La mayoría de los países llega a la cumbre del clima de Madrid sin haber actualizado sus compromisos desde París

Diversos informes apuntan a la poca ambición a la hora de que los Estados firmantes del pacto de 2015 reduzcan emisiones

Los mecanismos ideados para mejorar dichos objetivos han fracasado cumbre tras cumbre: ahora es el turno de la primera COP celebrada en España

Fuente: INFOLIBRE – Javier Martínez

La cumbre del clima de 2019 se celebrará en Madrid, tras la renuncia de Chile. El Gobierno español, en funciones, organizará en un mes lo que generalmente ocupa año y medio y la capital será la anfitriona de un encuentro clave, como lo son todos desde el de París de 2015, para evitar las peores consecuencias de un cambio climático con hechuras de crisis. Sin embargo, los datos no invitan al optimismo: no parece que vaya a haber un cambio de rumbo en la apatía con la que la mayoría de los países asumen sus compromisos de reducción de emisiones de cambio climático. Pocos de ellos han hecho los deberes antes del evento del próximo diciembre.

 

En los últimos días se han publicado varios informes que repasan los compromisos de cada país contra el cambio climático. El Acuerdo de París, firmado en 2015 y que entrará en funcionamiento en 2020, pone como límite 2 grados de aumento de las temperaturas, a ser posible 1,5º: sin embargo, las promesas de cada nación, según diversos análisis, llevan al planeta a un calentamiento de entre 3 o 4 grados. Aunque pueda parecer poco, según han explicado los científicos convocados por Naciones Unidas en diversas ocasiones, ahí está la diferencia entre un cambio climático “manejable” y un cambio climático que lleve al colapso de la sociedad occidental, provocando crisis irresolubles en materias tan diversas pero tan relacionadas como el sistema energético, el agroalimentario o los ecosistemas.

 

En la pasada COP24 de Polonia, dichos informes señalaban que los compromisos nos dirigían a un calentamiento global de 4 grados. El panorama no ha cambiado demasiado. Sin cuantificarlo en grados, pero con conclusiones similares, la nueva edición del informe From Brown to Green, realizado por la organización internacional Climate Transparency, evalúa las promesas de los países del G20, que incluye tanto a desarrollados como en vías de desarrollo e industrialización, y las conclusiones no son alentadoras. “Las emisiones de dióxido de carbono de las 20 economías más grandes del mundo están aumentando. Ninguno de los países del G20 tiene planes que los encaminen a limitar el calentamiento global a 1,5º, a pesar de que la mayoría son técnicamente capaces y tienen incentivos económicos”, aseguran los investigadores.

 

Las emisiones de los países del G20 representan nada más y nada menos que el 80% del total que se emiten, por lo que cualquier acción climática que pretenda tener un mínimo de impacto debe tenerlos en cuenta. “Se proyecta que China, la UE y sus estados miembros del G20, India, Indonesia, Rusia, Arabia Saudí y Turquía cumplan o superen sus objetivos de NDC’s [contribuciones determinadas a nivel nacional, los deberes climáticos de cada país] (…). Esto indica que los objetivos aún no son la ‘mayor ambición posible’ como lo exige el Acuerdo de París”. Es decir, que no solo los compromisos planteados son insuficientes, sino que el estudio prevé que gran parte de los miembros del grupo ni siquiera los van a cumplir.

Para llegar a esa conclusión, los investigadores analizan las emisiones de gases de efecto invernadero de cada país, la mayoría al alza durante 2018. Las relacionadas con la energía aumentaron un 1,8% en 2018, con el transporte un 1,2% y con la construcción un terrorífico 4,1%, producto de que muchos de los países incluidos están en pleno desarrollo. El 82% del mix energético de estas naciones proviene de combustibles fósiles, aunque hay grandes diferencias: mientras que Alemania, India y Brasil cuentan con estrategias limpias en este sentido, Arabia Saudí, Corea del Sur y Sudáfrica cuentan con una participación de renovables de entre el 0 y el 5%. Hay brotes verdes: el esfuerzo de China pese a su inmenso impacto, las medidas de determinados países de la Unión Europea… pero muchos de los grandes contaminadores siguen sin moverse demasiado.

