Cronología de Madrid Central: la historia de una derrota social, política y jurídica de la derecha

Fuente: INFOLIBRE

El 30 de noviembre de 2018 se puso en marcha la zona de bajas emisiones de la capital, rodeada de polémica y ataques de PP, Cs y Vox, que aseguraban que no reduciría la contaminación. Se equivocaron. Este miércoles, dos sentencias anularon la moratoria de multas que impuso el pasado verano Almeida y dieron el enésimo espaldarazo al proyecto estrella del Gobierno de Carmena

Madrid Central ha vuelto a ganar una batalla en los tribunales y cada vez parece más lejana su reversión, a pesar de la intensa polémica generada en sus inicios y las promesas electorales de la derecha. Lo que fue una medida muy discutida ahora se asume como normal, aunque aún planea la amenaza de seis recursos no retirados y planteados tanto por la entonces oposición municipal del PP como por la Comunidad de Madrid. Y las encendidas declaraciones en contra de la zona de bajas emisiones de la capital ahora están reducidas a la mínima expresión, demostrada su eficacia para reducir –aunque no lo suficiente– la contaminación atmosférica. La discusión se inició con fiereza casi desde el principio, con la propuesta aprobada en septiembre de 2017 de crear una zona libre de humos en el corazón de la ciudad del Manzanares. Y casi tres años después, la iniciativa permanece como uno de los grandes legados del Gobierno de Manuela Carmena.

Al principio, Madrid Central no se llamaba así. La corporación municipal de Ahora Madrid la nombraba como “Área Central Cero Emisiones” en el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático que aprobó la Junta de Gobierno en septiembre de 2017. Se prohibiría el acceso a vehículos emisores (alimentados con diésel o gasolina) en todo el perímetro de la almendra central, salvo a los residentes, los que se dirigieran a un parking o los que condujeran una motocicleta en determinados tramos horarios. Los servicios esenciales quedaban excluidos y el reparto contaría con una moratoria para adaptarse. El documento explicaba que no se trataba de una gran revolución, ya que ya existían Áreas de Prioridad Residencial (APR) en gran parte del perímetro que no dejaban pasar a vehículos que no fueran de los propios vecinos. Se preveía ponerla en marcha durante el primer trimestre de 2018, pero el pistoletazo de salida se atrasó hasta noviembre del mismo año. En mayo, la concejala Inés Sabanés (ahora diputada por Más País) presentó el calendario, el nuevo nombre, el logo y la campaña de información y concienciación necesaria para cambiar la movilidad de la capital.

El 30 de noviembre de 2018 entró en vigor Madrid Central y, una vez más, una noticia local tuvo eco en toda España: por el habitual madridcentrismo social, económico, político y mediático y porque se trataba de la medida más ambiciosa –y restrictiva– tomada por un Ayuntamiento español para reducir la contaminación atmosférica y luchar contra el cambio climático. El tráfico de aquel viernes registró un ligero descenso con respecto a la media y una total normalidad, sin atascos o problemas derivados de las nuevas normas. Pero la discusión política fue intensa. El alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP) llegó a compararlo con la construcción del Muro de Berlín. José Luis Martínez-Almeida, el líder de la oposición conservadora, habló de una puesta en marcha “fake” porque no se pusieron multas (las mismas que quiso eliminar meses después, una vez convertido en alcalde) y la líder de Ciudadanos, Begoña Villacís, aseguró que la zona no reduciría la contaminación (se equivocó).

Durante aquel día y los siguientes, los telediarios se llenaron de indicaciones para no incurrir en infracciones, quejas de los comerciantes que aseguraban que les encaminaban a la ruina, declaraciones a favor y en contra de los ciudadanos… Y en las redes sociales circulaban los memes, destacando el famoso “pero dónde está la contaminación, que yo la vea”. La derecha convirtió Madrid Central en una batalla ideológica y simbólica, asegurando que estaba en juego la “libertad de circulación”. Los argumentos técnicos o más estrictamente medioambientales se centraron en asegurar que la zona de bajas emisiones no reduciría la contaminación, generando un “efecto frontera” debido a los atascos que se generarían en las zonas aledañas que compensaría lo ganado en calidad del aire en el centro.

La contaminación va a aumentar en la periferia y en los distritos aledaños al distrito centro“, dijo el 30 de noviembre de 2018, fecha de inicio de la zona de bajas emisiones, el ahora alcalde y entonces líder de la oposición municipal, José Luis Martínez-Almeida. El mismo día, dijo a laSexta que en el PP no creían “en la eficacia de las medidas de Madrid Central para reducir la contaminación”, sacando a relucir los datos del día anterior, 29 de noviembre, que –aseguró– fueron mejores que los del día 30, a pesar de que ningún analista serio tomaría los datos de un solo día para sacar conclusiones.

El argumento del “efecto frontera” fue también asumido por el PP a nivel nacional. Ya en junio de 2019, el líder del partido, Pablo Casado, aseguró que “el problema” de Madrid Central era que “crea más contaminación”, aludiendo a que provoca “más atascos”. En junio del pasado año ya había datos que desmentían esa hipótesis, pero los ignoró. Y la ahora vicealcaldesa Begoña Villacís se centró en los datos de dos estaciones de medición muy alejadas del centro, las de Plaza Elíptica y Escuelas Aguirre. Son dos puntos negros de tráfico y contaminación de la capital, y la líder municipal de Ciudadanos aseguraba que la zona de bajas emisiones empeoraba sus datos, a pesar de estar a kilómetros de distancia. Y desde la administración, la Comunidad de Madrid se negó a ampliar la oferta de transporte público para ayudar a la implementación, argumentando que como lo habían recurrido ante la justicia no pretendían tomar ninguna medida de alivio. Así lo contamos en infoLibre.

