El Ejecutivo tenía previstos 50.000 millones de euros de inversión pública para esta década: los fondos europeos ayudarán a aportar 26.000 millones de aquí a 2023. Ribera anuncia los objetivos prioritarios del Plan de Recuperación del Gobierno: vehículos eléctricos, biodiversidad, adaptación o eficiencia energética, sin aportar demasiados detalles

26.540 millones de euros entre 2021 y 2023. Es lo que pretende gastar el Gobierno de Pedro Sánchez en su Plan de Recuperación, financiado en parte por los fondos europeos, en acelerar la transición ecológica, según ha anunciado este miércoles. Es la mitad de la inversión pública que preveía el propio Ejecutivo en un plazo de 10 años. Así lo reflejaba su Plan Integrado de Energía y Clima, cuya última versión es de enero de 2020: 50.900 millones de euros de aquí a 2030. Los objetivos, eso sí, siguen siendo los mismos. La implantación masiva de energías renovables en territorio español se deja en manos privadas, toda vez que la administración ha quitado todas las trabas posibles, reformando el sistema de subastas y poniéndole coto a la especulación. El dinero, así, irá destinado mayoritariamente a fomentar la eficiencia energética (reformas en locales y domicilios para que no sea necesario tanto despilfarro en luz y calefacción), a implantar una verdadera movilidad sostenible, a proteger y restaurar la biodiversidad de un país rico en ecosistemas variopintos y a conseguir que, de una vez por todas, el vehículo eléctrico despegue en España, necesitado de una red de infraestructuras de recarga que no existe en la actualidad.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue la encargada este miércoles de explicar en qué se van a gastar esos 26.540 millones de euros dedicados a la recuperación verde, el 37% de todo el dinero europeo, y la partida más generosamente financiada de todas. Ofreció un discurso cargado de buenas intenciones pero escaso en detalles de en qué se va a invertir exactamente la cuantía prevista en el plan. Los gabinetes de prensa tampoco han ofrecido ningún desglose, y la argumentación de la ministra no aportó mucho más de lo ya dicho por el presidente por la mañana. Las inversiones, explicó, «modernizan el tejido productivo y nos permiten ubicarnos en sectores estratégicos como país».

Un 17% del total de los recursos del Plan de Recuperación estarán destinados, puntualizó la ministra, en actuaciones de carácter local: apoyar el tránsito a la movilidad sostenible, la rehabilitación urbana y el saneamiento del agua, entre otros ámbitos, y centrados en los municipios de menos de 5.000 habitantes, habitualmente con menos margen para grandes transformaciones. Hay que conseguir urbes «cómodas para pequeños y mayores», donde los coches contaminantes tengan cada vez menos espacio, haya dinero y tiempo para construir carriles bici y se reduzca la contaminación atmosférica. La Ley de Cambio Climático implantará, si sale adelante, la obligación a los municipios de más de 10.000 habitantes de instaurar zonas de bajas emisiones al estilo de Madrid Central: pero es un reto de país.

Ribera explicó que una buena parte de las actuaciones contenidas en el plan –de nuevo, sin especificar– irán a restaurar los ecosistemas que acusan la mano del hombre: con especial incidencia en las 10.000 hectáreas de humedales a las que se dirigirán medidas de conservación. Estos ecosistemas son especialmente frágiles: y, en España, la mitad está en un estado «pobre» o «muy pobre», según los análisis de las organizaciones ecologistas. La adaptación al cambio climático protagonizó también parte del discurso: la ministra prometió acometer cambios estructurales en la costa española, cada vez más afectada por las consecuencias del calentamiento global: «Son zonas inundables que ahora vemos anegadas con fuerza inusitada» por el aumento en la frecuencia y la intensidad de fenómenos extremos, como temporales o gotas frías. La mayoría del litoral del país asume unos riesgos de destrucción en cada pronóstico meteorológico desfavorable, dado que la época del ladrillazo llenó el país de construcciones a pie de playa que el mar intenta arrebatar en cuanto tiene oportunidad. Pero, de nuevo, la intención se anunció sin datos concretos. Una de las pocas cifras que ofreció la vicepresidenta fue la que cuantifica el número de enchufes para vehículos eléctricos que el Ejecutivo pretende que se instalen en España antes de 2023: 100.000. 

El vehículo eléctrico no termina de arrancar en el país. España sigue a la cola en el ranking europeo de electromovilidad elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que mide tanto la implantación de vehículos eléctricos como la existencia de puntos de recarga. Con una valoración de 17,1 puntos sobre 100, nos ha superado incluso Italia, un país también habitualmente escéptico ante la nueva movilidad. Los principales actores del sector, y posiblemente sea el único punto en el que coinciden patronal y ecologistas, explican que España se encuentra en un círculo vicioso: pese a que la industria está obligada a bajar las emisiones de los nuevos coches que pone en el mercado, no se venden a buen ritmo porque no tienen autonomía. Nadie quiere comprar un vehículo que pueda dejarle tirado a los 400 kilómetros, sin posibilidad de recargarlo.

El Ejecutivo está desde hace años decidido a romper la tendencia: y en su Ley de Cambio Climático, todavía tramitándose en el Congreso, se establece que las gasolineras que vendan más de 5 millones de litros de gasolina y gasóleo al año deberán instalar bases de recarga para vehículos eléctricos. Se trata del 10% del total de las estaciones de repostaje. Ribera, sin embargo, no ha detallado si estos 100.000 puntos de recarga anunciados serán fruto de esta iniciativa privada obligada o serán instalados gracias al dinero público procedente de Europa. 

La «recuperación verde» gana la partida

La llamada recuperación verde ha pasado de ser una idea solo propuesta de manera tímida en algunos foros a ser la idea defendida por asociaciones, sindicatos, partidos y el brazo ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión. El Ejecutivo ha recogido el testigo, dándole la prioridad a la transición ecológica en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Los defensores de esta recuperación verde aseguran que la salida de la crisis generada por el covid-19 tiene que tener en cuenta criterios medioambientales, de lucha contra la crisis climática y de protección de una biodiversidad cuya pérdida está relacionada con la frecuencia e intensidad de las pandemias. Combatir el calentamiento global y adaptarnos a sus efectos no es un gasto a fondo perdido, sino que genera más empleo y bienestar y reduce las desigualdades.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya creía en una fuerte inversión de dinero público para acelerar esta transición ecológica. Ahora lo demuestra con hechos: no solo poniendo este ámbito por encima, en cuanto a recursos, de otros que podrían movilizar una economía muy golpeada por el covid: también aumentando los esfuerzos a corto plazo. Sánchez prometió que pasar de 50.000 millones de euros de aquí a 2030 a 25.000 en dos años lograría alcanzar los objetivos climáticos de 2025 en 2023: pero del dicho al hecho hay un trecho y al Ejecutivo le queda mucho por explicar en cuanto a cómo pasar estas promesas a la realidad.