Otro informe publicado esta semana, con el explícito nombre de La verdad detrás de los compromisos climáticos, abre el foco y analiza los NDC’s de los 184 firmantes del Acuerdo de París: casi el 75% son insuficientes para alcanzar los 1,5 grados de calentamiento, según los investigadores del Fondo Ecológico Universal. Solo la Unión Europea aprueba con sus objetivos, aunque otra materia bien distinta será su cumplimiento. El documento se hace eco, además, de un dato muy revelador: el 97% de las 184 promesas climáticas son las mismas que se presentaron inicialmente en 2015-2016 después de la adopción del Acuerdo de París. Solo seis países han revisado sus promesas: cuatro aumentaron su plan para reducir las emisiones, y dos debilitaron sus compromisos. Presentaron objetivos que no sirven para cumplir el pacto que firmaron justo un año antes, y en casi un lustro no los han actualizado.

El estudio, sin embargo, cuenta con una carencia de base: no tiene en cuenta la justicia climática. Equipara en los esfuerzos que deben tomar a los países más desarrollados, y más culpables de la crisis climática, a los menos desarrollados en términos de industrialización, que menos culpa tienen y cuyas prioridades son absolutamente distintas. Así, casi la totalidad del continente africano aparece en rojo en el mapa elaborado por los investigadores.
El papel de la COP25

La próxima cumbre del clima, cuya presidencia ostenta Chile pero que se celebrará en Madrid, intentará, una vez más, reducir esta brecha entre las promesas y la realidad. Según  explica Javier Andaluz, coordinador de cambio climático de Ecologistas en Acción, dicha presidencia tendrá buena parte de culpa si, como apuntan los indicios de los más pesimistas, el encuentro se cierra sin un avance tangible. El Diálogo de Talanoa, el espacio ideado en la COP23 para mejorar los objetivos climáticos de cada nación, tuvo presencia también en la COP24 y lo tendrá en la COP25, aunque descafeinado. “Las últimas noticias que tenemos es que Chile, de alguna forma, lo que propone es aplazar este diálogo de la ambición y proponer una especie de pequeño manual con la esperanza de que de alguna parte los países mejoren su NDC’s antes de la próxima COP. El problema que tenemos los ecologistas es que, si de 2015 a 2019 no han adelantado nada salvo algunos contados casos (…), nos parece difícilmente creíble que se produzca un diálogo en menos de un año para aumentar esa ambición si no se cierra nada aquí en Madrid”.

La historia de las cumbres del clima tras el hito del Acuerdo de París de 2015 es una historia de desengaños. Ha habido avances: por ejemplo, el año pasado se cerró un –descafeinado– manual técnico con las reglas, comunes para todos los países, para aplicar el pacto. Pero, como atestiguan los informes y los activistas, los esfuerzos realmente meritorios para combatir el cambio climático, los compromisos para reducir más emisiones, están estancados. Hay varios bloqueos políticos que el encuentro que se celebrará en Madrid intentará resolver. Se debe alcanzar un consenso sobre cuándo y cómo revisar los objetivos de 2015; se debe definir la continuidad de los mecanismos de desarrollo entre países, para que los ricos ayuden a la transición energética y ecológica de los más pobres; y, en este sentido, el Fondo Verde por el Clima está paralizado, explica Andaluz. “Básicamente, los que dependen de esa financiación han dicho que van a bloquear todo, a veces de manera bastante aleatoria, hasta que no se aclaren los procesos”. El Grupo de los 77, de países en vías de desarrollo, lidera esta postura.

Se ha dicho que esta es la última gran cumbre en la que se pueden mejorar significativamente los compromisos antes de la COP de 2020 en Reino Unido, ya que por entonces quedará poco para la entrada en vigor del Acuerdo de París. No es del todo cierto. Los países pueden mejorar sus objetivos siempre que quieran: pero sí que será la última COP en la que se pueda consensuar un mecanismo, dentro de dicho pacto, que les obliguen a hacerlo. La de Madrid no será la última gran cumbre, pero sí una de las últimas antes de que sea posible evitar los peores efectos del cambio climático.

