El PP se ha abstenido tras protagonizar una bronca sesión. Consideran que es una ley «muy mala». Más País – Verdes Equo tampoco se ha sumado al apoyo, tras lamentar durante semanas que los objetivos se quedan cortos. Sale adelante y marcha camino del Senado una norma postergada durante años que marcará el camino de la transición por afrontar en el país ante el desafío del calentamiento global

Como suele pasar con las cuestiones medioambientales, el debate ha pasado bastante desapercibido entre la precampaña madrileña, la urgencia sanitaria o el lío con las vacunas. Pero la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, sin pasar por el pleno, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, tras años de espera, con textos que se quedaron en el cajón y con más de 700 enmiendas que muestran tanto las diferencias entre los grupos parlamentarios como la dificultad de sacar adelante una norma que marcará el futuro del país durante las próximas décadas.

El PP, principal partido de la oposición, se ha abstenido. Solo ha votado en contra Vox, que ha hablado en varias ocasiones de «camelo climático» en sede parlamentaria. El apoyo recabado al texto ha provenido, además de PSOE y Unidas Podemos, de las formaciones que vienen respaldando al Gobierno, con sus más y con sus menos, en todo el proceso: Teruel Existe, EH Bildu y ERC. Con dos apoyos sorprendentes de última hora: Ciudadanos y PNV. La formación jeltzale comunicó durante la mañana del jueves que se abstendría, pero finalmente ha apoyado el proyecto.

Más País – Verdes Equo, que ha insistido durante semanas junto a las organizaciones ecologistas en la necesidad de mejorar los objetivos de reducción de emisiones para 2030 –que se han quedado en el 23%–, se han abstenido como parte del Grupo Parlamentario Plural, junto a la formación conservadora. Los verdes también han lamentado la negociación a última hora entre el PNV y los partidos de Gobierno de una transaccional que abre la puerta al uso de «combustibles alternativos», como el gas natural, en todo el transporte, justo antes de un artículo que apuesta sin ambages por la electrificación. «Es un retroceso enorme en la transición ecológica ya que introduce por la puerta de atrás a los combustibles fósiles», defienden fuentes del partido, que opinan que este ha sido el precio a pagar de PSOE y UP por el apoyo del partido vasco. La formación morada lo niega.

La modificación de la Ley de Costas que propuso el Gobierno en el redactado para limitar las prórrogas a concesiones de edificaciones en dominio público marítimo ha levantado polémica. Partidos de diverso cuño, como el Bloque Nacionalista Galego (BNG), el PP, Vox o Ciudadanos, se oponen al establecimiento máximo de 75 años, desde el otorgamiento, para que tanto casas de particulares a pie de playa como industrias diversas relacionadas con el mar, muy potentes dentro del tejido productivo gallego, sigan en su sitio. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defiende que hay que tener en cuenta el inexorable avance del nivel del mar debido al cambio climático; y que, en todo caso, una vez pasados esos 75 años, «siempre puede solicitarse una nueva concesión». Los opositores entienden que la Ley de Costas no se puede modificar mediante esta norma, una actuación inconstitucional según diversos organismos consultivos: y que se siembra la incertidumbre entre las empresas que trabajan en estos lugares. Pero finalmente ha salido adelante.

El tono en la sesión de la Comisión no llegó a ser agresivo, pero sí muy bronco, con continuos reproches entre PP y PSOE/Unidas Podemos y con alusiones al Gobierno de Zapatero, el Protocolo de Kyoto y otros elementos de décadas pasadas. La formación conservadora manifestó de manera muy contundente su rechazo al proyecto de ley, a pesar de un trabajo calificado de «constructivo» por UP durante el proceso de enmiendas. «Es una evidencia lo mala que es esta ley. No contenta a nadie y sí perjudica a muchos sectores de la economía española», atacó el diputado Juan Diego Requena. «Señores del Gobierno: mal. Y lo digo con dolor desde mi puesto de responsable de cambio climático del principal partido de la oposición», añadió el parlamentario Diego Gago.

