James Thornton, experto en legislación medioambiental y fundador de la ONG internacional ClientEarth, habla de las vías legales para obligar a gobiernos y empresas a combatir la emergencia climática.

“La humanidad se asienta sobre las leyes. Si se cambian esas leyes, se cambia la forma en que funciona la humanidad”. Bajo esa premisa, James Thornton (Nueva York, 1954) ha dedicado su vida a propiciar ese cambio, a redactar legislación y hacerla cumplir, primero como parte del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) en Los Ángeles, después como fundador de ClientEarth, ONG creada en 2007 y con la que ha conseguido poner en marcha una coalición internacional que ha conseguido detener la construcción de centrales de carbón en Europa, salvar grandes porciones de bosques y reservas naturales y ganarle juicios a la todopoderosa petrolera BP por greenwashing. Ahora, con oficinas en Los Ángeles, Londres, Bruselas, Berlín, Madrid, Varsovia y Beijing, ClientEarth afronta nuevos retos ayudando a elaborar leyes que protejan mejor el medio ambiente y haciendo cumplir las ya existentes.

¿Cuál fue la principal motivación para crear Client Earth en 2007?
El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación están creciendo de tal manera que amenazan la supervivencia de nuestra propia especie y del entorno natural. Esa fue la principal motivación para fundar Client Earth, crear un futuro mejor para la gente. Yo llevaba haciendo algo parecido en Estados Unidos desde 1997, abordando casos medioambientales, pero como los desafíos que afrontamos son globales quería expandir esa lucha a otros continentes. En ese momento era algo único dentro de los grupos y asociaciones que defienden el medioambiente en Europa, ya que no había muchos expertos en leyes trabajando con los ecologistas. Los activistas medioambientales son muy buenos definiendo políticas y organizando campañas, dos cuestiones muy importantes, pero mi experiencia es que si a eso le añades todas las posibilidades que ofrece el derecho, las políticas que pretendes incorporar al sistema se ven reforzadas y son mucho más poderosas. Es la única manera, en mi opinión, de conseguir un cambio real.

¿Cuál es su criterio a la hora de elegir las batallas legales en las que se embarca ClientEarth?
Aunque hemos crecido mucho desde 2007, en ClientEarth ahora solo trabajamos unas 200 personas, 110 de ellas abogados. Es un ejército bastante pequeño como para involucrarnos en todas las batallas que nos parecen importantes, así que tenemos que escoger las nuestras con mucho cuidado. Lo que solemos hacer es buscar grandes problemas que nos den la oportunidad de conseguir éxitos que marquen la diferencia. La contaminación del aire es uno de ellos. Otro es combatir el cambio climático con la ayuda y el asesoramiento de científicos de primer nivel. En 2007, cuando todavía éramos muy pequeños, los científicos con los que empezamos a hablar nos decían: si solo se puede hacer una cosa para luchar contra el cambio climático debe ser la paralización de la construcción de cualquier nueva central eléctrica de carbón y, en una segunda fase, empezar a cerrar las ya existentes. Por entonces éramos un grupo de solo diez personas, pero nos pareció que ese debía ser el primer objetivo de nuestro trabajo. Y lo hemos llevado a cabo con éxito.

¿Cómo lo han logrado?
Empezamos en Reino Unido, evitando que se construyeran seis nuevas centrales de carbón, y después en Polonia, donde tenían previsto construir cerca de 30. Ahora, lo que estamos haciendo es intentar obligar a los gobiernos de los distintos países europeos a cerrar las plantas de carbón existentes. En Grecia hemos conseguido un par de triunfos en el último año y su gobierno ya se ha comprometido a cerrarlas todas antes de 2028. En España lo estamos haciendo a través de nuestra oficina allí, que está trabajando duramente para conseguirlo presentando nuevos casos. De momento hemos ayudado a conseguir que el pasado junio cerraran para siempre siete de las 15 plantas de carbón que actualmente hay en funcionamiento en vuestro país. Creo que es un buen ejemplo de nuestra estrategia, porque el carbón es el elemento que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero.

Ahora que hemos conseguido eso en Europa, hemos empezado a ponerlo en práctica en Asia, porque allí hay 1.600 centrales de carbón y planean construir 400 más en los próximos años. Si dejamos que eso ocurra, nunca conseguiremos cumplir con los términos del Acuerdo de París. Por eso nos hemos movilizado para empezar a trabajar con grupos ciudadanos de distintos países asiáticos que quieren prevenir la creación de estas nuevas centrales y lograr que se cierren las demás. Para conseguirlo, debemos cambiar la legislación y el funcionamiento de los mercados energéticos para que las inversiones realmente se trasladen a las energías limpias.

