El creciente interés de las grandes empresas por el agua embotellada genera resistencias en los territorios contra la apropiación privada de este bien, común y cada vez más escaso. En Andalucía, han destacado en los últimos años los conflictos de Dúrcal (Granada) y el entorno de Antequera (Málaga).

Las previsiones para los próximos años dibujan dos grandes tendencias en cuanto al aprovechamiento del agua, que parecen destinadas a chocar: una disponibilidad cada vez menor en zonas como el sureste ibérico, como resultado del cambio climático; al mismo tiempo, un aumento del consumo en esas mismas zonas, proveniente principalmente de la agricultura. En este escenario de disputa por el recurso se ha añadido en los últimos años una demanda creciente de agua embotellada, protagonizando diversos conflictos socioambientales en Andalucía.

A finales de junio, la empresa Inversiones Domago SL anunciaba que retiraba su proyecto de construir una planta embotelladora de agua en la Sierra de Camarolos, dentro del término municipal de Antequera (Málaga) pero a un kilómetro de la población de Villanueva del Rosario. La decisión llegaba tras una intensa movilización de vecinos y ayuntamientos de la zona en contra del proyecto, preocupados por el abastecimiento de los distintos pueblos que se surten del conjunto de acuíferos que se encuentran bajo la Sierra. “Teniendo en cuenta que el permiso inicial de captación de la empresa era de 6 litros por segundo, lo que equivale a más de 200 hm³ de agua al año, la cantidad utilizada por la embotelladora superaría el consumo anual de Villanueva del Rosario”, explican desde el área de Agua de la Federación Malagueña de Ecologistas en Acción, organización que ha venido apoyando las protestas desde el principio. “Duplicar ese consumo actual habría afectado a Villanueva del Rosario pero también a los demás pueblos que se abastecen del acuífero, como Villanueva del Trabuco, Casabermeja, Colmenar, Alfarnate y Alfarnatejo; se trata de un modelado kárstico en el que los cuatro acuíferos de la zona están conectados, y la extracción en uno afecta a los demás”, añaden.

Ecologistas en Acción: “La cantidad de agua utilizada por la embotelladora superaría el consumo anual de Villanueva del Rosario”

Emilio Tamayo, presidente de la Asociación de Montaña Chamizo de Villanueva del Rosario e integrante de la Plataforma ciudadana contra la extracción y venta privada del agua de la Sierra de Camarolos, comparte estos pronósticos a la vez que subraya la amenaza de los sondeos para el agua en superficie de la zona: “Los niveles freáticos ya bajan muy rápido, y con toda la extracción añadida de la embotelladora la situación sería mucho peor”.

La movilización comenzó a fraguarse a partir del tejido asociativo de los diferentes pueblos afectados, principalmente Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco, con el apoyo posterior de los ayuntamientos. Las protestas recibieron además muestras de solidaridad de fuera de la comarca, como la expresada por el Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba), algunos de cuyos representantes se desplazaron para participar en las concentraciones en Villanueva del Rosario. Como explica Tamayo, “diversos políticos de la comarca de Antequera llevan tiempo reclamando un trasvase desde el embalse de Iznájar, que ha pagado un precio muy alto por su construcción, en términos económicos, ambientales, de población… Por tanto en esa localidad se indignan, con razón, que se reclame agua de su embalse mientras que la que hay aquí se pretenda vender a una empresa privada”.

La extracción de agua mineral se considera como una actividad de carácter minero desde la ley minera franquista de 1973

Otro argumento esgrimido por la Plataforma contra el proyecto ha sido la consideración de la Sierra de Camarolos como Zona de Especial Protección, lo que afecta a las actividades que se pueden realizar en su entorno, incluyendo las de carácter minero. Hay que recordar que la extracción de agua mineral entra en esta categoría, en lugar de formar parte del dominio público hidráulico, desde la ley minera franquista de 1973.

Por otra parte, señala Tamayo, “la empresa ha repetido desde el principio que la embotelladora generaría 100 puestos de trabajo directos; cuando empezamos a ponerlo en duda, pasaron a decir que serían entre directos e indirectos. Cuando tuvimos acceso al expediente vimos que los puestos directos se reducían a ocho. ¿De donde sale la cifra con la que se vendió inicialmente el proyecto?”, se pregunta.

