El informe de Justicia Alimentaria “El poder en la sombra. Apuntes sobre el lobby cárnico” desenmascara la forma de actuar de esta industria para anteponer sus intereses a los de salud pública.

La alimentación insana y sus enfermedades asociadas representan, hoy en día, un enorme problema de salud en el Estado español. En las últimas décadas nuestro patrón alimentario se ha deteriorado, y actualmente la alimentación insana es el factor que explica buena parte de las principales enfermedades y muertes en nuestro país, como son las derivadas de las dolencias cardiovasculares, la diabetes o algunos cánceres. Así, por cada día de salud que perdemos a causa del tabaco, perdemos 5 a causa de la alimentación insana y por cada día perdido a causa del alcohol, perdemos 9 por alimentación insana. La magnitud de la tragedia se visualiza también en el coste monetario directo que tiene el tratamiento de las enfermedades asociadas a la alimentación insana: uno de cada cinco euros del presupuesto de sanidad en nuestro país se dedica a tratar los efectos en la salud de la alimentación insana.

Bien, pues dentro de la categoría «riesgo alimentario», el más importante es el cárnico, por el exceso de consumo de carnes procesadas y rojas. En concreto, el 60% de toda la salud perdida por culpa de una alimentación insana se puede atribuir al consumo excesivo de carnes, así observamos que el 28-38% de las enfermedades isquémicas y cardiovasculares pueden atribuirse al consumo excesivo de carne. Lo mismo para el 17 % de la hipertensión, el 18% de la diabetes o el 28% de los cánceres colorrectales.

Los datos sobre consumo son arrolladores: se come mucha carne. En concreto, se come seis veces más carne de la necesaria, pero, además, se come diez veces más carne roja de la recomendada y ocho veces más de la procesada. Con respecto a la población infantil del Estado, come entre 3,5 y 4 veces más carne que el máximo recomendado; 3,5 veces más carne roja y entre el doble y el triple de procesada, con las consecuencias de salud que esto implica para la población infantil y adulta.

Lo curioso del tratamiento político de este riesgo sanitario, y que lo diferencia de otros como del tabaco y del alcohol, es la total ausencia de políticas públicas que afronten el problema de manera real y directa en la dirección de disminuir su consumo.

El misterio es cómo se ha logrado que hasta la fecha el exceso de consumo de carne no se haya percibido socialmente como algo que puede afectar negativamente a nuestra salud y aunque a nivel académico ya está claro que las carnes rojas y las procesadas se sitúan en el mismo nivel que productos como los refrescos.

Y el truco no es otro que el enorme poder que detenta la industria cárnica, y en concreto en el Estado español. Este poder es inmenso lo que significa que los intereses que están en juego son proporcionales a su magnitud. El Estado español es el tercer país del mundo productor de porcino (solamente por detrás de China y Estados Unidos) y dentro de la Unión Europea, desde 2015 supera a Alemania. Ahora bien, existe una diferencia muy significativa entre ambos: Alemania lleva años bajando su censo, mientras que en el Estado aumenta. Alemania se está planteando medidas para paliar la situación (con impuestos cárnicos, por ejemplo), mientras que en el Estado español se favorece a la industria todo lo que se puede a través de ayudas públicas y legislación blanda.

Empiezan a surgir regulaciones sobre la presencia de alimentos procesados en las escuelas; algunos países han decretado un nuevo etiquetado nutricional más simple y eficaz que el que impuso la industria alimentaria en 2011 en la Unión Europea; los hay que han empezado a regular la publicidad de alimentos insanos dirigida a la población infantil y también, en algún caso, se están empezando a implementar políticas fiscales contra algunos de estos alimentos. Medidas de este tipo no son nuevas, empezaron a desarrollarse hace ya más de cincuenta años, cuando comenzaron a conocerse los peligros del tabaco. La sociedad puede ejercer presión para que exista un paquete coherente y eficaz de políticas públicas que protejan la salud de la población. Sin embargo, todo esto podría tener un impacto considerable en la industria, ya que bajarían sus ventas y provocaría cambios directos en su forma de hacer negocios. No hay que olvidar que el principal interés de las corporaciones privadas es incrementar sus beneficios económicos para rentabilizar la inversión de sus accionistas, ante los que tienen que responder, aumentando el volumen de ventas y maximizando sus márgenes de beneficio. Si el producto comercializado es dañino para la salud pública, el dilema es irresoluble: o mejoran los beneficios de la industria o mejora la salud pública, las dos cosas son incompatibles. Por tanto, el objetivo de la industria alimentaria es impedir o demorar la instauración de políticas de salud pública que afecten los intereses de las corporaciones privadas, promoviendo en su lugar cortinas de humo y mecanismos de autorregulación o medidas de carácter exclusivamente educativo.