330.000 personas viven en España en una zona costera inundable en los próximos 10 años

El Observatorio de la Sostenibilidad publica un nuevo informe en el que cuantifican el peligro de las inundaciones, “la catástrofe natural que más daño genera en España”

Casi la mitad de esas personas viven en la Comunitat Valenciana, la región más vulnerable por un modelo urbanístico desbocado que llevó el ladrillo a pie de playa

Fuente: INFOLIBRE – Javier Martínez

Las inundaciones son la catástrofe natural que más daños genera en España. De hecho, se estima los daños que éstas provocan cuestan unos 800 millones de euros de media al año”. A través de ese recordatorio, el Observatorio de la Sostenibilidad, junto a la escuela de negocios de seguros Cecas y el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, ha presentado este miércoles un exhaustivo trabajo sobre el riesgo de inundaciones en España en la franja de los primeros 10 kilómetros de costa, y la población en riesgo que la habita. Las conclusiones, no por esperables, pueden pasarse por alto: durante un periodo de 10 años, 330.000 personas pueden verse afectadas por crecidas de ríos, avenidas de agua y avance de la línea de costa. Todo ello en un contexto de cambio climático que agrava y hace más frecuentes estos fenómenos. Y en un país dependiente del turismo donde el deporte nacional es edificar a pie de playa.

El Observatorio, lejos de ceñirse solo a la interpretación de los datos en bruto, ofrece recomendaciones de adaptación y mitigación: entre otras, “priorizar inmediatamente la transmisión de la información a la población afectada por el riesgo para conocer cuál el riesgo exacto que se da en cada una de sus propiedades y viviendas”, la retracción de la superficie urbanizada, la revisión de los planes de urbanización, la solución a barrios con altísimo riesgo de ser anegados, la implantación de soluciones basadas en la naturaleza o la identificación de “fuentes de financiación para cubrir las necesidades derivadas de los planes de gestión del riesgo de inundación”, es decir, seguros.

Aún está reciente el recuerdo de la última DANA generada en el Mediterráneo y descargada en amplias zonas de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. Algo más lejos en el tiempo, los habitantes de Sant Llorenç (Baleares) aún tienen que lidiar con las consecuencias de la destructiva riada de octubre de 2018. Por las mismas fechas, los habitantes de Málaga, una de las provincias con más alto riesgo según el informe, sufrieron una inundación que anegó una parte considerable de la capital, y los malagueños saben que ni fue la primera ni será la última. Y en el otro extremo de la Península, en Galicia, lejos de la influencia del Mediterráneo, los temporales atlánticos son frecuentes. Y lo serán cada vez más. La influencia del cambio climático permea tanto el fenómeno como el trabajo del Observatorio: las inundaciones serán cada vez más frecuentes y cada vez más intensas en un contexto de calentamiento global. El Mediterráneo está más caliente, por lo que la gota fría se arma de munición con mucha más facilidad; el nivel del mar sube, la costa retrocede y, en caso de temporal, el agua avanza mucho más; y al otro lado del país, los huracanes del Atlántico, que habitualmente llegaban a las costas españolas muy debilitados, se envalentonan con un océano también recalentado. 

No se trata de episodios aislados: se trata de una tendencia al alza que es necesario mitigar en la medida de lo posible, con recortes serios en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también es vital la adaptación: evitar que, cuando pase, el agua se lleve todo lo que encuentra a su paso. El agua no entiende de caminos, de señales o de muros: busca siempre el camino más corto hacia el mar y arrasa lo que se ponga por medio. En ese sentido, el Observatorio de la Sostenibilidad ha cifrado en 330.000 las personas que pueden verse afectadas en zonas costeras por al menos una inundación grave en un plazo de 10 años. Es decir, que en dicho periodo es muy probable que un evento catastrófico afecte a dichas personas. Como es lógico, cuando se aumenta el periodo, suben los afectados: en total, contando toda la costa española, el Observatorio cuantifica 677.960 personas en 100 años y 977.208 en 500 años. 

