Muchos gobiernos no están dispuestos a renunciar al patrimonio que significan las reservas disponibles de recursos fósiles y planean producir para 2030 un 120% más de lo que se necesitaría para limitar el calentamiento a 1,5°C
El pasado 24 de mayo enviamos desde el Foro Transiciones una carta pública al presidente del Gobierno donde se planteaba la necesidad de abrir un gran debate sobre la crisis ecosocial. Una discusión que debe formar parte del proceso de reconstrucción tras la crisis covid-19, pues las apuestas políticas y las inversiones económicas que se realicen determinarán en enorme medida las oportunidades de pilotar transiciones ordenadas, que superen la insostenibilidad socioeconómica y ambiental del modelo de crecimiento actual. Recuperando ese espíritu profundizamos en un aspecto estratégico: el binomio energía clima.
Ningún científico duda del progresivo calentamiento de la Tierra. Después de más de 10.000 años de relativa estabilidad en la temperatura media, desde la década de 1880 la temperatura del planeta ha aumentado en aproximadamente 1,1ºC. Este incremento trae consecuencias negativas crecientes en la salud y bienestar personal, o en el patrimonio mundial, debido a los efectos de las olas de calor, inundaciones, sequías, aumento del nivel del mar y temporales marítimos.
La Agencia Española de Meteorología señala que los primeros cinco meses de 2020 han sido los más cálidos desde que hay registros. Esta ha sido la cuarta primavera más cálida registrada, desde 1965, con una temperatura 1,5ºC por encima de la media de esta estación (período de referencia 1981-2010); los últimos doce meses (junio de 2019 a mayo de 2020) han sido los doce meses consecutivos más cálidos del planeta.
Documentos en preparación para la Sexta Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se publicará el próximo año, muestran un posible incremento del calentamiento de entre 3 y 5ºC frente al incremento de 1,5ºC que se asociaba a esta concentración en informes anteriores. Lo que hace más urgente todavía avanzar hacia la descarbonización de la economía si se quieren evitar catástrofes ambientales y socioeconómicas crecientes. Los riesgos climáticos tienen un carácter gradual, pero acumulativo, por lo que, si no se evita a tiempo una crisis climática global, ésta sería prolongada y de consecuencias previsiblemente trágicas para el conjunto de la humanidad.
Desde el campo científico se deja claro que mitigar el calentamiento global y, a su vez, avanzar hacia una sociedad más sostenible, exige reducir la demanda energética cambiando los estilos de vida de la sociedad, apostando por una menor movilidad, dietas alimenticias bajas en carbono, y viviendas habitables y eficientes energéticamente. También es imperativo conseguir un sistema productivo ligado a una ingeniería/economía circular, crecientemente desmaterializada, y descarbonizada. Para ello, el avance en la mejora de su eficiencia energética (intensidad energética en disminución) y la transformación del actual sistema energético fosilista a un modelo basado en energías renovables es condición necesaria.
Pero la descarbonización del modelo de crecimiento imperante en la vigente sociedad de consumo capitalista globalizada, la viabilidad de la captura de CO2, o un balance forestal muy positivo en cuanto a masa forestal neta final están en contradicción con los crecientes incendios, que convierten bosques en sumideros de carbono, o con el hecho de que los principales emisores de CO2. sigan incrementando sus emisiones.
Pero hay otra lógica, dinámica y estructuras dominantes globales, que son contradictorias en muchos aspectos con estos objetivos y líneas de acción. Y que actúan, en un país como España, remarcando las debilidades (deuda pública, déficit público, etc.) y dependencias (energéticas, de materias primas básicas, financieras, etc.) que pueden cuestionar las líneas de acción y objetivos de defensa del interés general del actual Gobierno de coalición. De hecho, lo están haciendo, presionando por una vuelta total a la situación pre-pandemia a costa de fondos públicos que apoyarían situaciones incompatibles con los objetivos de sostenibilidad y lucha contra las desigualdades definidos por este Gobierno.
El orden mundial post-pandemia difícilmente va a cambiar una globalización que implica redes planetarias de producción y reproducción sociales al servicio de multinacionales y de la economía financiero-especulativa, con una gobernanza global guiada por una ideología neoliberal dirigida a construir y mantener el orden global capitalista.
La Agencia Internacional de la Energía, en su último informe, aboga por aprovechar la pandemia para construir un sistema energético “más limpio y seguro”, pero que tenga en cuenta la previsible caída de las inversiones en el sector (se estima una caída del 20% en las mismas durante 2020) y el efecto de las medidas que se adopten en el capital ya invertido –respetando el periodo necesario para la amortización de las inversiones efectuadas en el mismo.
Se trata de un aspecto de fundamental trascendencia en el futuro energético. En el trabajo “The Production Gap. Report 2019” se señala que los gobiernos no están dispuestos a renunciar al patrimonio que significan las reservas disponibles de recursos fósiles y planean producir, para 2030, alrededor del 50% más de combustibles fósiles de lo que habría que producir para limitar el calentamiento a 2°C, y un 120% más de lo que se necesitaría para limitarlo a 1,5°C. Obviamente, las beneficiadas serían las grandes multinacionales de la energía fósil.
Evitar en España la vuelta post-pandemia a la contaminación urbana –que anticipa la mortalidad de niños y ancianos–, a la insostenibilidad ambiental de un crecimiento despilfarrador, a la altísima dependencia energética y a la creciente desigualdad socioeconómica, exige que el Gobierno de coalición discrimine y explique con claridad a quién benefician las distintas medidas que se adoptan. Debe, igualmente, buscar el apoyo, amplio y sostenido, de la población más beneficiada por la consolidación de una sociedad del bienestar, ambientalmente sostenible, socioeconómicamente cohesionada y territorialmente equilibrada.
