El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de mayo el proyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados. La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) realiza una valoración sobre el texto y sus implicaciones.

En general, el proyecto de Ley de Residuos peca de falta de ambición y concreción. Los objetivos que establece se antojan conformistas, además de no estar personalizados para las distintas fracciones de residuos. Deberían establecerse objetivos independientes de preparación para la reutilización respecto del reciclado. Las medidas que se proponen para el cumplimiento de la jerarquía de residuos no son vinculantes y son demasiado conceptuales. La globalidad de los agentes del sector de los residuos necesita un impulso mayor para potenciar el cumplimiento de la jerarquía de residuos y la participación en el mismo de todos. Las entidades sociales son importantes actores del sector de la recuperación y necesitan medidas concretas de apoyo a diversos niveles, vinculantes y definidas.

No obstante, como valoraciones positivas, destacamos que el proyecto incluye menciones al fomento de la reutilización para un mejor seguimiento de la jerarquía de residuos, aunque le falta una mayor definición. Del mismo modo, se mencionan apartados que entendemos importantes para un mejor funcionamiento del sector, como es el fomento de las redes de preparación para la reutilización y de la disponibilidad de piezas de aparatos eléctricos y electrónicos para su reparación. Entendemos también como adecuada la prohibición a partir de 2021 de destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, etc.

Al tratarse de la transposición del marco europeo al español, el ajuste del proyecto de Ley al cumplimiento estricto de la jerarquía de residuos debería ser más concreto, accesible y de obligado cumplimiento en buena parte de sus propósitos. Las ayudas a los primeros pasos de la jerarquía (prevención y preparación para la reutilización) dependen en buena parte de las campañas de información y sensibilización en el primer caso y del fortalecimiento de las redes de entidades sociales que se dedican a la preparación para la reutilización, en el segundo caso.

La experiencia y conocimiento de los gestores y la peculiaridad de cada flujo de residuos -con diferentes capacidades de ser preparados para reutilizar y diferentes tratamientos- nos lleva a pensar que cada tipo de residuo debería tener unos objetivos individuales. Creemos además que los objetivos de preparación para la reutilización deberían definirse de un modo independiente de los objetivos de reciclado.

En el Anexo V, tratándose de instrumentos útiles y en la dirección de promover la jerarquía de residuos, la Ley debería ser más ambiciosa en el marco del cumplimiento de la misma y convertir buena parte de estas proposiciones en medidas vinculantes para todos los agentes del sector. De esta manera se podría lograr un avance importante en la aplicación real de la jerarquía de residuos, además de poder realizar un seguimiento de estas acciones y una difusión de las mismas. Se debería mencionar la posibilidad para las Administraciones, agentes fundamentales, de acogerse a la figura de la reserva de mercado, presente en la Ley 9/2017 y con origen en el marco europeo, para impulsar una mejor recuperación de los residuos, amparándose además en el valor de las acciones, no solo ambientales sino también sociales, de los gestores. Del mismo modo, debería incluirse un punto de adaptación de ayudas a las actividades de empresas y organizaciones que trabajan en pos de la jerarquía de residuos.

Como último pilar y fundamental para lograr un impulso del sector, la administración debería contemplar la promoción para el establecimiento de la reducción del IVA en productos procedentes de procesos de preparación para la reutilización. La repercusión económica de esta medida sería muy baja para la Administración General del Estado (apenas un 0,002% del total recaudado, según un estudio realizado por AERESS) y el beneficio ambiental y social que aportaría sería muy importante.

En definitiva, la transposición de la Directiva Europea al ordenamiento español define los principios a seguir referidos a la jerarquía de Residuos pero no da los pasos necesarios para fomentar de un modo explícito la misma. Faltan herramientas por mencionar y medidas por definir en un contexto de actividad que necesita proteger legislativa y logísticamente los primeros pasos de la jerarquía.