No parece que las instituciones, en sus diferentes niveles, o las empresas, se estén preparando para lo que está por venir a causa del cambio climático. Filomena es un ejemplo, pero hay muchos más que se nos han ido olvidando con facilidad. Nos dirigimos a un territorio desconocido que exige una respuesta global fuerte para mitigar el calentamiento global, pero también para adaptarnos a los nuevos escenarios climáticos.

La borrasca Filomena ha consagrado en el imaginario colectivo una nueva era en la que la normalidad se entiende ya como una consecución de sucesos extraordinarios. Aunque cada uno de ellos nos hace olvidar demasiado rápido el anterior.

Hace un año el temporal Gloria registraba la ola más alta en el mar Mediterráneo arrasando el Delta del Ebro y la costa catalana y valenciana. En 2018 las inundaciones de Mallorca, consecuencia de precipitaciones de hasta 220 litros por metro cuadrado durante cinco horas seguidas, provocaron una de las catástrofes más graves en los últimos 25 años en España.

Más lejos queda la ola de calor de 2017 que desató otra crisis en las escuelas, colegios e institutos españoles que soportaron temperaturas interiores de entre 35 y 40 grados sin ningún sistema de ventilación y refrigeración disponible. La respuesta entonces no fue muy distinta a la que se ha decidido estos días con la nevada: suspender las clases. Y las reacciones de los políticos en estos años tampoco han variado mucho. Si con la nevada el Presidente de Aragón, Javier Lambán, se mofaba de las predicciones científicas que advertían la reducción de nieve en las estaciones de esquí, hace cuatro años el Consejero de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez, recomendaba hacerse abanicos de papel para combatir el calor extremo. Este tipo de declaraciones, además de irresponsables, nos deberían llevar a una reflexión: ¿está nuestra sociedad preparada para afrontar los efectos del cambio climático que están por venir?

La crisis climática se está manifestando en el presente con crudeza, batiendo récords de temperaturas prácticamente cada año; 2020 ha sido declarado el año más cálido de la historia. Y en un clima cambiante, las anomalías y los eventos extremos son cada vez más habituales. Según el Foro Económico Mundial los fenómenos meteorológicos extremos serán uno de los principales riesgos globales para la salud y seguridad de las poblaciones en la próxima década. Y España es uno de los países más vulnerables a las alteraciones del clima por ubicarse en la cuenca mediterránea, entre dos áreas, la tropical y templada.

Nos dirigimos a un territorio desconocido que exige una respuesta internacional fuerte para mitigar el calentamiento global pero también para adaptarnos a los nuevos escenarios climáticos.

Por un lado, es inaplazable reforzar la acción global para garantizar un mínimo umbral de seguridad, porque aún estamos a tiempo de evitar un cambio climático catastrófico si limitamos el calentamiento por debajo de 1,5-2 ºC para mediados y finales de siglo. La vuelta de EE.UU. al Acuerdo de París adoptada por Biden, es una buena noticia para aumentar la ambición en la reducción de las emisiones mundiales. Recordemos que la pandemia pese a haber puesto el mundo patas arriba, no ha impedido que siga aumentando la concentración de CO₂ en la atmósfera, alcanzando un máximo de 413 ppm en 2020.

Por otro lado, la ambición de la acción climática también hay que trasladarla a la esfera de la adaptación para activar medidas que permitan la anticipación, la adecuación de la vida humana y la conciliación de los ecosistemas sociales a un nuevo clima. Tenemos que tener en cuenta que el sistema climático ya está comprometido por decenios de miles de años. Aunque hoy mismo frenásemos de golpe la emisión de gases de efecto invernadero, todo lo ya emitido desde la revolución industrial por la quema de combustibles fósiles va a condicionar el clima del futuro.

Ambición en las políticas de adaptación

Actualmente son pocas las ciudades que disponen de planes de adaptación al cambio climático, a pesar de que estas áreas urbanas concentran grandes vulnerabilidades y riesgos climáticos. Sólo 11 de las 54 capitales de provincia españolas disponen de estos planes según una evaluación realizada por el BC3, y además no están diseñados para ser efectivos frente al calentamiento global. Impulsar la adaptación local no sólo representa un desafío para los ayuntamientos, sino que requiere escalar las responsabilidades e incluir los retos climáticos urbanos en la agenda política autonómica y estatal.

