El plan para repoblar la España vaciada: incentivos fiscales e incremento de servicios públicos

Fuente: PUBLICO.ES

Las Administraciones empiezan a aprobar leyes y estrategias pioneras para atajar el reto demográfico y conseguir que la inercia de la pandemia, que ha atraído población de la ciudad a los pueblos, logre mantenerse durante los próximos años.

“Mucha gente se ha venido a vivir a los pueblos durante la pandemia y la posibilidad de teletrabajar, pero si no se empiezan a ofrecer buenos servicios, al final, se acabarán marchando de nuevo a la ciudad”, dice Lidia Díaz, presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación. La emergencia sanitaria ha abierto las puertas del campo a la España urbanita. Al menos, eso es lo que dicen los datos del Instituto Nacional de Estadística, que indican que en 2020 los municipios con menos de 10.000 habitantes sumaron en su censo 100.000 nuevos habitantes más en cifras netas. La inercia de la epidemia es esperanzadora pero las organizaciones y plataformas por la repoblación temen que la vuelta a la normalidad eche por tierra cualquier avance. Las Administraciones también saben que esta es una oportunidad única para cumplir con los objetivos europeos de reequilibrar los núcleos poblacionales y, después de un año difícil, empiezan a impulsar algunas medidas y estrategias para volver a llenar de vida la España vaciada.

Castilla-La Mancha ha querido ser la primera Comunidad Autónoma en dar un paso al frente y aprobar una norma pionera, la Ley de Medidas contra la Despoblación. “Tenemos comarcas amplias con problemas estructurales de población, lo que condiciona al resto de iniciativas que se puedan llevar a cabo en estas zonas”, explica a Público José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente del Gobierno manchego y uno de los impulsores de esta ley. “Había que tomar medidas para frenar este proceso de despoblación, aunque sabemos que los resultados de esta ley sólo se verán a medio y largo plazo”, reflexiona el político, que cita algunas de las zonas más afectadas por el éxodo rural de las últimas décadas: “Háblamos de la Serranía de Cuenca, la zona de Molina de Aragón (Guadalajara), la Sierra de Albacete y los municipios de los montes de Albacete y la Sierra de Gredos”.

Las organizaciones regionales y estatales contra la despoblación han celebrado la iniciativa aprobada en el mes de mayo y que está teniendo ya un impacto en las políticas autonómicas de otros territorios como Cantabria o Castilla y León. Sin embargo, temen que todo lo que hoy se vende a la opinión pública como algo rompedor, termine convirtiéndose en papel mojado. “Esperamos que no ocurra como en 2007 con la Ley de Desarrollo Rural, que se metió en el cajón y no sirvió para nada”, advierte a Público Ángel Luis López, portavoz de la plataforma La Otra Guadalajara.

La situación de Castilla – La Mancha es igual de crítica que la de otras zonas como Aragón, Castilla y León o Galicia. El 90% de los municipios sólo acoge al 30% de los dos millones de ciudadanos manchegos, un dato que es prácticamente aplicable al resto de Comunidades Autónomas con problemas demográficos. Es un círculo vicioso del que es difícil salir: una población envejecida, escasez de servicios, malas comunicaciones y poca atracción empresarial. En ese sentido, Martínez Guijarro sostiene que uno de los pilares en los que se han centrado ha sido en tejer una “nueva política fiscal” para “retener población” y también “atraer nuevos ciudadanos”. Así, la norma ofrece una rebaja del 25% de la cuota autonómica del IRPF y del 10% para la adquisición de vivienda, siempre y cuando sea para residir en ella.

Los incentivos económicos son fundamentales para relanzar la repoblación rural. Por ello el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) ha aprobado este año una estrategia de 130 medidas específicas que contará con una dotación presupuestaria de 10.000 millones de euros, los cuales saldrán directamente del Fondo de Recuperación Europeo al que ha accedido España. Un paquete de medidas con el que comunidades autónomas, tengan o no leyes de repoblación aprobadas, podrán impulsar ayudas a empresas, a la compra de vivienda y al desarrollo de los entornos rurales, además de atender a otras cuestiones que tienen que ver con las necesidades materiales de la gente: el transporte o los servicios sanitarios y educativos.