Cumplido un año de la puesta en vigor de Madrid Central, Ecologistas publicó un análisis de cómo le había sentado a la ciudad la implantación de la zona de bajas emisiones. Y sus conclusiones desterraron todos los malos augurios que había dibujado la derecha. No solo descendió la contaminación dentro del perímetro, algo evidente y que nadie negaba: también fuera, en toda la ciudad. No solo no hubo ni rastro del “efecto frontera”, sino que se empezó a hablar de un “efecto contagio”. “Hay 10 estaciones que pasan de tener un valor medio anual superior al límite legal en el promedio de los últimos 9 años a quedar por debajo del mismo. La reducción en el conjunto de la ciudad es de un más que notable 10%”, explicó la organización.

Almeida, de la oposición total a abanderarla en la COP

Una vez implantado el caldo de cultivo de la demonización de Madrid Central, era obvio que la derecha madrileña lo utilizaría como ariete en su campaña electoral de los comicios municipales de mayo de 2019. “Con Almeida, Madrid Central se acaba el 26 de mayo“, rezaban los carteles del candidato del PP. Su programa prometía “revertir” la medida de Carmena. “Ha perjudicado gravemente a los madrileños y sus modos de desplazamiento por la ciudad. No ha mejorado la calidad del aire”, se podía leer. Pero Almeida ganó y no se revirtió. En sus juegos de geometría variable a la hora de pactar con Ciudadanos y Vox, prometió una cosa y la contraria. Con la formación naranja se comprometió a “reconvertir” la zona, ya que el partido liderado por Villacís era reticente a una marcha atrás total. Y con Vox utilizó un lenguaje más duro: “Acabaremos con la política de prohibiciones y restricciones de los últimos 4 años de Madrid Central”, rubricaron. En ningún momento se habló explícitamente de reversión, a pesar de que así lo defendió el candidato en campaña.

Almeida abandonó sus planes. En parte porque su socio de Gobierno municipal, Ciudadanos, presionó para que no se destruyera al completo el legado de Carmena; y en parte porque la Unión Europea siguió amenazando con sanciones si no se mejoraban los datos de calidad del aire de la ciudad, incompatibles con la directiva comunitaria. Pero sí que intentó poner palos en las ruedas a la zona de bajas emisiones. Poco después de asumir la vara de mando, anunció una moratoria de multas de tres meses, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019, bajo el pretexto de que el sistema de infracciones no funcionaba correctamente y debía ser revisado.

Duró 7 días, lo que tardó el juzgado número 24 de Madrid en suspender de manera cautelar la moratoria. Más Madrid, PSOE, Greenpeace y Ecologistas en Acción entendieron que retirar las multas era, de facto, dejar sin efecto Madrid Central. Y coincidió el magistrado, que aludió a un bien superior a proteger: el derecho a un medioambiente sano y a la salud pública, argumentando que la retirada de las sanciones aumentaría las emisiones contaminantes. Poco después, la corporación municipal presentó su estrategia denominada Madrid 360 que, en principio, buscaba permitir la entrada al área de vehículos con etiqueta ambiental tipo C (los diésel o gasolina menos contaminantes), siempre que viajaran dos o más ocupantes. Pero finalmente no se aplicó, en otra marcha atrás de Almeida, otrora considerado el “azote” de la zona de bajas emisiones.

Este miércoles, el rechazo judicial a la moratoria de multas ha pasado de cautelar a definitivo, aunque cabe recurso. Vino en dos sentencias. Una es del mismo juzgado número 24 que paralizó la decisión de Almeida, que ahora considera “disconforme a derecho”. Otra proviene de Juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Madrid, que resuelve, a demanda del Partido Socialista y Greenpeace, la anulación de lo decidido el pasado 27 de junio por la Junta de Gobierno municipal con respecto a la suspensión de las multas.

Sin embargo, aún quedan pendientes de resolución seis recursos tanto de la por entonces oposición municipal como de la Comunidad de Madrid, en contra de la ordenanza de movilidad sostenible que aprobó Madrid Central. Ecologistas en Acción está personado en los seis. Su coordinador, Paco Segura, cree que “tienen muy poco recorrido”. “Madrid Central está muy fundamentado en el cumplimiento de directivas europeas”, opina. Aun así, aún existe la posibilidad de que la justicia tire por tierra la zona de bajas emisiones más famosa del país. No será por la actitud del alcalde, que ya en la cumbre del clima de diciembre de 2019 defendió como propio el espacio anticontaminación. Y pervive la esperanza de que, auspiciados por los Pactos de Cibeles para superar el impacto de la pandemia, izquierda y derecha madrileñas lleguen a un acuerdo de mínimos para proyectar una Madrid más limpia.

Las zonas de bajas emisiones no son precisamente una rara avis en el continente europeoCasi todas las grandes ciudades –Londres, Milán, París, Berlín, Ámsterdam…– tienen una. También Barcelona, que estrenó la suya ampliada a todo el área metropolitana y que a partir del 15 de septiembre empezará a poner multas. Sin embargo, el espacio anticontaminación de la capital es peculiar: su perímetro es mucho más reducido que el de otras urbes y, a la vez, es la más restrictiva de la Unión Europea, ya que no permite el paso a ningún coche 100% de combustión (sí a los híbridos). La mayoría de las capitales optan por zonas más amplias pero con menos limitaciones. En todo caso, los datos han dado la razón, al menos en cuanto a la calidad del aire, al Gobierno municipal de Madrid Carmena. Y, como pasa con otras muchas intervenciones medioambientales y urbanísticas en las grandes ciudades, lo que empieza considerándose una decisión radical y disruptiva acaba considerándose de sentido común en poco tiempo.