Si bien las formaciones que, desde el principio, han apoyado las transaccionales propuestas por PSOE y Unidas Podemos (PNV, Bildu, Teruel Existe o ERC) han centrado sus intervenciones en las enmiendas que han mantenido durante todo el proceso, otras como Ciudadanos se han sumado al PP en el lamento por la falta, a su juicio, de diálogo y de tiempo para alcanzar un consenso. Más País – Verdes Equo, por otro lado, ha mantenido hasta el final su pelea para subir la ambición del objetivo de reducción de emisiones al menos hasta el 30%. Y, ejerciendo el papel que quieren representar de oposición verde al Ejecutivo, han reprochado las cesiones en búsqueda de unos acuerdos que, en todo caso, han sido de mínimos. «Nos equivocaremos pensando que el cambio puede esperar. Nos equivocaremos si pensamos que el cambio climático no afecta a los más vulnerables, a los trabajadores y trabajadoras más precarios», afirmó la diputada Inés Sabanés.

Por su parte, el presidente de la comisión y diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde, que ha calificado la jornada de «histórica», reivindicó los acuerdos alcanzados con las formaciones consideradas «socias» y aseguró que, ante una norma tan transversal y compleja, el acuerdo total es imposible, por lo que la emergencia climática exige aprobarla sin tener el ok de una mayoría más amplia de formaciones. «El debate que está habiendo hoy muestra cómo hay posiciones absolutamente contradictorias. Son diferencias de fondo. No es fácil sacar adelante una ley como lo estamos haciendo», explicó.

Otros temas importantes y que no han generado tanto ruido, aunque cuentan con gran potencial transformador, siguen adelante y se dirigen al Senado para su tramitación. Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, todos los municipios de más de 20.000 habitantes con altos niveles de contaminación deberán contar con una zona de bajas emisiones que restrinja el paso a los vehículos más emisores, al estilo de Madrid Central. En 2040, todos los vehículos nuevos deben emitir 0 gramos de CO2 por kilómetro; creó polémica la primera vez que se puso en el texto, pero no ha protagonizado los debates de los diputados.

En el proceso de enmiendas, se han mejorado los textos dedicados a las energías renovables, con las que la ambición ha ascendido del 42 a un 45% de penetración en cuanto al sistema energético en total en 2030; y el imput renovable en el sistema eléctrico en particular pretende ser del 74% en vez del 70% planteado originalmente en el texto elaborado por Transición Ecológica.

También se ha acordado, en este ámbito, garantizar la armonización de las zonas receptoras de las energías renovables, manteniendo los valores ambientales, para que la riqueza que generan estas tecnologías repercuta en las comarcas donde se instalan; y mantener libres de aerogeneradores o placas solares los entornos naturales cuya biodiversidad merezca protección. Además, se ha reforzado la rehabilitación energética de edificios, uno de los elementos con más potencial de generación de empleo, y se han introducido referencias a dietas alimentarias sostenibles, el impacto del cambio climático en la salud pública y la capacidad de absorción de carbono de bosques y océanos, así como al papel del ferrocarril como vertebrador del territorio y medio de transporte mucho menos emisor que el avión o el coche.

A pesar de las objeciones y trabas de los partidos situados a la derecha, se ha aprobado la prohibición de nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos, así como de la minería de uranio: sin embargo, Más País – Verdes Equo argumentan que la redacción es demasiado ambigua y que las empresas propulsoras podrían adherirse a vacíos legales para seguir adelante.

Además, la norma prevé tanto la creación de un comité de expertos independiente, que asesore al Gobierno en materia climática, como una asamblea ciudadana que canalice la participación de la sociedad en las transformaciones que están por venir en las últimas décadas. La principal meta es llegar, como mínimo, al 23% de reducción de emisiones en 2030 con respecto al año base, 1990. En 2023, tras un acuerdo de los grupos parlamentarios, se revisará este objetivo –siempre al alza–. España está muy cerca de tener, por fin, una norma que ordene su posición ante el gran desafío medioambiental, social y político del siglo, con permiso del coronavirus. La derecha cree que no se protege a las empresas y sectores más afectados en este proceso: la autodenominada oposición verde y los ecologistas creen que no es suficiente ante la que está por venir.