Las empresas tendrán que cumplir cinco «hitos» que certifiquen que realmente quieren construir una planta una vez consiguen el acceso a la red. Además, el mercado eléctrico cambia para que las renovables sepan cuánto van a percibir por la energía generada, aunque sea menos que antes. El Ejecutivo considera urgente esta reforma para despegar la «recuperación verde» y bajar la factura de la luz de los consumidores
Por sorpresa, el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un decreto ley que apuntala la «recuperación verde» fomentando y dando certidumbre al actor principal en esa tarea: las energías renovables. El Ejecutivo sabe que no hay reconstrucción sostenible viable sin el concurso de las energías limpias, en un país con un contexto ideal para su desarrollo y con una tecnología muy avanzada, que permite la rentabilidad. Así, la norma desarrollada pone coto a la especulación con los puntos de conexión y establece un nuevo sistema de subastas, que permitirá a los productores contar con la «estabilidad» de saber a largo plazo cómo va a ser retribuida la electricidad que generan. Además, se pretende, en último término, no solo combatir el cambio climático y reducir las emisiones de CO2 del país, también bajar la factura de la luz de los consumidores que están sujetos al mercado regulado. La Ley de Cambio Climático que estos días se tramita en el Congreso ya prevé la reforma eléctrica, pero Transición Ecológica no ha querido esperar: fuentes del gabinete de Ribera explican que este decreto se ha considerado no solo necesario, también urgente.
«Hay que activar las palancas que permitan despegar la inversión verde», ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Es una apuesta prometedora con grandes beneficios, para los que España está preparada. Hay muy pocos países que cuenten con una situación como la nuestra». No solo por las horas de sol y de viento de las que disfrutamos, ha asegurado, también porque la industria está lista para acometer el boom renovable, sin depender de importaciones. Se pueden producir dentro de nuestras fronteras «casi la totalidad de los elementos de un aerogenerador y el 65% de los necesarios para una instalación fotovoltaica». Sin embargo, el Gobierno consideraba que pervivían trabas: por falta de regulación, por legislación anticuada y burocracia ineficiente. Es lo que pretende arreglar con este decreto.
En primer lugar, el decreto busca poner coto a la especulación que en los últimos años se ha desarrollado en el mundo de las energías renovables. Fuentes del sector reconocían antes de la pandemia que era «uno de los mayores problemas». Red Eléctrica Española (REE) concede los permisos de conexión a la red, el primer paso para desarrollar un proyecto renovable. Pero, con tanta demanda, han proliferado empresas «pirata» que se hacen con uno de estos accesos sin intención real de desarrollar nada. Posteriormente se venden al mejor postor, por lo que los que realmente sí quieren levantar un aerogenerador o una placa solar se ven obligados a comprar estas compañías, encareciendo a la postre el mercado y reduciendo la rentabilidad de los pequeños emprendedores.
Ahora, el Gobierno exige cumplir cinco «hitos» a los que se hagan con un punto de acceso, durante los cinco años posteriores a la concesión. Si no se cumplen, queda anulada. El Gobierno asegura que «buena parte» de los 430.000 MW solicitados tienen detrás a empresas con intención especulativa. Así, el Ejecutivo espera que se elimine el cuello de botella y las energías renovables puedan despegar de una vez por todas. Esos 430.000 MW son muchos más de lo estimado hasta ahora por REE, pero fuentes de Transición Ecológica han puntualizado que en el cálculo del Ejecutivo se incluyen proyectos que no se presentaron correctamente y que, por tanto, el regulador no registró.
Por otro lado, el decreto ley alumbra un nuevo sistema de subastas de renovables. Así, las empresas que produzcan electricidad mediante energías limpias podrán saber qué es lo que van a cobrar a medio y a largo plazo por lo generado, al margen de los vaivenes del pool actual, que en determinados momentos les puede reportar más beneficio pero que no permite solicitar un préstamo o invertir con tranquilidad, ha explicado el Gobierno. Las «subastas de energía», mediante la cual se puja por el precio de la electricidad y no por la potencia instalada, representan la opción que llevan años defendiendo los expertos en energía cercanos al PSOE y al Ejecutivo actual. La Ley de Cambio Climático no detallaba cuál sería el mecanismo final, y se ha descubierto este martes. El modelo anterior, ha explicado Ribera, estaba anticuado: en 2013, año de la última ley eléctrica, el coste de generación de un kilovatio hora renovable era más caro que el precio al que se vendía al mercado. Ahora es justo al revés.
Según Transición Ecológica, el movimiento permitirá que, en último término, los consumidores vean descender el precio de su factura de la luz sujeta al mercado regulado (es decir, la que depende de las subastas diarias de electricidad). Hasta ahora se producían vaivenes, ya que en el sistema anterior tanto el carbón como el gas marcaban lo que se pagaba al resto de tecnologías.
El decreto ley, por otro lado, reduce trabas burocráticas, regula la figura del almacenamiento de energía eléctrica (vital para las energías renovables), así como incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio, como la hibridación: la producción de energía tanto eólica como fotovoltaica en una misma planta. Se extiende hasta 2030 la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y se consideran «de utilidad pública» los puntos de recarga de alta capacidad para vehículos eléctricos, entre otras pequeñas reformas: juntas colocarán a España, entiende el Gobierno, como líder renovable del continente.