Con mucha diferencia, la provincia más afectada por las inundaciones, si no se pone un remedio urgente y ambicioso, es Valencia. Y la región más vulnerable, la Comunitat Valenciana. Y no es solo por su posición geográfica, cercana a un Mediterráneo cada vez más revuelto. “En la llamada costa cálida, la mayor parte de las áreas artificiales en riesgo de inundación son consecuencia de la construcción impulsada por el sector turístico inmobiliario, ocupando amplias extensiones cercanas a la línea de costa, que en muchas ocasiones irrumpen en las áreas de inundación de cursos muy irregulares”, explica el informe. En Valencia, las urbanizaciones llegan casi a línea de playa, lógicamente siendo muy vulnerables. En el periodo de 10 años, casi 150.000 personas en la Comunitat Valenciana pueden verse afectadas por una gran inundación: casi la mitad del total de toda la costa española. En concreto, la franja de costa entre las poblaciones de Gandía y Oliva es la más sensible, según el estudio.

En el caso de Galicia, con una costa más ruralizada, el riesgo es menor que en el Mediterráneo, pero el Cantábrico y los ríos que desembocan en él también pueden tener reservadas sorpresas: “En el norte, las superficies con alto riesgo se sitúan en áreas urbanas históricas mucho más consolidadas, que tradicionalmente se han situado siempre en los cursos bajos de los ríos. Esta es la causa de los altos valores de algunas provincias. La causa es la posición histórica en la desembocadura de los principales ríos de ciudades como San Sebastián, Bilbao o el triángulo asturiano de Gijón-Avilés-Oviedo”.

Informar, concienciar, adaptar y evitar

Para el Observatorio de la Sostenibilidad, las soluciones pasan por informar, concienciar, adaptar y evitar. La organización defiende explicar a cada uno de los ciudadanos en riesgo “cuál es la exposición exacta que se da en cada una de sus propiedades y viviendas”. En la misma línea, es importante “mantener una red de alerta rápida al objeto de evitar situaciones críticas que se repiten periódicamente todos los años”. Llegamos tarde, muy tarde, pero el informe apuesta por retraer la superficie urbanizada: que el ladrillo no llegue hasta el mar. “Se debe evitar el crecimiento de los núcleos urbanos en áreas donde el riesgo de inundación catastrófica sea significativo, ya que en la planificación urbana, el riesgo de inundación, debe ser tenido en cuenta como uno de los principales condicionantes a considerar. Sin embargo, esta recomendación, como demuestra este estudio para grandes extensiones de territorio, llega tarde como consecuencia especialmente de la explosión del urbanismo turístico desordenado desde la segunda mitad del siglo XX”, refleja el estudio. En el mismo sentido, es precisa la revisión de planes de urbanización ya aprobados, “para minimizar el peligro en las zonas ya construidas”.

Lo urgente y lo justo, consideran los autores, es emprender soluciones urgentes para la población con menos recursos económicos, que “en muchas ocasiones” se establecen en zonas de mayor riesgo. “Se observa que siguen existiendo campings en zonas de riesgo”, a pesar de dramáticos precedentes como el de Biescas en 1996, “o que barrios enteros se encuentran en las zonas más expuestas de las ciudades. Las calidades de la edificación también en muchas ocasiones son peores en los colectivos con menores ingresos, y por ello además son más vulnerables, añadiéndose la circunstancia de que suelen tener menor cobertura aseguradora, por falta de capacidad para el pago”. Las soluciones basadas en la naturaleza “sobre todo aguas arriba de los puntos críticos de impacto sobre las áreas urbanas” se muestran, también, como imprescindibles: recuperación de lagunas de inundación, meandros abandonados, vegetación de ribera, ríos que se deben renaturalizar en vez de ser canalizados en las ciudades… para evitar que el agua llegue a la civilización con su fuerza intacta.

Por último, el Observatorio llama a mejorar la concienciación y la información de la que dispone la población de la costa para entender y asumir que si la crisis climática sigue sin ser abordada en serio, sus propiedades, su modo de vida o incluso su vida como tal estarán cada vez más en riesgo. La naturaleza es indomable, pero podemos elegir si ponernos delante de la ola o resguardarnos y quedarnos a salvo.

 

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