Sin colegios ni sanitarios no hay repoblación

“De momento, no podemos decir que lo que ha aprobado el Gobierno estatal o el Gobierno manchego sea suficiente, pero tampoco insuficiente. Sabemos que son medidas de largo plazo”, opina Díaz. “Nosotros pedimos que los fondos sean finalistas y que, en la medida de lo posible, los gestionen los ayuntamientos, con todos los controles necesarios, claro. En cualquier caso, si este dinero finalmente llega, será algo sin precedentes que nunca hubiéramos pensado que ocurriera en las zonas rurales”, agrega la presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación. Una inversión pública, que a su juicio, no sólo debe facilitar el asentamiento de nuevas empresas que fijen población, sino a dotar a la España vaciada de servicios básicos.

“La gente que se ha venido a vivir por la pandemia se volverá a ir como ya se fueron en el 2008, cuando la crisis económica atrajo también a mucha gente a los pueblos. Al final no hay elementos que fijen a la población, no hay servicios y cuando hablamos de servicios no sólo nos referimos a colegios y médicos, también tiene que ver con que haya cultura, que haya actuaciones, ocio y otras cosas que puedan atraer a los más jóvenes”, argumenta.

La ley castellana, con sus defectos, es el único espejo donde pueden mirarse el resto de regiones. Martínez Guijarro señala que el texto recoge algunas iniciativas para garantizar que se refuerzan los servicios públicos y hace mención a la reforma del sistema de transporte público: “Hemos incorporado una red de transporte comarcal, una especie de Uber rural”. Además, el vicepresidente señala que se está trabajando en una estrategia de repoblación que de sentido al texto de la ley y garantice que se cumplan con algunas de las principales demandas de los vecinos como “garantizar que haya atención de Urgencias en menos de 30 minutos”.

¿Quién decide qué un pueblo está despoblado?

12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta es la medida que determina si una región está o no en riesgo extremo de despoblación. Se trata de una variable que ha sido utilizada como referencia por la ley manchega, pero que también será utilizada por el resto de Comunidades Autónomas a la hora de repartir los fondos europeos, pues es el criterio que se ha escogido desde Bruselas. Aunque puede parecer un buen punto de partida, algunas organizaciones rurales ya han mostrado su desacuerdo, ya que la densidad poblacional no se mide por municipios sino por provincias.

El 51% de los hogares rurales pasa dificultades para llegar a fin de mes y el 24,8% está en riesgo de pobreza.

En España, las provincias que se sitúan por debajo de este ratio son Teruel, Cuenca y Soria. López, como portavoz de la plataforma La Otra Guadalajara, considera que medir la despoblación por provincias es “un error” que dejará a muchos municipios sin ser prioritarios para acceder a todos los fondos y ayudas que se puedan impulsar desde el Estado y Europa. “En el caso de Guadalajara, nos encontramos con que todo el Corredor del Henares eleva la densidad población, pero tenemos muchas comarcas como Molina de Aragón que tienen serios problemas. Eso no pasa sólo aquí, hay más zonas de España que no alcanzan el criterio de despoblación porque se mide por provincias y no por comarcas o por pueblos concretos”.

Más allá del polémico criterio, las Administraciones han empezado a andar y a plantear soluciones. La pandemia y los planes de recuperación han dado una oportunidad a la España vaciada y las expectaciones son altas. Sin embargo, el reto demográfico tiene un largo recorrido en el que se deberán solventar graves problemas de desigualdad y pobreza. Según los datos facilitados por el Miterd, el 51% de los hogares rurales pasa dificultades para llegar a fin de mes y el 24,8% está en riesgo de pobreza. Reducir esas cifras es la otra gran tarea pendiente.