El derrumbe de Zaldibar evidencia la falta de control sobre los vertederos en España

Fuente: INFOLIBRE

Este basurero, como otros muchos en toda España, almacenaba más residuos de los que podía y recibía amianto sin un tratamiento adecuado. Los vertederos de España están al límite y suponen un problema medioambiental, social, paisajístico y humano, denuncian las organizaciones ecologistas

Una de las consecuencias más visibles del problema que tiene España con la gestión de sus residuos es la de sus vertederos. El de Zaldibar (Bizkaia, Euskadi) se derrumbó el pasado 6 de febrero y dos de sus trabajadores continúan desaparecidos. La tragedia ha puesto en el foco de la actualidad a muchas de las gigantescas montañas de basura que pueblan el país, y a cuyos impactos ambientales se han sumado los laborales y humanos. “La operación principal que estamos haciendo en España es verter. Somos expertos en vertidos”, resume, con ironía pero también con tristeza, el responsable de residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, reconoció el pasado martes que faltó “control” en Zaldibar: pero, sin que sirva para su descarga, no es el único lugar donde los residuos se abandonan a su suerte.

España acumula 12 millones de toneladas de residuos en los vertederos cada año, una cifra que lo convierte en el país europeo que más volumen de desechos vierte en valores absolutos. De los residuos urbanos, mayoritariamente generados por los ciudadanos en sus casas, el 52% va a uno de estos espacios. Y eso como mínimo, ya que otros muchos materiales en apariencia se reciclan, convirtiéndose en materia prima secundaria, pero tienen tan baja calidad que acaban en vertederos de otros países, como Malasia, exportando así el problema ambiental. “La producción industrial tiene un lado oscuro, sobre la que preferimos no mirar: produce tal cantidad de residuos que luego no sabemos qué hacer con ellos”, resumió este martes en La Cafetera el diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde. Decenas de estos puntos son vertederos ilegales, que España debe clausurar cuanto antes y cuya existencia provoca periódicamente amenazas de multa de la Unión Europea. Pero los legales, como el de Zaldibar, tampoco están exentos de problemas.

Uno de los fallos de “control” a los que se refería Urkullu es que el vertedero de Zaldibar es mucho más grande de lo que debería ser a estas alturas, lo que podría tener relación con el derrumbe, a expensas de lo que diga la investigación. La instalación “tenía una capacidad de 2,74 millones de metros cúbicos y una vida útil de 35 años. Eso supone un vertido de unos 80.000 metros cúbicos y unas 118.000 toneladas anuales. Teniendo en cuenta que el vertido comenzó en 2011 y que en 2017 se vertieron 380.000 toneladas, en 2018 540.000 toneladas y en 2019 510.000 toneladas, se estaba vertiendo entre tres y cuatro veces el vertido autorizado anualmente“, explicó este miércoles Ecologistas en Acción.

Desde la empresa que gestiona el espacio, Verter Reciclying 2000, se asegura que no hay relación entre los residuos que almacenaba el vertedero y el derrumbe. En el momento del accidente, explican, “la capacidad del vertedero aún no estaba colmatada, por lo que mantenía la actividad regular de recepción de residuos, cumpliendo rigurosamente con los procedimientos de control tanto de su recepción como de las condiciones de vertido”. Añaden que “el incremento del ritmo de vertido de los últimos dos años se debe al incremento de la actividad industrial y económica en el País Vasco que traen como consecuencia mayor generación de residuos no peligrosos, unido a la escasez de vertido de algunos vertederos que depositan el mismo tipo de residuos que Verter y que están llegando al final de su vida útil”.

Pese a que la vida útil de la instalación y su capacidad ya indicaban con claridad cuántos residuos nuevos debía albergar el vertedero anualmente, Arribas reclama que la autorización ambiental que el Gobierno vasco concedió al basurero en 2007 debía haber incluido un límite específico de desechos por año. “No ha habido controles ni expediente sancionador”, explica el responsable de Residuos de la organización, que explica que esta falta de inspecciones es habitual en muchos de los vertederos de España, que acogen muchos más desechos de los que podrían permitirse. “Las instalaciones se colmatan rápidamente, mucho antes de lo que se había previsto. Muchas comunidades no tienen vertederos suficientes y lo que sobra se lleva a otros lugares, por lo que se traslada el problema”, asegura.

Pero más allá de la cantidad, el tipo de residuos que se vierte en los basureros también supone un problema y un peligro. En el caso de Zaldibar, y una vez parece descartado que el espacio acogiera otro tipo de residuos tóxicos para los que no tenía permiso, las miradas se han dirigido al amianto. Este vertedero acogía restos de construcción con este material cancerígeno, del cual la aspiración de unas pocas fibras puede llevar a una grave enfermedad pulmonar. Las tareas de rescate de los trabajadores desaparecidos, de hecho, tuvieron que posponerse unas horas debido a que al principio nadie parecía saber que el amianto estaba presente entre la basura y los rescatistas no llevaban los equipos de protección adecuados.