A pesar de la retirada del proyecto, la oposición a la embotelladora no da la batalla por ganada, y la alegría se mezcla con la cautela. En el manifiesto, leído el 3 de Julio por miembros de la Plataforma frente a las obras, una vez anunciado el abandono por parte de la empresa, se expresaba lo siguiente: “Las máquinas se han ido como vemos, pero esta victoria parcial, impensable para algunos cuando se inició esta movilización, no nos satisface por completo, porque aún disponen de la autorización de aprovechamiento de agua, los permisos de Medio Ambiente y del Ayuntamiento de Antequera, y tememos que puedan reactivar en cualquier momento las obras y entonces nada se habrá conseguido”.

Esta misma cautela es la que expresa Tamayo: “El permiso de concesión no ha expirado, y tememos que más adelante la misma empresa u otra distinta reanude el proyecto”. Por otro lado, “queremos consolidar la Plataforma ante otras amenazas que pueda haber más adelante sobre el acuífero, como posibles proyectos de campos de golf de los que hemos tenido conocimiento”.

TRECE AÑOS DE LUCHA CONTRA LA EMBOTELLADORA DE DÚRCAL

En Dúrcal, cabecera de la comarca del Valle del Lecrín (Granada), existe un conflicto similar que tiene sus inicios en 2007. En ese año se construye en el municipio una planta embotelladora que comienza a vender agua mineral con el nombre de Sierra Dúrcal, bajo el control de la empresa Aguas de Sierra Nevada, presidida y participada mayoritariamente por el ex-directivo de Abengoa, Carlos Moreno Bermejo.

Al comenzar su actividad, surgió la Plataforma para la Defensa del Agua del Valle de Lecrín en Sierra Nevada. Según Rosa Fernández, participante de la misma desde sus inicios, las principales quejas de los vecinos eran debidas en un principio a la falta de información sobre la forma en que este proyecto iba a afectar al agua del pueblo y a los terrenos cercanos. “Ni siquiera se notificó a los propietarios del perímetro de protección alrededor de la embotelladora, donde habría actividades que dejarían de poder realizarse e incluso podrían estar expuestos a expropiación forzosa”, indica.

Sin embargo, el rechazo a la embotelladora ha ido definiéndose cada vez más, igual que en la Sierra de Camarolos, en base a la defensa del agua como bien común frente a su privatización, junto a una preocupación por las consecuencias ambientales y de salud de la captación y embotellado. “Nos preocupa, por ejemplo, cómo la extracción de 45 litros de agua por segundo pueda afectar a la Laguna del Padul, único humedal de la provincia incluído en el Convenio Ramsar; o al nivel freático del río Dúrcal, que ya se queda seco en verano muchas veces”, señala Fernández. Como continúa explicando, el agua disponible en el acuífero se ha reducido por la disminución de las lluvias y los cambios en la agricultura. “Si hay agua en el Valle, se debe sobre todo a las precipitaciones en forma de nieve en las zonas superiores de Sierra Nevada, que queda disponible con el deshielo, pero esta nieve es cada vez menor debido al cambio climático”, afirma. Por otro lado, “en cuestión de cincuenta años hemos perdido la agricultura tradicional, que empezaba en las dehesas de la Sierra, y los sistemas de riego tradicionales. Ahora la recarga del acuífero es mucho menor por el entubado de las acequias y la pérdida del riego a manta, que se suele considerar un despilfarro, pero bien hecho puede contribuir a esta recarga”, añade.

Por otro lado, desde la Plataforma advierten también del peligro para la salud que puede suponer la contaminación en el agua del plástico de las botellas, remitiendo a estudios como el del Instituto de Investigación Biosanitaria de la Universidad de Granada, que detectó contaminantes hormonales o disruptores endrocrinos en una muestra de distintos tipos de agua embotellada, en su mayoría envasadas con PET (Polietileno tereftalato).