Hay una corriente popular muy a favor de tomar medidas drásticas para proteger el medio ambiente, pero también existe una gran resistencia por parte de los poderes políticos y financieros. ¿Cómo se puede inclinar la balanza hacia el cuidado del planeta y sus ecosistemas?
Esa resistencia existe, por supuesto, pero los cambios en ese sentido en los últimos diez años han sido muy destacables. Incluso en los países del Este más conservadores que todavía son “adictos” al carbón se está produciendo un cambio significativo. Antes hablábamos de Polonia, pues resulta que el gobierno polaco, tan reticente hasta hace pocos años, se puso en contacto con nosotros y nos dijo: “¿Podéis aconsejarnos sobre cómo desarrollar esa transición energética a nivel legislativo?”. En Estados Unidos, tras la derrota de Trump, el Gobierno está en manos de personas que entienden estos problemas y que pueden convertir a uno de los principales contribuidores a la emisión de gases de efecto invernadero en un líder en la lucha contra el cambio climático.

¿Cómo conseguir que los políticos lleven a cabo los cambios necesarios? Antes hablaba de lo poderosas que pueden ser las leyes, pero también lo es la gente. Hay niños y jóvenes por todo el mundo manifestándose y demandando acción inmediata para frenar el cambio climático y eso es algo muy importante. Este tipo de cosas, aunque no lo creamos, tienen el potencial de modificar la visión de los políticos y las empresas. Es una combinación de actos individuales y acción colectiva la que consigue que cambien las leyes, para que sea cada vez más difícil invertir en combustibles fósiles, por ejemplo.

Aunque las energías renovables son cada vez más baratas, hay muchas compañías que llevan décadas funcionando de la misma manera y parecen empeñadas en seguir quemando carbón y en construir centrales de carbón, porque es lo único que saben hacer. Como han estado relacionadas con compañías estatales de cada país desde hace mucho tiempo, y en ocasiones esa relación ha ido más allá, los gobiernos tienen reticencias a la hora de apartarlos. Además, las nuevas compañías especializadas en energías renovables a menudo no tienen los recursos necesarios o la capacidad de influencia como para ocupar el lugar de esas antiguas empresas. Son como un dragón en mitad del camino, y ahí es donde entramos ciudadanos como nosotros, que debemos tomar partido y tenemos la ley de nuestra parte, lo que es una espada muy afilada. Tenemos la oportunidad de acabar con los dragones.

Muchas de estas empresas a las que se refiere han adoptado el greenwashing como escudo, para dar una imagen “verde” que no se corresponde con la realidad.
El greenwashing es un problema muy grave, un cierto tipo de propaganda que utilizan muchas empresas para presentarse como compañías con buenas credenciales ecológicas para ampliar su valor de mercado. Las empresas son muy conscientes de que los consumidores prefieren los productos y procedimientos ecológicos, por eso desean parecer lo más “verdes” posibles, bastante más de lo que son. Pero se puede luchar contra ello. En diciembre de 2019 presentamos una denuncia contra BP, la compañía petrolífera, que había puesto en marcha una campaña enorme de greenwashing. En aquellos momentos, antes de la llegada del covid, yo viajaba por toda Europa y en los aeropuertos me encontraba con frecuencia estos grandes carteles de BP que decían “Posibilidades en todas partes”, en los que se presentaban como uno de los líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático. Nada más lejos de la realidad: más del 96% de las inversiones anuales de BP siguen teniendo que ver con petróleo y gas. Así que presentamos la denuncia y una de nuestras demandas era que, si seguían haciendo este tipo de publicidad, debían incluir avisos como los que figuran en la publicidad de cigarrillos, del tipo: “compra BP y destruye el futuro de tus hijos” o “compra BP y harás que el planeta se queme”. Ante nuestra petición, acabaron retirando los anuncios y prometiendo no volver a hacer una campaña de reputación corporativa de este tipo. También han aprobado una resolución para lograr la neutralidad de carbono para 2050, como la Unión Europea.

Pero el Acuerdo de París no incluye a las empresas…
No, no obliga a las empresas a hacer este tipo de cosas, pero es imprescindible que las grandes compañías también se impliquen de verdad en esta lucha. Sigue siendo algo vago y tendremos que estudiarlo cuando publiquen más detalles de cómo piensan conseguirlo, pero ya es un buen primer paso. Los expertos del sector financiero lo tienen muy claro: si las compañías no reducen sus emisiones al menos hasta el 50% para 2030, van a tener serios problemas para financiarse en los mercados. Los bancos no querrán tener nada que ver con ellas, a los consumidores no les gustarán y hay una probabilidad muy alta de que acaben en bancarrota si no dan el paso decisivo. Si se escudan en el greenwashing y no cumplen con sus promesas, estarán condenadas a desaparecer.