En la investigación que desde JUSTICIA ALIMENTARIA hemos lanzado recientemente, se explica cómo trabaja el lobby de la industria para lograr impedir este tipo de políticas con el aval científico y el aval de las Administraciones públicas a través de sus discursos, sus propuestas y sus productos; explica cómo bloquea las propuestas que inciden en las causas reales de la alimentación insana y se sustituyen por otras propias que actúan como cortina de humo pero no son efectivas; y finalmente, el informe detalla cómo el lobby busca unir su imagen a la salud y emitir el mensaje de que es un actor que se esfuerza al máximo para conseguir una alimentación sana, y por ello busca unir su imagen a la de instituciones de salud y actos deportivos, generar acuerdos voluntarios, sumarse a campañas sin efecto real, etc. También, a través de estudios científicos financiados por la propia industria, se pone en duda la relación causa-efecto del consumo excesivo de carne y las enfermedades, concluyendo cosas como que «la carne es un alimento saludable y necesario para llevar una vida saludable». O se utiliza otra táctica como la de atacar a la ciencia independiente y ofrecer la ciencia amiga de la industria que genera dudas a la sociedad, con frases del estilo: «no hay evidencia científica entre el consumo excesivo de carne y la enfermedad». En la afirmación «la alimentación insana es un problema individual, de mala elección en la compra o en la comida», en ningún caso se señalan los aspectos socioeconómicos y estructurales que influyen en la dieta de las personas ni la falta de información objetiva a la que se enfrenta el consumidor o consumidora a la hora de comprar alimentos. Y otra idea importante que utiliza es que en ningún momento se otorga responsabilidad alguna a la publicidad o el marketing en los problemas de salud o el consumo de alimentos malsanos, sino que se culpabiliza a las familias al definirlas como «las principales responsables de la obesidad infantil».

Esa ausencia de regulación tiene diversos motivos, pero uno de ellos se encuentra, sin duda, en la falta de control y transparencia de los conflictos de intereses que la industria alimentaria tiene con actores clave tanto en la toma de decisiones política como en la generación de una narrativa y discurso social (en este segundo caso nos estamos refiriendo a instituciones y asociaciones que trabajan en el ámbito de la salud, patrocinios de cátedras universitarias, la creación de centros de estudio vinculados a la administración, investigaciones científicas sesgadas, la colocación de gente afín en puestos clave, las visitas a profesionales de la salud, los convenios de colaboración con medios de comunicación y la creación de campañas conjuntas con las administraciones, la financiación de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, contraprestaciones económicas para recibir avales de sociedades científicas y de la salud para sus productos y un largo etcétera). La industria alimentaria ha conseguido influir y sesgar, de manera opaca y confusa, a prácticamente todos los actores clave en materia de salud alimentaria, generando una distorsión inaceptable de los discursos y normativas que están vulnerando, entre otros, los derechos básicos de las personas consumidoras recogidos en la Constitución española y desarrollados en diversas normas, entre ellas, el Real Decreto Legislativo 1/2007.

La falta de regulación eficaz de estos conflictos de intereses, es por tanto, un incumplimiento del mandato constitucional y una vulneración de aspectos trascendentales de los derechos a la salud, a una alimentación adecuada y de consumo.

Por esta razón, esta semana Justicia Alimentaria, junto con las organizaciones con  las que conformamos la Alianza por la Salud Alimentaria, (SESPAS, CEAPA, CECU, Amigos de la Tierra, y Medicus Mundi) hemos lanzado una carta dirigida al Ministerio de Sanidad y al de Consumo demandando que de una vez se regule sobre los conflictos de interés, con elementos tan básicos como  la creación de un cuerpo normativo público que permita detectar, evitar, minimizar y eliminar el impacto de los conflictos de intereses en toda organización, administración o persona física que tenga un papel significativo en el ámbito de la salud, ya sea en el ámbito de la regulación pública, la investigación, la formación, la divulgación o la representatividad de colectivos médicos, nutricionistas o dietéticos.

A mucha gente le parecerá increíble que algo tan de sentido común no estuviera regulado, pero en eso estamos, defendiendo lo obvio.