La norma abre la puerta a decenas de miles de empleos derivados de la rehabilitación de viviendas y el desarrollo de las renovables. El veto a coches contaminantes mejorará la calidad del aire y, por tanto, la salud de la población. Las grandes empresas se dividen entre la resignación (automovilísticas), la ilusión (eléctricas) y el rechazo (petroleras)
El principal impacto para nuestra vida de la Ley de Cambio Climático que se aprobó el pasado jueves en el Congreso y ya va dirección del Senado es evidente. Junto a las normativas de otros muchos países podría poner coto al calentamiento global, un fenómeno que, desbocado, convertirá muchas latitudes en inhabitables, nos traerá sequías, olas de calor y de frío y tormentas más frecuentes y tensionará los cimientos de la sociedad. Pero, entrando en los detalles, la norma, si no es modificada por la Cámara Alta, podría cambiar el presente y el futuro de muchos españoles. La transformación está en las pequeñas cosas, en artículos de la ley que, en su mayoría, han pasado más desapercibidos en el debate parlamentario y en el público. Las grandes empresas que dependen de los combustibles fósiles para desarrollar su actividad tendrán que pasar, por su parte, por el aro de lo público: aunque tienen alternativas atadas y bien atadas, y bien regadas con dinero de todos.
¿Llegará la revolución de la eficiencia energética?
Todo experto que se precie en transición energética cita la eficiencia como un elemento con un enorme potencial transformador en la próxima década. No solo por el ahorro de emisiones de CO2 que conlleva, sino por los empleos que puede generar. Distribuidos, además, en pequeñas y medianas empresas, sin grandes oligopolios que acaparen todas las oportunidades. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) prevé la creación de entre 52.000 y 100.000 empleos/año. El mismo plan señala un objetivo bastante ambicioso: rehabilitar 300.000 viviendas al año. ¿Y qué tiene que ver la rehabilitación con la eficiencia? Se trata de obras para mejorar, generalmente, el aislamiento de las casas, para sufrir menos calor en verano y menos frío el invierno, por lo que se puede prescindir de la calefacción y el aire acondicionado –que consumen y emiten–. Otros autores incluyen la generación distribuida de electricidad: paneles solares para generar o incluso almacenar nuestra propia luz, sin depender de las grandes empresas.
300.000 viviendas al año no se rehabilitan solas, por lo que el potencial de empleo es enorme: aunque se necesitará apoyo público, subvenciones y buenas campañas de comunicación, probablemente dependientes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), para que los ciudadanos entiendan las ventajas y se animen a transformar sus viviendas. La ley original, recién salida del Consejo de Ministros, se proponía como objetivo «mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 35 %» y en la tramitación parlamentaria dicha meta se ha elevado al 39%. Además, según aseguró el presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde, «se han introducido nuevos artículos que lo que hacen es fortalecer ese impulso a la rehabilitación energética de edificios, que es uno de los elementos que generará más empleo y reducciones importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero«.
No sabemos, sin embargo, cuál es la redacción exacta de esos artículos: no ha sido facilitada a infoLibre por los partidos y el texto definitivo que se ha mandado al Senado aún no es de acceso público.
Menos coches en nuestras ciudades y menos muertes por contaminación
Se trata de la Ley de Cambio Climático. Pero a la hora de poner coto a las emisiones de CO2 de los vehículos de combustión, se obtiene un beneficio adicional: se limita la contaminación atmosférica y se salvan vidas. Las muertes causadas directa o indirectamente por la escasa calidad del aire en España van entre las 10.000 y las 44.000 al año, dependiendo del estudio. Se ha demostrado la relación causa-consecuencia entre los picos de polución en las grandes ciudades y los ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos por afecciones respiratorias o cardiovasculares. Gracias a la norma, todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes (y las que tienen entre 20.000 y 50.000, si sobrepasan los límites de contaminación) estarán obligadas a contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBS), al estilo de Madrid Central. Ya sea de manera más o menos laxa, los vehículos más sucios tendrán la entrada vetada a determinadas partes de estos núcleos. La ZBS madrileña ha demostrado su eficacia para reducir el dióxido de nitrógeno o las partículas presentes en su atmósfera no solo en el centro, también en toda la urbe.
Una enmienda del PNV ha evitado la intención preliminar del Gobierno: que estas Zonas de Bajas Emisiones solo pudieran ser tumbadas por un informe de Transición Ecológica. Ahora, y si no se modifica en el Senado, solo será necesario un informe de la comunidad autónoma para dar marcha atrás.
Esta medida es a corto plazo. A largo, el Gobierno ha logrado sacar adelante la prohibición de comercializar vehículos nuevos que emitan más de 0 gramos de CO2/km a partir de 2040. La decisión, que se mantiene desde el primer borrador, levantó muchas críticas por parte de la patronal automovilística y los partidos de la oposición: sin embargo, apenas ha levantado debate en el Congreso. El país se dirige hacia una mejor calidad del aire, lo que repercutirá directamente en la salud individual y colectiva de la población.