¿Existe alguna organización internacional encargada de vigilar el cumplimiento de estas falsas promesas?
Todavía no y creo que los gobiernos están tardando en reaccionar, pero espero que sí exista de aquí a unos años. De momento todo recae en el activismo ciudadano y en ONG como la nuestra. Ahora mismo hay un proyecto de ley en el Parlamento británico, pendiente de aprobación, que requerirá que los fondos de pensiones, tanto públicos como privados, divulguen el impacto climático de todas sus inversiones. A nuestro juicio es un paso clave, porque será un requerimiento legal obligatorio y revelará la verdadera huella de carbono que dejan estas inversiones. Es un mensaje directo para las grandes compañías, que tarde o temprano deberán revelar el impacto climático de sus negocios.

También hay un cierto greenwashing por parte de los gobiernos, en el sentido de que firman compromisos como el Acuerdo de París y luego no hay herramientas públicas para controlar su cumplimiento. ¿Qué se puede hacer en este sentido?
De nuevo, la responsabilidad recae en los ciudadanos, que pueden ejercer presión política exigiendo esos datos, manifestándose y votando a los partidos que defienden este tipo de iniciativas. También hay herramientas legales que pueden ser útiles en este sentido. Por ejemplo, España como firmante del Acuerdo de París, se comprometió a dejar de utilizar combustibles fósiles. Sin embargo, vuestro gobierno sigue subvencionando a empresas que trabajan con carbón, así que formalizamos una queja a la Unión Europea, alegando que es un uso ilegal de una ayuda estatal realizada con dinero público. Es solo un ejemplo y, aunque algunos gobiernos se las apañan para utilizar puertas traseras para seguir llevando a cabo estas prácticas, es algo ilegal y puede ser denunciado ante los tribunales.

En China, ClientEarth ayudó a la creación de un sistema muy ambicioso de tribunales medioambientales. ¿Cómo fue el proceso?
En occidente solo oímos y leemos cosas negativas sobre China, pero es importante, desde el punto de vista medioambiental, destacar las cosas positivas que están consiguiendo sacar adelante. Ellos saben perfectamente que son el país más contaminante del mundo y lo están sufriendo en su propia piel: el aire de las ciudades es irrespirable, el suelo está contaminado, el agua también… eso afecta a la producción de comida. Es algo que han entendido casi a la fuerza y por eso han tomado la decisión de actuar lo más rápido posible.

Tienen buenas leyes pero, como ocurre en el caso europeo, no estaban siendo aplicadas. Las compañías no las cumplían y nadie iba tras ellas para reclamar los daños que le estaban causando al medio ambiente. Por eso decidieron crear un sistema de tribunales especializados en delitos medioambientales. Era un mensaje directo a las compañías que operan en el país y sus directivos: si no cumplís con las leyes, os llevaremos a juicio y podéis acabar entre rejas. Crearon 3.000 nuevas plazas para jueces, una cifra brutal, sobre todo teniendo en cuenta que en muy pocos países del mundo hay tribunales específicos sobre esta materia, tan solo en Australia, Nueva Zelanda y, en menor medida, en Suecia. Lo que hicieron fue pedirnos que llevásemos a cabo la formación de estos jueces, para que tuvieran una mayor comprensión de la materia y pudieran resolver los casos. Por eso reclutamos a expertos en leyes medioambientales y los enviamos a China para que enseñaran a estos jueces todo lo necesario. Cuando terminamos, los fiscales chinos nos pidieron lo mismo, “¿podéis formarnos?”. Lo hicimos y en apenas dos años los fiscales han iniciado cerca de 100.000 casos, es algo increíble que está cambiando la cultura de protección ambiental de manera muy rápida. Es bastante alentador.

¿Un sistema similar podría extrapolarse a otros países?
Por supuesto. En otros países también estamos formando a jueces, así tendrán más experiencia cuando se enfrenten a los casos que van seguir llegando a los tribunales, algunos de ellos muy complejos. De hecho, hay un grupo de jueces en distintas cortes supremas de todo el mundo que están muy interesados en la lucha contra el cambio climático y la protección medioambiental. Tienen una red informal de comunicación a través de la que intercambian información sobre la mejor manera de resolver ciertos casos, a veces organizan reuniones… Eso es muy positivo, porque si jueces de tan alto rango se involucran, es algo que acelerará el proceso e irá filtrándose a los sistemas judiciales de cada país.

Recientemente se hizo público que un grupo de expertos internacionales está detrás de una definición jurídica de “ecocidio”, que completaría otros delitos internacionales existentes, como los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. ¿Cree que el proyecto saldrá adelante?
Es un concepto muy interesante, ya que si se consigue, se crearía una Corte Penal Internacional especializada en crímenes medioambientales, aunque quedaría pendiente ver si realmente se consigue una jurisdicción para grandes casos como los vertidos petrolíferos. De salir adelante, habría que ver cómo se pone en práctica con casos como el de Bolsonaro, que de facto está permitiendo la destrucción del Amazonas. ¿Cuándo algo así podrá ser considerado como un crimen contra la humanidad y Bolsonaro podrá ser llevado ante un tribunal internacional? Esa es la gran pregunta, sería un paso decisivo para luchar contra la impunidad.