La construcción de plantas incineradoras de conversión de residuos en energía es una opción cada vez más expandida en una Unión Europea que busca minimizar el papel de los vertederos y aumentar la producción energética, aunque hay voces que piden repensar el modelo para que no dañe el reciclaje
A primera vista, quemar basura no parece una muy buena idea. Al fin y al cabo, nuestros desechos están llenos de toxinas y sustancias contaminantes que, al arder, causan ese característico humo negro asociado a los plásticos y otros materiales no degradables. Sin embargo, si se realiza este proceso de manera controlada y con la intención de obtener energía, las incineradoras de residuos es una opción que, además de permitir una reconversión de la basura en algo de valor como calor o electricidad, es mucho menos dañina a nivel ambiental que los vertederos. La estrategia es por tanto aconsejable para países como España, donde la proporción del total de los residuos que acaban en vertederos es de las más altas de Europa, pero también conoce límites si se quiere llegar a un modelo circular.
El objetivo principal de quemar residuos es claro: transformar desechos urbanos no reciclables en energía eléctrica, vapor o agua caliente, en un proceso que se conoce como valorización energética. En España existen un total de 11 plantas de este tipo, que en 2019 trataron 2.504.443 toneladas de residuos no reciclables y produjeron 1.762.585 MWh de energía, suficiente para abastecer a aproximadamente medio millón viviendas.
Esta cifra palidece sin embargo en comparación con Europa, donde entre 1995 y 2019 se ha duplicado la incineración de residuos municipales hasta llegar a las 60 millones de toneladas anuales, con plantas que proporcionan energía a 18 millones de europeos y calor a otros 15 millones. De hecho, en países como Dinamarca o Suecia el volumen de residuos incinerados es tal que apenas alcanzan cotas de vertido del 3%, aunque en este logro también tienen bastante que ver las altas tasas de reciclaje de las naciones nórdicas.
Los partidarios de quemar residuos como solución apuntan incluso que esta técnica y el reciclaje son eslabones de la misma cadena de economía circular. Según afirma Rafael Guinea, presidente de la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (Aeversu), en una tribuna reciente, “debemos entender la valorización energética como una parte esencial de la economía circular”, ya que, sin ella, “no es posible completar el ciclo de recuperación de los residuos y la consiguiente transformación en recursos”.
Los límites de la incineración
Sin embargo, este proceso tiene también límites. Según un informe de la organización ambiental ClientEarth, las incineradoras europeos emitieron aproximadamente 95 millones de toneladas de CO2 en 2018, lo que supone alrededor del 2% de las emisiones totales de la UE. Una huella de carbono que ha provocado que la Comisión Europea elimine la incineración de su importante proyecto sobre pautas de inversión verde, conocido como la “taxonomía de finanzas sostenibles” y adoptado el pasado mes de abril.
Aunque la decisión de Bruselas supone sin duda un giro brusco en su política de residuos, ya que hasta hace apenas un año incluían la incineración como parte de su estrategia de economía circular, responde directamente a las dificultades que han encontrado países punteros en incineración para reducir sus emisiones. El caso por excelencia es el de Dinamarca, que aparte de estar a la cabeza en valorización energética es uno de los mayores productores de residuos de Europa. Ha construido tantos incineradores que en 2018 estaba importando un millón de toneladas de basura para hacer funcionar unas plantas que generan el 5% de la electricidad del país y una cuarta parte del calor en las redes locales, conocido como sistema de calefacción urbana.
Sin embargo, para poder lograr las ambiciosas metas de reducción de carbono que se ha fijado el país y lograr la neutralidad climática, los legisladores daneses acordaron el año pasado reducir la capacidad de incineración en un 30% en una década, con el cierre de siete incineradoras, al tiempo que buscan expandir drásticamente el reciclaje. Y no son los únicos: también dos regiones de Bélgica también están buscando fórmulas para reducir la capacidad de incineración.
En cualquier caso, aunque las plantas de valorización energética ya no puedan recibir subsidios designados para proyectos beneficiosos para el medio ambiente, excepto en el caso de los residuos quemados en plantas de cemento que aún se considerarán sostenibles, los estados miembro seguirán siendo libres de financiar y encargar nuevos incineradores. Y no solo porque estas plantas sean en cualquier caso rentables gracias a las tarifas de eliminación de desechos y la venta de electricidad, sino también porque en el Este y el Sur de Europa la cantidad de residuos que acaban en vertederos es tan alta que las incineradoras son a la vez una forma de tratar residuos y de reducir emisiones de efecto invernadero.
Un mal menor
Según un análisis de la consultora G-Advisory encargado por Aeversu, los vertederos emiten un 245% más de emisiones de gases contaminantes que la incineración de residuos, por lo que desviar parte de la basura a incineradoras en países con bajas tasas de reciclaje podría suponer una reducción de emisiones equivalente a la contaminación anual de un parque automovilístico de 3,51 millones de vehículos. Esto lleva a que, en algunos países, los operadores aún puedan reclamar subsidios diseñados para respaldar la energía renovable, siempre que quemen desechos que se hayan recolectado en flujos separados para que el material reciclable o compostable no se incinere.
El impulso a la incineración ya es un hecho en países como Grecia, Bulgaria, Polonia y Rumanía que depositan en vertederos la mayor parte de sus residuos y necesitan más capacidad de incineración para poder cumplir a tiempo con los objetivos que marca la Estrategia de Economía Circular de la UE. En Polonia, por ejemplo, donde solo hay nueve incineradoras, ya hay más de 70 nuevos proyectos buscando aprobación, incluidas propuestas para convertir viejas plantas de carbón en incineradoras de basura.
El camino está algo menos claro en España, un país que generó en 2018 un total de 22,2 millones de toneladas de residuos urbanos, de los que el 53,4% (11,8 millones de toneladas) tuvieron como destino final el vertedero. El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 18 de mayo el texto de la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que prevé la creación de dos nuevos impuestos verdes: uno sobre los envases de plástico de un solo uso y otro que grava el depósito de los residuos en los vertederos y también la incineración.
Esta tasa podría significar que la incineración de residuos no tiene demasiado futuro en España, pero el texto tiene todavía que ser tramitado y posiblemente modificado por las Cortes antes de llegar a su versión final. El gran objetivo de esta norma no es otro que es lograr que España reduzca un 15% la generación de residuos en 2030 respecto a los niveles de 2010 y aumente el reciclado de los desechos municipales hasta el 60%. Algo que exige, según asociaciones como Ecologistas en Acción “descartar la incineración” o que, por el contrario, no se puede lograr, según los operadores de plantas incineradoras, sin “ensalzar el valor y la importante función de la valorización energética”. El debate está servido.
La importancia de reducir
Independientemente de lo que los países decidan sobre la incineración, reducir los residuos también requerirá abordar su origen, presionando a los productores para que produzcan menos envases desechables y apuesten por productos más duraderos. Mejor diseño, mejor producción o más material reciclable son algunas de las transformaciones que exige la Estrategia Europea de Economía Circular para poder bajar nuestro volumen de desechos, que es incompatible con la lucha climática y la conservación de los recursos naturales.
Y es que, para lograr una ciudadanía con hábitos sostenibles en materia de residuos, el reciclaje no es suficiente y debe ir acompañado también de las otras dos “erres”, que son de hecho prioritarias: reducir y reutilizar. Por que la economía circular no es solamente una solución a un problema ambiental, sino también una parte integral de las estrategias socioeconómicas de ecoeficiencia y competitividad que implica la transición ecológica.
