Ecologistas en Acción ha lanzado el informe “Saneamiento y depuración en el litoral”, en el que analizan la situación de la contaminación en nuestras costas. Spoiler: no vamos bien.

Las aguas residuales urbanas (ARU), son las producidas por la actividad humana, junto a las pluviales y a las industriales que químicamente se asemejan a las ARU. Estas aguas van a parar a las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) a través de colectores o redes de saneamiento. En las EDAR, el agua se somete a tratamientos físicos, químicos y biológicos para su depuración. Posteriormente, el agua se expulsa al entorno, y en aquellas situadas en el litoral, se vierten generalmente al mar a través de emisarios submarinos, a una distancia de costa que no debe ser inferior a los 500 metros. En caso de no haber una EDAR, el agua se vierte al medio directamente o se canaliza a alguna estación de pretratamiento, y de ahí, va a parar al medio natural.

El vertido de las ARU sin depurar a un río o al mar está prohibido. Esta prohibición cobra mayor rigor cuando hay amenazas para la salud humana. Esto último es lo que justifica la existencia de los emisarios submarinos, que son una forma de alejar y diluir las residuales a una distancia de la costa. Excepcionalmente se autoriza el vertido sin depurar cuando la localidad carece de EDAR, pero tiene un tiempo límite para construirla, fuera del cual puede ser multada la entidad responsable. Para sancionar a la empresa infractora hay que demostrar que este vertido tiene componentes contaminantes por encima de los máximos admisibles. Por tanto, actualmente nos encontramos con que muchos municipios vierten al medio directamente, pero no se sancionan porque los parámetros indicativos de contaminación no superan los valores marcados por la Directiva 91/271 CEE.

Hace pocos días, el Gobierno daba la noticia de que se van a destinar 100 millones de los fondos de recuperación de la Unión Europea para el saneamiento y la depuración de las aguas residuales, para las aglomeraciones urbanas inferiores a 5000 habitantes, admitiendo que más de 500 aglomeraciones urbanas no cuentan en la actualidad con un tratamiento adecuado de sus ARU.

Cabe recordar que en la actualidad, España tiene abiertos cinco procedimientos en la Unión Europea por el incumplimiento en el tratamiento de las aguas residuales urbanas. En julio del año 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sancionaba al Estado español por el incumplimiento de la Directiva de aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE). Esta sanción es la de mayor cuantía impuesta por la Comisión Europea, en la que inicialmente se condenaba a España a pagar 12 millones de euros, y que tiene carácter coercitivo, aumentando en aproximadamente 11 millones de euros cada semestre. Dada la situación actual de las instalaciones sancionadas, se estima que por lo menos, estaremos pagando multas hasta el año 2023. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta sanción es el de Gijón Este, pues es la de mayor tamaño de todas las aglomeraciones urbanas sancionadas. En la actualidad, la zona este de Gijón vierte sus aguas al medio sin ningún tipo de tratamiento físico.

Tradicionalmente, se ha considerado que lo que se vierte al mar no existe o directamente, “como el mar es muy grande”, no pasa nada. No obstante, nada más lejos de la realidad, pues estamos muy habituadas a rodearnos de escenas en las que el mar “nos devuelve todo lo que le tiramos”. Pese a que el origen de la contaminación de las aguas litorales es diverso, uno de los motivos principales es el producido por los vertidos las aguas residuales urbanas (ARU), bien por instalaciones que no depuran el agua adecuadamente, bien por carecer, directamente, de las infraestructuras legalmente necesarias para realizar los tratamientos de depuración.

Por este motivo, el pasado lunes 22 de marzo, Ecologistas en Acción presentó un nuevo informe llamado “Saneamiento y depuración en el litoral. Análisis del año 2019.”, en el que se analizaron los parámetros de contaminación del año 2019 de las EDAR que vierten al litoral y al Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT). De 394 EDAR registradas en el litoral de más de 2000 habitantes equivalentes, se pudieron analizar 288, ya que del resto no facilitaron la información solicitada para el estudio. Los resultados obtenidos fueron que 36 EDAR incumplen con la Directiva sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas y 15

EDAR son insuficientes porque presentan deficiencias pese a cumplir con los valores legales. Además, un total de 93 EDAR tienen datos incompletos e insuficientes por no haber facilitado la información total o parcialmente.

Aunque la mayoría de las EDAR del litoral analizadas en el informe depuran sus aguas cumpliendo la normativa, no todas las Comunidades Autónomas facilitaron la información, y lo más grave, que hay municipios que en la actualidad carecen de EDAR, y que obviamente, no han quedado reflejados en el informe. Además, se ha de tener en cuenta que en la contaminación y la mala calidad de las aguas litorales intervienen otros factores además de los vertidos de las ARU. Es necesario en este sentido tener en cuenta una serie de consideraciones, como por ejemplo:

• Muchas EDAR se construyeron para una población determinada sin tener en cuenta los fenómenos de estacionalidad. El crecimiento en número del turismo en el litoral ha aumentado especialmente en los meses de verano, haciendo que la capacidad de las depuradoras sea insuficiente.
• Hay contaminantes, como fármacos u otros químicos, que actualmente no se eliminan en su totalidad en ninguna EDAR y se vierten el medio.
• La contaminación difusa procedente de producciones agrícolas litorales, aporte por acuíferos contaminados por nutrientes, cauces fluviales con contaminación orgánica, aportes industriales o los restos de las instalaciones de acuicultura, acaban incorporando materia orgánica al mar.

Este mismo esquema es extrapolable a lo que pasa en las cuencas interiores con los vertidos al Dominio Público Hidráulico (DPH), no obstante, el medio receptor del efluente es bien diferente. Se estima que en total, aproximadamente el 30% de todas las ARU tienen carencias en la depuración, y que por otro lado, actualmente se depura el 80% de las aguas.

La cifra de 100 millones dispuesta por el Gobierno, no es suficiente para poner a punto una red de depuración que lleva incumpliendo reiteradamente, y que además, deja fuera de sitio a aglomeraciones urbanas superiores a las de 5000 habitantes.