Entre el avance histórico y la oportunidad perdida: España ya tiene Ley de Cambio Climático

Fuente: INFOLIBRE

La norma, tras años de retrasos, establece un marco para la transición ecológica, económica y social del país. Celebrada por la sociedad civil por muchos de sus puntos, los ecologistas lamentan la falta de ambición. El objetivo de reducción de emisiones, del 23% en 2030 con respecto a 1990, ha marcado la tramitación parlamentaria

La larga tramitación parlamentaria de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha concluido. Tras años de retrasos y varias repeticiones electorales que dejaron la norma en el cajón, España ya cuenta con ley climática propia, que aparecerá en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días. Todos los partidos, menos Vox, consideran que se trata de una ley muy necesaria, que llega tarde, pero no todos los grupos comparten el alcance, los impactos y la ambición del texto. Más País-Verdes Equo y el PP se han abstenido, aunque por motivos distintos: los primeros consideran que se queda corta, y los segundos que va demasiado lejos en determinados puntos. Al margen de consideraciones varias, el país da un paso importante en la lucha contra el gran reto medioambiental del siglo  –también político, económico y social– contando con un marco legislativo para su transición ecológica.

La norma funciona como un paraguas para la transformación ecológica, energética y social del país en busca de un futuro sostenible: establece que, en 2030, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) debe ser de un 23% con respecto a los niveles de 1990. Además, introduce metas de penetración de energías renovables (74% en el sistema eléctrico para la próxima década) y de desarrollo de la eficiencia energética. Tras la discusión parlamentaria, una enmienda establece que estos objetivos se revisarán en 2023, siempre al alza. Además, obliga a todos los municipios de más de 20.000 habitantes con altos niveles de polución a tener zonas de bajas emisiones como Madrid Central, prohíbe la comercialización de vehículos nuevos contaminantes a partir de 2040 y la extracción de hidrocarburos e impulsa el desarrollo del vehículo eléctrico fomentando la instalación de puntos de carga, entre otras transformaciones a corto, medio y largo plazo.

“Esta es una ley de todos y para todos”, ha asegurado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante el debate plenario. Ha defendido que en los últimos dos años España ha avanzado “más que nunca” en asumir el liderazgo y en el compromiso de reducción de emisiones y, en esa línea, ha afirmado que la ley es “ambiciosa y congruente” para generar oportunidades y asegurar la corrección de un modelo que “llevaba al desastre”. El PP, por su parte, ha criticado la “falta de diálogo” de la proposición. Consideran que es una “ley que empequeñece una lucha que pasa de esta generación y las futuras y que resta oportunidades a todos los españoles”. Su apoyo se consideraba vital para una norma que necesita consenso, ser invulnerable a los cambios de Gobierno. No se ha conseguido, pero el Ejecutivo ha arañado una abstención y evitado un rechazo expreso.

La formación ha sido una de las que más ha peleado por la supresión de un artículo que modifica la Ley de Costas para limitar las prórrogas a concesiones de edificaciones en dominio público marítimo, considerando que afectaba a la estabilidad de las industrias ubicadas, sobre todo, en la costa gallega. Finalmente, en el Senado se ha eliminado la retroactividad del límite de 75 años, pero eso no ha cambiado el voto del partido liderado por Pablo Casado. El PNV, por su parte, ha votado a favor tras introducir enmiendas que favorecen directamente la estrategia climática de Repsol y su apuesta por los “combustibles alternativos”.

Más País-Verdes Equo, que lleva meses peleando por erigirse como oposición verde al Gobierno, considera que es una oportunidad perdida. También la mayoría de las organizaciones ecologistas, a las que la ley les deja un sabor agridulce. El objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, del 23% con respecto a 1990, marca el resto del texto y la ambición climática como país. No es lo único importante, pero sí que es lo más importante. En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), enviado a la Comisión Europea, ya se preveía una meta de “al menos el 23%”, por lo que no entienden que, contando ahora con miles de millones procedentes de los fondos europeos Next Generation y con una reducción de emisiones durante 2020 gracias al confinamiento, no se vaya más allá. Al menos, hasta el 30%: Más País defendía al inicio de la tramitación un 55% y organizaciones como Ecologistas en Acción han clamado por un 65%.

El número ha sido el protagonista de una bronca que ha durado semanas entre el ala ecologista de Unidas Podemos, representada por el diputado Juan López de Uralde (excoportavoz de Equo y exdirector de Greenpeace) y los verdes comandados por Inés Sabanés en el Congreso. López de Uralde considera que su expartido y las alianzas políticas que ha establecido no tienen el derecho a autodenominarse como los únicos verdes del arco parlamentario: de hecho, en unas semanas presentará su nueva formación ecologista, de la que se sabe poco más allá de que se integrará nada más nacer en la coalición morada.

López de Uralde ha sido muy activo, en público y en privado, en defender que el 23% consensuado con el PSOE es, realmente, una meta ambiciosa. Los partidos de Gobierno utilizan dos argumentos para ello. El primero es que, a diferencia de otros países europeos, España aumentó sus emisiones durante el siglo XXI en vez de bajarlas. Por lo que el esfuerzo de quedarse un 23% por debajo de los niveles de 1990 es mayor de lo que parece. El segundo es que la meta va más allá de lo que exige la Unión Europea. Los dos motivos fueron esgrimidos por la vicepresidenta Ribera este jueves en el pleno del Congreso. Pero no convencen a partidos y ecologistas que consideran que España puede y debe hacer un esfuerzo adicional por descarbonizar su economía, siendo parte de los países ricos que más han contribuido al calentamiento de la atmósfera.

Otros puntos de la ley, sin embargo, despiertan más consenso. La prohibición de venta de vehículos nuevos que emitan CO2 a la atmósfera a partir de 2040 generó polémica cuando se conoció, pero no ha protagonizado el debate parlamentario ni la oposición activa de la patronal automovilística, que asume su destino. La derecha, a pesar de su oposición a Madrid Central, ha aceptado de buen grado la creación de zonas de bajas emisiones en todas las ciudades medianas y grandes de España antes de 2023, aunque habrá que definir qué se entiende por zonas de bajas emisiones. Y los ecologistas locales han celebrado los artículos que paran los pies a la exploración de gas en Vitoria y la extracción de uranio en Retortillo (Salamanca), dos proyectos contra los que se dirige específicamente el texto.

Teruel Existe, que ha peleado por la inclusión de criterios de respeto a la España vaciada en el desarrollo renovable, se da por satisfecha por la aprobación de sus enmiendas. Aunque, de la misma manera, una ley marco como la climática dependerá del desarrollo de reglamento posterior: y tanto la plataforma como otras muchas que pelean contra la instalación de eólica o fotovoltaica en la Península dudan de que, ahora mismo, existan las garantías para que estas tecnologías no atenten contra la biodiversidad o el modo de vida de la España rural.

Tras la aprobación del texto, el debate sobre la ambición se pospone hasta 2023, cuando se ejecutará la primera de las revisiones. Y aunque la ley ya esté camino del BOE, queda mucho por debatir sobre cómo se implementan exactamente los puntos que requieren de mayor desarrollo. Nadie dijo que la transición ecológica fuera fácil, pero España será testigo en esta década de lo complicado de intentar equilibrar la acción climática, la economía de mercado y la justicia social.