Zaldibar tenía permiso para almacenar amianto. Pero la empresa, según la legislación vigente, tiene la obligación de recluir estos restos “en una celda especial y estanca separada del resto de los residuos“, explica Arribas. La compañía, Verter Recycling 2000, defiende que el amianto “llegaba inertizado en fibrocemento que se vertía encapsulado en plástico, se descargaba por medios mecánicos y se depositaba en lugares específicos para tener conocimiento y control de su ubicación”, aunque los sucesos de las primeras horas del rescate contradicen esta versiónEn otros lugares de la geografía española la situación es más grave: se almacenan residuos peligrosos sin que los espacios estén mínimamente acondicionados para ello.

El caso más flagrante se destapó en el vertedero de Chiloeches (Guadalajara) en 2018. La Guardia Civil desveló una trama para abandonar allí miles de toneladas de residuos peligrosos sin descontaminar, pese a que los responsables fingían que eran llevados a una planta para limpiarlos. Se puso así durante años en riesgo la salud del medio natural y de los trabajadores. El basurero, de hecho, ardió en 2016, expulsando a la atmósfera químicos que no debían estar allí. Pero al margen de este episodio, la práctica, denuncian los ecologistas, es habitual: existen empresas pirata que ofrecen gestionar residuos peligrosos a muy bajo precio, muy inferior al habitual, y para poder mantener ese mínimo coste dejan los desechos en vertederos no autorizados para ello. Camuflan la carga ocultándola en el camión debajo de residuos sí permitidos. “El control muchas veces es ocular” –miran por encima la carga de los camiones– por lo que pasan sin mayor problema, explica Arribas.

Aunque no se trata de una infracción tan evidente, en muchas ocasiones materia orgánica se deposita en vertederos no preparados para ello. Tanto los que almacenan esta clase de desechos como los especializados en materia peligrosa deben cumplir una serie de requisitos para evitar en la medida de lo posible el impacto ambiental: por ejemplo, para que los tóxicos procedentes de la putrefacción de la basura no lleguen al entorno natural inmediato o a los acuíferos del subsuelo. Sin un correcto tratamiento, además, la emisión de metano, un potente gas de efecto invernadero, es mucho mayor. Las llamadas escombreras, vertederos que almacenan residuos inertes y no orgánicos, también reciben restos de pintura, yeso o de electrodomésticos que contaminan el aire y las aguas. La Comisión Europea cifró en 2017 en 338 el número de estos espacios en todo el territorio nacional.

Tanto los vertederos ilegales como los legales que cometen irregularidades suponen en España un serio problema paisajístico, medioambiental y de salud pública: en algunos casos se puede hablar de delitos de fraude perpetrados por cárteles de la basura. En el caso de Zaldibar, se ha producido un accidente por esclarecer que puede cobrarse dos vidas humanas.

La solución: cambiar el modelo

La responsable de residuos de Amigos de la Tierra, Marian Lorenzo, tiene claro cuál es la solución, además del obvio aumento de los controles y las inspecciones en los vertederos: cambiar el modelo. “El sistema de España es finalista: está dirigido a verter y a incinerar cuando lo que nos están diciendo las directivas europeas es que primero hay que reducir, luego reutilizar y después reciclar”, explica. “Los vertederos no son capaces de absorberlo todo y nos están generando problemas medioambientales y sociales de primer nivel”. Para ello, explica un recetario en buena parte compartido por la mayoría de organizaciones ecologistas del país. En primer lugar, luchar contra la obsolescencia programada: los productos que salen al mercado con fecha de caducidad adelantada a propósito para obligar al consumidor a adquirir nuevos cuando se rompen o estropean. “Hay que apoyar además a todas las empresas de economía social que recuperan materiales, que apuestan por la reutilización y la segunda mano…”, añade.

La recogida selectiva en los municipios, añade la activista, tiene un largo camino por recorrer: empezando por la materia orgánica, que en la inmensa mayoría de núcleos poblacionales no se separa. Para los plásticos de un solo uso y los envases, muchos de los cuales estarán prohibidos en la Unión Europea a partir de 2021, Amigos de la Tierra, así como Greenpeace y Ecologistas en Acción, defienden el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), contrario al Sistema Integrado de Gestión (SiG) que representa Ecoembes, mediante el cual los consumidores pagan unos céntimos de más por cada envase que les son reembolsados cuando lo devuelven, una vez utilizado. “Hace falta también una reforma fiscal”, añade Lorenzo, ya que muchos Ayuntamientos no cobran por la tasa de basuras y les sale más barato depositar todos los residuos en un vertedero que apostar por una recogida ambiental y socialmente sostenible. Hay alternativas que ya están funcionando en municipios españoles: recogida puerta a puerta, pago de tasas en función de los residuos que se generan o contenedores cerrados que impiden que los desechos se mezclen.

Todo ello, consideran las organizaciones, ayudaría a llegar al objetivo que la UE reserva a España para 2035: que solo el 10% de los residuos urbanos acaben en vertedero. El Gobierno ya prepara una ley de residuos que intentará aplacar el problema del país con la gestión de residuos, lleno de puntos negros donde se han producido o pueden producirse accidentes como el de Zaldibar y con unas tasas muy inferiores a lo que exige la normativa comunitaria.