Renovables por un tubo y transición justa
De cara a 2030, la ley establece que el 45% de la energía generada en el país debe ser de origen renovable, así como el 74% de la electricidad. Dichas metas necesitan, evidentemente, una implantación masiva de paneles fotovoltaicos, aerogeneradores y otras tecnologías, que ya va por buen camino: Abril de 2020 registró el máximo histórico de penetración diaria de las energías limpias, con un 70,9%, y en 2019 estos sistemas superaron en capacidad a las vías sucias de generar electricidad. El Gobierno prevé una inversión masiva, sobre todo proveniente del sector privado, para llevar a cabo esta transformación: y calculan que generará, aproximadamente, dos millones de empleos de aquí a final de la década.
La descarbonización del sector energético tiene, sin embargo, una cara oscura: el cierre de las grandes instalaciones contaminantes, mayoritariamente alimentadas por carbón, abre heridas en poblaciones que viven alrededor, por y para ellas, y que son difíciles de cicatrizar. La ley pretende compensar los efectos de la clausura, que lleva produciéndose en cadena desde 2018 por las exigencias europeas, la falta de rentabilidad y el encarecimiento del precio de la tonelada de CO2 que las compañías deben abonar en pos del mercado europeo de emisiones. La norma aprobada el jueves por el Congreso define el papel de la Estrategia de Transición Justa, que pretende encarrilar el proceso para buscar un plan b a todos los trabajadores directos e indirectos que se quedan en la estacada cuando una gran empresa decide –o es obligada a– dejar de contaminar.
Sin embargo, Transición Ecológica no esperó a la aprobación de la ley para poner en marcha este plan. No había tiempo: las térmicas están cerrando ya. Hace unas semanas, se consiguió la rúbrica de la última gran eléctrica que faltaba, EDP, a una estrategia ya redactada y disponible. La norma prevé, además, la creación de convenios de transición justa en cada comarca afectada, con la participación de empresa, administraciones locales, regionales y estatales, sindicatos y otros actores: y las negociaciones ya están en marcha, por ejemplo, en la térmica de As Pontes (A Coruña), propiedad de Endesa.
La ley, por lo tanto, establece las bases para dotar de un empleo a miles de personas en el sector renovable, y para ofrecer otro a quien sufra los peores efectos de la transición. Pero no se trata solo de individuos: las empresas han estado y están muy pendientes de la tramitación de esta ley. Muchos artículos inciden directamente en el presente y en el futuro de sus negocios. Aunque no de la manera tan negativa que preferirían los ecologistas.
El fin de la extracción de los hidrocarburos: importancia limitada
La norma establece la prohibición de «nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos» (es decir, petróleo y gas natural) «en todo el territorio nacional». A partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ninguna empresa podrá ni siquiera intentar extraer estos combustibles fósiles del subsuelo español. En la práctica, varias autonomías habían prohibido ya el fracking, la técnica para sacar petróleo que utilizaba el defenestrado proyecto Castor. Y la extensa normativa ambiental complica los proyectos de gas. Eso sí: el redactado del artículo era un torpedo hacia la línea de flotación del proyecto de gas natural en Subijana (Araba) que impulsaba el Gobierno vasco a través de una empresa pública y al que ha renunciado.
La prohibición de la extracción del uranio, sin embargo, sí que tiene un impacto más cuantificable para las cuentas de una empresa: Berkeley, que lleva casi una década intentando sacar adelante un proyecto extractivo en Retortillo (Salamanca). PSOE y Unidas Podemos, mediante una enmienda, introdujeron esta restricción con la vista puesta en estos planes. Este mismo lunes, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Josep María Serena, denunció en el Congreso insinuaciones «impropias» (es decir, presiones) de la empresa en las numerosas cartas que enviaron para pedir agilidad en una tramitación que se alargó, asegura, por la mala calidad de la documentación.
Una complicada transición del automóvil
La prohibición de la venta de vehículos nuevos que emitan CO2 ha sido asumida con resignación por la industria automovilística, que representa aproximadamente el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Dieron guerra cuando se publicó el borrador, pero ahora, incluso, la norma ha sido recibida con supuesto agrado por parte de la patronal. «La industria de la automoción está plenamente comprometida con los objetivos de descarbonización del parque que refrenda la ley para 2040 y 2050 y ya estamos trabajando con este horizonte», declaró para El País José López-Tafall, director general de Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).
