Un informe no vinculante del Ex-Relator Especial de la ONU Léo Heller rompe el consenso existente sobre la importancia de la colaboración público-privada en el derecho al agua con un texto elaborado de forma parcial y con problemas de rigor

Aunque parezca mentira dado el rol vital que juega este elemento en nuestras vidas, el derecho humano al agua potable y al saneamiento acaba de cumplir tan solo diez años. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución A/RES/64/292, en la que se reconocía “la importancia del acceso equitativo al agua potable y al saneamiento como un componente integral de la realización de todos los derechos humanos” y se recomendaba aumentar “la asistencia y cooperación, en particular a los países en desarrollo, para proporcionar agua potable y saneamiento seguros, limpios, accesibles y asequibles para todos”.

Desde entonces, el consenso ha marcado las posturas de la ONU en torno al agua. La única y absoluta prioridad son las 1.100 millones de personas que carecen de acceso a agua potable en todo el planeta y las más de 2.600 millones que no tienen acceso a saneamiento básico. La llegada, cinco años más tarde, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no hizo sino profundizar en este consenso, al consagrar el ODS 6 al agua y su acceso.

Para lograr cumplir con las objetivos y metas de la Agenda 2030, Naciones Unidas siempre ha dejado claro la importancia de involucrar a todos los actores en las diferentes estrategias de desarrollo sostenible. Al fin y al cabo, el último de los ODS, el 17, que es transversal a todos los demás, incide en la necesidad de impulsar una Alianza Mundial en la que participe todo el mundo (gobiernos, sector privado y sociedad civil) para encontrar soluciones a los problemas del siglo XXI.

De hecho, el propio Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, ha dejado claro en varias ocasiones su apoyo a las colaboraciones público-privadas como fórmula para acelerar la implementación de los ODS. En su intervención del año pasado en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, el veterano político portugués aseguró que “las alianzas con la comunidad empresarial son la mejor manera de prevenir crisis y conflictos en el mundo actual”.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, resulta especialmente sorprendente la publicación el pasado mes de octubre de un informe sobre agua escrito por el ya Ex-Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, el profesor Léo Heller de la Universidad de Minas Gerais (Brasil). Y es que el enfoque del informe no se centra en los problemas que tienen muchos países en desarrollo para hacer efectivo el ODS 6 o en las reformas que serían necesarias para solucionarlos, sino en un debate que estaba ampliamente superado, incluso en el seno de la propia ONU: la forma de gestión del agua.

Un informe desenfocado

El informe de Heller, con el que pretende romper las unánimes posiciones de Naciones Unidas en torno al agua, es claro en su falta de enfoque desde su primer párrafo. Y es que es el propio autor el que señala que “el discurso común de la comunidad de derechos humanos sostiene que los derechos humanos son neutrales en cuanto al tipo de proveedores y prestación de servicios de agua y saneamiento”.

Es decir, que el consenso actual en la comunidad internacional es que lo que importa para conseguir el ODS 6 son los resultados de la prestación de servicios, que son independientes del modelo de prestación, por lo que el marco de derechos humanos no exige que los Estados adopten ningún modelo en particular. Es más, esta postura fue avalada y defendida en numerosas ocasiones por la predecesora de Heller en el cargo, Catarina de Albuquerque.

Esta portuguesa, con amplia experiencia en el campo de los derechos humanos, fue la primera persona en ostentar el cargo de Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, y explicitó de hecho la razón de esta falta de polémica sobre la gestión del agua al final de su mandato, en una entrevista con El País. “Los derechos humanos son agnósticos en cuanto a la forma de prestación de servicios. Puede existir la participación del sector privado. Las grandes multinacionales de agua prestan servicio al tres o cuatro por ciento de la población mundial, mientras que los pequeños proveedores lo hacen al 25%. Mucha gente no tendría acceso al agua sin esta participación privada. A mí me da igual que sea pública o privada, lo que me importa es que respeten los derechos”, aseguraba.

