En una valoración preliminar del Plan de Recuperación presentado por España, la Comisión Europea recomienda a España priorizar acciones relacionadas con la mejora de la gestión del agua, la prevención de inundaciones y el tratamiento de aguas residuales
La Comisión ha aprovechado la presentación del informe sobre el estado de la Unión de la Energía de 2020, en el que evalúa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de cada país, para luego recomendar individualmente a todos los Estados miembros algunas prioridades que deberán tener en cuenta a la hora de invertir las ayudas procedentes del fondo europeo de recuperación.
En el caso de España, el Ejecutivo comunitario hace tres recomendaciones y una de ellas está relacionada con el agua. Concretamente pide al Gobierno que priorice acciones relacionadas con la mejora de la gestión del agua, la prevención de potenciales inundaciones y el tratamiento de aguas residuales, así como la reutilización y la economía circular.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía presentado por España ante la Comisión prevé invertir el 37% del fondo de reconstrucción post-covid a inversiones en materia de transición ecológica, una de las “políticas tractor para tirar de la economía nacional”. En materia de agua, el Gobierno avanzó acciones en cuanto a la preservación del litoral y la gestión sostenible de los recursos hídricos, avanzando en saneamiento y depuración. El objetivo es lograr comunidades más resilientes sobre la base de la digitalización y la eficiencia energética.
Para ello, el sector del agua, agrupado en la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), ha elaborado y presentado al Gobierno una serie de propuestas para la recuperación verde y azul que contempla más de 500 proyectos con un presupuesto que supera los 12.400 millones de euros. El sector calcula que estas actuaciones y otras inversiones infraestructurales reportarían un incremento del PIB de más de 1.800 millones de euros, así como la creación masiva de empleo.
Respecto a las otras dos recomendaciones hechas a España, Bruselas pide al Ejecutivo que impulse la rehabilitación de edificios, en la que sería necesario extender el uso de energías renovables, y avanzar en transporte sostenible a través de la mejora de la infraestructura nacional eléctrica para fomentar el uso de vehículos menos contaminantes. Como tercer punto a priorizar la Comisión considera que se debería hacer una transición del transporte de mercancías desde la carretera a la red ferroviaria para mejorar la huella de carbono de los productos españoles.
Visto bueno al plan
En el informe sobre el estado de la Unión de la Energía 2020, la Comisión ha valorado el grado de cumplimiento de los planes nacionales de los Estados miembros de sus objetivos climáticos y energéticos. Aunque aún está por decidir si se aumenta la ambición climática hasta alcanzar un recorte del 55% o el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, en esta primera evaluación global tras la adopción del Pacto Verde Europeo se pone de manifiesto que los Estados miembros son capaces de cumplir los objetivos marcados hasta ahora y que, en su mayoría, están avanzando adecuadamente hacia su consecución.
España ha recibido el visto bueno europeo a su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), ya que la Comisión concluye en su evaluación que el Gobierno ha atajado en gran medida todas las deficiencias que habían identificado las autoridades comunitarias en el borrador anterior. Eso sí, también avisa de que existe margen de mejora en eficiencia energética, investigación e innovación, cooperación regional, transición justa y subsidios energéticos.
Para la viceministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la evaluación que hace la Comisión del PNIEC en todos los campos es “muy positiva”. Según la también vicepresidenta del Gobierno, el informe europeo “pone de manifiesto, sobre todo, que nuestra ambición en todos los campos, desde la reducción de emisiones hasta la eficiencia energética pasando por la penetración de energías renovables, es sumamente grande”. Eso sí, alerta de que todavía queda por delante “un esfuerzo muy notable que debemos acometer en movilidad y en edificación”.
En general, el informe destaca que el plan definitivo presentado por España que se envió a Bruselas a finales de marzo es “más sólido y detallado” que el borrador, ya que se han resuelto “ampliamente” las deficiencias en el capítulo de subsidios energéticos con una “significativa actualización” o se han atajado “totalmente” otras recomendaciones específicas sobre seguridad energética y mercado interior. Además, la versión definitiva del PNIEC también identifica correctamente los objetivos en Investigación y Desarrollo y fija metas intermedias generales para 2022 y 2027, una recomendación europea que faltaba en el borrador.
Eso sí, Bruselas echa en falta algo de concreción en algunos puntos específicos, que espera se solucionen en las próximas versiones del PNIEC. La Comisión indica por ejemplo que el plan no incluye objetivos concretos los recortes de emisiones de cada sector económico o que todavía no queda aclarado el calendario o los mecanismos de financiación de algunos de los objetivos en investigación o eficiencia energética.
Elevar la ambición
En cualquier caso este visto bueno al plan energético y climático español puede tener una fecha de caducidad temprana. Actualmente, tanto la Comisión como el Parlamento han indicado objetivos de reducción de emisiones para 2030 mucho más amplios que los actuales, por lo que se espera que el Consejo Europeo, la cumbre de los líderes comunitarios que tiene la última palabra sobre las políticas de la UE, también eleve la ambición en los recortes de emisiones con respecto al 40% actual en su próxima cumbre de noviembre.
Aunque esta subida del umbral podría suponer importante modificaciones al PNIEC actual, el Gobierno ya ha mostrado en múltiples ocasiones su apoyo a un objetivo de emisiones más estricta. De hecho, la propia Ribera ha manifestado este viernes que “la propuesta de aumentar la ambición a al menos un 55% por debajo de las emisiones de gases de efecto invernadero del año 1990 para 2030 ha sido un hito muy importante”. “Nosotros lo hemos venido demandando, impulsando, estamos convencidos, como demuestra el informe de impacto de la Comisión, que es el escenario más coste-eficiente, más beneficioso y más estimulante para la modernización de la economía europea”, ha asegurado la vicepresidenta cuarta.
