sentido que una trasposición de la normativa en la nueva ley de residuos apostara con fuerza por el SDDR, opina Vizcaíno. El ambientólogo ve mucha relación entre la normativa que está preparando el Ejecutivo y las protestas de los agricultores que se están haciendo oír estos días: «Aplicar la prevención en el día a día tiene que ver con los agricultores que están en la calle. El sistema industrial de producción prefiere sobreproducir para bajar los precios. Hay que enfocar nuestro campo, nuestra España vaciada, para que la agricultura no genere productos industriales». Es decir: ecológica y extensiva, en vez de intensiva. Un sector primario que remunere justamente y cuyo impacto ambiental descienda. Porque como pasa en otras muchas materias ambientales, para lograr un cambio real hace falta poco menos que una revolución en muchas dinámicas de base.

Por su parte, Arribas, de Ecologistas en Acción, coloca como prioridad en su particular lista de deseos para la nueva ley de residuos que se aborde la recogida selectiva de materia orgánica. El llamado «cuarto contenedor», exclusivo para albergar restos de comida, bebida o restos de poda, por ejemplo, se ha implantado en algunas ciudades o pueblos, pero por iniciativa de los Ayuntamientos –como el de Madrid–, sin seguir una estrategia o una imposición nacional. «Eso desatasca muchos procedimientos y mejoraría los indicadores de la calidad y cantidad de los residuos que se tratan. La materia orgánica se separa de forma deficiente, se trata de manera deficiente, y acaba mayoritariamente en el vertedero», asegura. Además, el SDDR le parece «una acción urgente para detener el abandono de basura en el medio natural».

Fuentes de Ecoembes, en conversación con infoLibre, no han querido avanzar cuál será su posición en el diálogo con el Gobierno para la elaboración de la nueva ley. Aseguran que aún no saben nada y que lo único que conocen de la norma es lo que dijo el secretario de Estado el lunes, por lo que esperarán para elaborar su estrategia.

Este lunes se celebra una nueva sesión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que reúne a la Vicepresidencia para la Transición Ecológica con las principales organizaciones medioambientales, así como con las empresas, los sindicatos y las asociaciones agrarias. Uno de los puntos del orden del día es el relativo a la nueva ley, pero los participantes no han recibido del gabinete de Ribera ninguna documentación adicional que les permita evaluar cuáles son las intenciones del Ejecutivo. Así que habrá que esperar para saber hasta dónde quiere llegar el Gobierno para paliar el problema con los residuos en España.