El juicio del Caso Poniente se ha retrasado diez años debido a su complejidad y ha comenzado a principios de 2020, con algunos de los acusados absueltos por prescripción debido a la dilación del proceso

En 2010, el presidente de la empresa Aguas de Sierra Nevada, Moreno Bermejo, fue imputado en el llamado Caso Poniente. Se trata de una supuesta trama de corrupción alrededor del Ayuntamiento de El Ejido por la que fue detenido el conocido alcalde del momento, Juan Enciso, y otras veinte personas. Posteriormente, fueron procesadas hasta 49 personas en total por el desvío de fondos de la empresa mixta semipública, encargada precisamente de la gestión del servicio municipal de agua, y que se encontraba participada en un 70% por Abengoa, la empresa de la que procedía Moreno Bermejo. El juicio se ha retrasado diez años debido a su complejidad, y ha comenzado a principios de 2020, con algunos de los acusados absueltos por prescripción debido a la dilación del proceso.

En 2019, la empresa Aquadeus compró la planta embotelladora, retomando la producción. Esta firma es parte del Grupo Fuertes, holding formado por más de veinte empresas entre las que se encuentra la conocida marca de productos cárnicos El Pozo Alimentación. El interés de los grandes grupos empresariales por el agua mineral puede enmarcarse en el crecimiento que ha tenido este mercado tanto en España, con un incremento del 50% desde el año 2001 según la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebidas Envasadas, como a escala global. Se trata de un sector muy concentrado donde grandes multinacionales como Nestle, Danone o Coca-cola ocupan los primeros lugares, con un volumen de negocio elevado.

En estos años, ha aparecido otro elemento en la disputa por el agua en esta zona: la extensión del cultivo de aguacate desde la costa de Granada y Málaga. Según explica Fernández, en el Valle del Lecrín se están arrancando por este motivo cada vez más naranjos y olivos, cultivos que en esta zona se plantan juntos tradicionalmente. Se trata de una combinación que trata de aprovechar la mayor resistencia de los olivos al frío para disponerlos rodeando a los naranjos, de forma que les sirvan de protección ante las heladas. “Se está sustituyendo este paisaje único por aguacates, más demandantes de agua pero que se pagan más caros, debido a la burbuja que existe actualmente alrededor de este cultivo”.

Rosa Férnandez (Plat. Defensa del Agua del Valle de Lecrín): “Danone ha comprado en Lanjarón los derechos de riego de una comunidad de regantes entera”

A partir de la reapertura de la planta se ha reactivado la oposición a la misma, aunque con menos fuerza que en la década anterior. Fernández lamenta que se haya instalado en buena parte del pueblo la idea de que la embotelladora pueda ser un motor económico similar al que supone esta actividad en el cercano Lanjarón. “Aparte de que es irreal, hay que preguntarse a qué precio. Danone ha comprado en Lanjarón los derechos de riego de una comunidad de regantes entera. No se pueden dejar nuestras reservas de agua, cada vez más valiosas, en manos de multinacionales”, concluye.

UN ESCENARIO GLOBAL DE ACAPARAMIENTO DE AGUA

En el mismo sentido de las afirmaciones de Rosa Fernández se expresa Edurne Bagué, doctora en Antropología Social e investigadora en gestión comunitaria y municipal del agua. En su opinión, “hay un interés a nivel global en la privatización del agua, dentro de un interés más general por el acaparamiento de los recursos estratégicos acentuado por las pespectivas de escasez”. Se trataría de una escasez generada socialmente: “Sobre el papel el agua no tiene por que ser limitada, porque cambia de estado y se mueve, pero se generan desequilibrios cuando los usos que se hacen son intensivos y no se permite que estos ciclos del agua puedan recuperarse, como en el caso de la extracción de los acuíferos por encima de su capacidad de recarga”, explica Bagué. De esta forma “determinados usos no permiten que los sistemas hídricos se puedan recuperar y mantener reproduciendo sus ciclos, imperando por tanto una lógica de apropiación y sustracción de lo común hacia manos privadas, que puede definirse en muchos casos como expolio”, señala.