Es más, el propio Heller se ha mostrado de acuerdo con su predecesora en varias ocasiones. En 2017, durante la celebración en Barcelona el VI Foro de la Economía del Agua, el brasileño opinaba que “en lo que se refiere a los derechos humanos, no hay una preferencia [entre gestión pública o privada], lo importante son los resultados”. Una postura contraria a la que plantea hoy, que reforzaba añadiendo que “hay que ser muy cuidadoso a la hora de decidir por un modelo de gestión, ya que también hay muchos prestadores públicos que no cumplen bien su misión”

Sin embargo, en el informe presentado por Heller, esta visión oficial solo merece una mención a pie de página antes de desaparecer del todo. Eso sí, la mención es de la Iniciativa para la Gobernanza del Agua de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), una de las alianzas en torno al agua de mayor relevancia internacional. “La cuestión fundamental que subyace a la consecución del derecho humano al agua y el saneamiento no es si la prestación de servicios debe gestionarse de forma pública o privada, sino qué resulta más eficaz en cada contexto”, afirma la OCDE.

Este es también el mensaje clave de los 18 Estados que respondieron al estudio, algunos de los cuales agregaron, además, que tienen la intención de aumentar la participación del sector privado para contribuir a la consecución del derecho humano al agua.

Un informe parcial y con problemas de rigor

El hecho de que Heller dedique su último informe, o gran parte del mismo, a priorizar el tema de la titularidad de la gestión supone además una oportunidad perdida si se tienen en cuenta los grandes retos que afrontan muchos países en desarrollo para simplemente proporcionar este servicio a sus poblaciones. Pero, sobre todo, “evidencia la parcialidad” de un informe que, según AquaFed, la principal asociación mundial de operadores privados de gestión del agua, “nació viciado”.

El proceso de elaboración de la investigación se inició a finales del año pasado con una serie de consultas con diversas entidades, seguidas de un cuestionario. Sin embargo, según apunta el director ejecutivo de Aquafed, Neil Dhot, a Devex, la nota conceptual que presentaba el estudio ya era “muy anti-sector privado y parecía prejuzgada”. De hecho, Dhot no considera preocupante los hallazgos del informe, sino el proceso de elaboración y la evidencia “cuestionable” que utiliza el documento para sustentar sus conclusiones.

Ante esta situación, AquaFed ha escrito varias cartas al presidente del Consejo de Derechos Humanos y al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los que se acusa a Heller de haber infringido el Código de conducta que deben respetar los relatores de la ONU. Algunas de las presuntas infracciones que denuncia esta organización incluyen depender en gran medida de las posturas contra el sector privado sin consultar a la otra parte, ignorar ciertas contribuciones solo por su procedencia y excluir una comparación de los servicios administrados por operadores públicos o estatales en la nota conceptual.

Además, existe un problema de fuentes, tanto en la forma de categorizarlas, como en el uso en ciertos puntos del informe de “anónimos” de dudosa procedencia. En cuanto al primer problema, Heller incurre varias veces en la misma redacción que se podría considerar tendenciosa. Por ejemplo, tras citar correctamente que en Francia “no hay diferencia de precios independientemente del plan de gestión”, como ponen de manifiesto varios estudios, decide asegurar justo después que estos datos “deben interpretarse con cautela”. Otro ejemplo: tras mencionar “mejoras en la calidad del agua en Inglaterra y Gales” gracias a la colaboración público-privada, decide añadir que “las pruebas muestran un deterioro de la calidad del agua potable en otros contextos” y pasa a hablar ipso facto de la situación en Tucumán (Argentina).

Pero, sobre todo, el informe a veces adolece de falta de rigor, y es que Heller no duda en nutrirse de artículos y referencias no contrastadas, o incluso de comentaristas anónimos para hacer afirmaciones como que “los proveedores públicos suelen ser menos estrictos y permiten que se mantenga el suministro de los usuarios que se encuentran en situación de pobreza” sin aportar ningún dato que justifique esta valoración.

La falta de rigor y la confusión de conceptos alcanzan incluso a las recomendaciones que Heller hace a la ONU, que sirven como conclusión a su informe. El brasileño afirma que es necesario que “los proveedores privados cumplan el mismo nivel de obligaciones que los proveedores públicos” o que hace falta legislar para prohibir “medidas regresivas, como la desconexión de los usuarios que no puedan pagar sus facturas”. Sin embargo, estos dos supuestos se cumplen en todos los países que analiza el propio informe.