No tienen mucho margen. A partir de 2020, los concesionarios están obligados a vender vehículos nuevos cuya media de emisiones sea de 95 gramos de CO2 por kilómetro, según la normativa europea. Eso les ha obligado a poner en el mercado muchos más coches eléctricos, pese a que aún no sean del todo atractivos para el público dada la ausencia de electrolineras en el país y el alto precio de los utilitarios. La norma, con la oposición del PP (que la considera insuficiente, según fuentes del partido), obliga a las gasolineras grandes a establecer puntos de recarga. El partido conservador, que se abstuvo, considera que se debería fomentar esta instalación de otra forma, ya que estas instalaciones se concentran en las afueras de las grandes ciudades, lo que complica los viajes largos.
En todo caso, y a pesar de que la industria automovilística ha terminado aceptando de buen grado la transición, aún quedan muchos interrogantes por resolver. El ensamblaje de un vehículo eléctrico requiere menos trabajadores, lo que puede poner en riesgo puestos de trabajo. La escasez de minerales clave como el litio o el cobre hace difícil que el parque móvil sea sustituido al 100% por estas tecnologías, una carencia que, de nuevo, podría recaer en los más vulnerables. El Gobierno ha maniobrado para evitar la sangría de la deslocalización en plantas como la de Nissan (Barcelona). Pero ha sido Industria la encargada de esas negociaciones, no Transición Ecológica, que no tiene un plan equivalente al del carbón para promover una transición justa en caso de que lleguen los peores escenarios.
Renovables y la calle de en medio de las tecnologías «alternativas»
Todas las grandes eléctricas están apostando sin ambages por las energías renovables como presente y futuro de sus carteras. No porque sus directivos sean lo más parecido a Greta Thunberg en traje de chaqueta, sino porque saben que aquí está el dinero. Las renovables cuentan con una posición de partida favorable en el mercado eléctrico, generosas subvenciones, precios de producción cercanos a cero y costes de instalación que se han reducido mucho en los últimos años. Compañías como Endesa, Iberdrola o EDP se apresuran a cerrar sus centrales y a instalar paneles fotovoltaicos como si no hubiese un mañana. Pero otras grandes empresas lo tienen más difícil: las petroleras.
Desde 2018, Repsol, la gran petrolera española, comercializa electricidad y gas natural, en un tímido intento de hacer menos oscura su producción. No ha sido suficiente: su transición es más difícil. La compañía, dirigida por Josu Jon Imaz y presidida por Antonio Brufau, no tiene centrales de carbón que cerrar: sí que cuenta con refinerías que, por ahora, funcionan a pleno rendimiento. En 2020, según el informe del Observatorio de la Sostenibilidad hecho público este lunes, se convirtió en la empresa española que más CO2 emite.
Ante esta situación, ¿qué hace Repsol? En un primer momento optó por negar públicamente la importancia de la transición ecológica: Brufau fue ampliamente criticado por asegurar que el vehículo eléctrico representaba una tecnología «inmadura» y que, ante la crisis climática, lo que había que hacer es plantar más árboles –un argumentario seguido por Vox y descartado por los científicos–. En los últimos meses ha decidido maniobrar de otra manera, utilizando sus vínculos políticos para conseguir una ley benigna con sus intereses.
La compañía tiene la vista puesta tanto en el gas natural como en el hidrógeno verde, una apuesta clara del Gobierno español. En resumidas cuentas, se trata de separar de una molécula de agua los dos átomos de hidrógeno mediante la aplicación de electricidad obtenida mediante fuentes renovables. Los usos pasan desde el transporte pesado hasta el almacenamiento de esa misma electricidad con mejor rendimiento que las baterías de litio. Pero aún queda mucho desarrollo para que sea rentable. La ley, sin embargo, pone como objetivo la promoción del sistema, que será regado con 1.200 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Con respecto al gas, Más País – Verdes Equo denunció la semana pasada un acuerdo de última hora entre PSOE-Unidas Podemos y PNV (partido conocido por su cercanía con Repsol) para abrir la puerta a los combustibles «alternativos» en el transporte, incluyendo el gas natural y los biocombustibles, que serán desarrollados por Petronor (filial de la petronera) en sus plantas de Euskadi. Tanto los ecologistas como la formación consideran que el futuro de todo el transporte, exceptuando el aéreo por las complicaciones técnicas, deben pasar por la electrificación, no por los fósiles. Además, una enmienda de la formación jeltzale también aprobada por mayoría y a última hora permite destinar el 25% de lo obteivo por las subastas de derechos de emisión para compensar a las instalaciones que sufran «fugas de carbono». Como las de Repsol.
Así, pese a que sobre el papel pueda parecer que una ley climática es una mala noticia para una petrolera (Repsol, de hecho, ha criticado la norma por «priorizar la electricidad»), la compañía cuenta con varias vías de escape, amparadas por la norma, para descarbonizar su cartera sin asumir demasiados riesgos. Lo público pondrá el dinero y el riesgo (la compañía ha solicitado 6.000 millones de euros de los fondos europeos). Y la empresa privada, la más emisora del país durante 2020, pondrá solo la iniciativa.