En materia de salud, la mayoría de las Comunidades Autónomas no cuentan con planes de prevención frente a olas de frío, acusando también la ausencia de un plan estatal de referencia que sin embargo sí existe para el caso del calor extremo. Algo difícil de entender ya que nuestro país presenta la segunda tasa más alta de exceso de mortalidad invernal, de acuerdo a una investigación llevada a cabo en 14 países europeos.

El Gobierno de España ha aprobado el II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, y ha anunciado la modificación de la Ley de Costas y la elaboración de la Estrategia para la Protección de la Costa Española, la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal.

También las empresas tendrán que reforzar y reevaluar continuamente sus estrategias de reducción de riesgos si quieren mejorar su resistencia a las crisis futuras. Un estudio de ISTAS, señala que en opinión de la población trabajadora, las empresas y organizaciones están en un nivel muy bajo de preparación ante la emergencia climática. En particular en relación a la información que facilitan, la capacitación del personal, la adopción de protocolos de trabajo seguro en condiciones ambientales extremas o la capacidad de cooperar con otros actores. El informe revela que un 44% de las personas encuestadas piensa que su empresa es poco o muy poco proactiva en hacer frente a los riesgos y oportunidades climáticas.

La pandemia del coronavirus y la nefasta gestión de Filomena en la Comunidad de Madrid nos han mostrado la importancia de disponer de un sólido sector público, de sistemas de protección social, de empleo de calidad o de suministros asequibles de energía o agua ante nuevas crisis. El rol de los servicios públicos en áreas como la educación, la salud pública o el transporte, es esencial para contribuir a políticas climáticas justas y eficientes, a paliar la pobreza y por tanto reducir la vulnerabilidad al cambio climático. La acción climática debería asegurar un vínculo entre las políticas de adaptación y el refuerzo de los sistemas de protección social y los servicios públicos a nivel nacional y local. Garantizar unos ingresos mínimos, las prestaciones por desempleo, los cuidados y la protección de la maternidad, la asistencia médica, las pensiones, la ayuda a la dependencia,… tiene un potencial real a la hora de garantizar medios de subsistencia a las personas en riesgo.

Por último, otra de las lecciones a extraer y a aplicar ante futuras crisis es que los barrios, las redes vecinales y la sociedad civil organizada han respondido de forma extraordinaria donde muchas veces las instituciones no llegaban. La fortaleza y la calidad de nuestras relaciones sociales o la apuesta por los productores locales y el comercio de proximidad pueden marcar la diferencia en el futuro. Volviendo al imaginario colectivo: que la invasión marciana nos pille unidas y organizadas.

¿Cuáles podrían ser las áreas de intervención prioritaria para mejorar nuestra adaptación al cambio climático?

• Reforzar las políticas de salud pública. Vivir y trabajar en un planeta más caliente requerirá reforzar el conocimiento, la gestión y los medios disponibles para minimizar las consecuencias ante la mayor frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos, pero también ante la proliferación de enfermedades vectoriales e infecciosas, y episodios de alta contaminación atmosférica.
• Regeneración de las ciudades, a través de la rehabilitación energética de edificios que aíslen las viviendas ante las temperaturas extremas; adopción de soluciones para el reverdecimiento y revegetación del espacio urbano, incorporación de soluciones de sombreado, aumento de fuentes públicas de agua, renaturalización de ríos urbanos con criterios de ecología fluvial.
• La restauración ecológica y la protección de la biodiversidad como barrera protectora para la propagación de enfermedades. Esta pandemia nos ha enseñado la conexión intrínseca entre la salud ambiental y la salud humana.
• Reducción de la huella humana en el ciclo del agua, gestionando adecuadamente la demanda de recursos, aumentando la vigilancia e inspección de la contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos, reforzar el sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales, etc.
• Plan integral de defensa del litoral para proteger a la población y los ecosistemas costeros ante la subida del nivel del mar, la regresión de la línea de costa y la intrusión marina en deltas. Para ello es fundamental promover la sostenibilidad del turismo, la pesca o gestión portuaria, revisar concesiones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre o la regeneración de los sistemas dunares, entre otros.
• La gestión forestal sostenible orientada a aumentar la resiliencia de las masas forestales, a través de la conservación y promoción de bosques mixtos; revegetar con especies autóctonas más resistentes a las sequías     -como el monte mediterráneo-; prevenir y extinguir los incendios forestales, cada vez más frecuentes y peligrosos, con más recursos materiales y humanos.