Las medidas que propone la ciencia para salvar el Mar Menor y de quién es la responsabilidad política de aplicarlas

Fuente: infolibre

Los expertos consideran fundamental un cambio en el modelo agrícola de la zona y que se desmantelen los regadíos ilegales, un asunto que compete tanto al Gobierno central como al Ejecutivo autonómico. La administración regional, por su parte, es la encargada de controlar e intentar reducir los nitratos que llegan a la laguna, responsables de la asfixia de los animales marinos

El Mar Menor lleva décadas muriéndose. Y, cada cierto tiempo, da buenas muestras de ello. La laguna salada más grande de Europa –170 kilómetros cuadrados de superficie– lleva ya once días escupiendo a las playas de la zona miles y miles de peces muertos. No es la primera vez que ocurre algo parecido. Ya pasó en 2016. Y en octubre de 2019, cuando una DANA azotó con fuerza la costa este del país. Pero el desastre es cada vez mayor. En apenas una semana, las autoridades han recogido de la orilla nada menos que 4,5 toneladas de animales marinos, 1.500 kilogramos más que hace un par de años. Ejemplares asfixiados por una falta de oxígeno en las aguas de la que las organizaciones ecologistas responsabilizan a la agricultura industrial. Los activistas exigen que se vaya a la raíz del problema para intentar salvar la laguna. Y que se aplique, si es preciso, mano dura. Mientras, los responsables políticos se responsabilizan entre sí de la situación.

El desgaste no es nuevo. El Mar Menor lleva décadas encadenando agresiones. Primero fue la actividad minera. Luego, llegó el turismo y la urbanización sin control. Sin embargo, consideran los expertos, ha sido la agricultura intensiva la encargada de darle la puntilla. Los nitratos que proceden del abono de los campos de cultivo de los alrededores terminan en el Mar Menor, lo que provoca un crecimiento exponencial de microalgas que terminan captando el oxígeno del agua. Es entonces cuando los animales marinos se dirigen a la orilla en busca de agua oxigenada. Y ahí acaban, asfixiados. “Es un infierno, las imágenes son dantescas. Te acercas al agua y ves a miles de peces boqueando y muriendo frente a ti”, señala Isabel Rubio, de la plataforma Pacto por el Mar Menor. Un fenómeno que, avisan los colectivos ecologistas, “cada vez se repite con mayor gravedad”. La variedad y el tamaño de las especies encontradas ha ido en aumento.

Los avisos de la comunidad científica siempre fueron contundentes. Nunca dejaron lugar a dudas. “Otra de las grandes sombras que oscurecen el panorama del Mar Menor es el Trasvase Tajo-Segura. Cientos de hectáreas de tierras de secano serán puestas de regadío en todo el Campo de Cartagena. Este proceso traerá al Mar Menor una serie de compuestos procedentes de la agricultura, como son: insecticidas, pesticidas, plaguicidas, abonos… todos ellos altamente tóxicos y muy persistentes y que de llegar al Mar Menor en cantidades importantes podrían aniquilar en poco tiempo su flora y fauna”, alertaba Francisco Faraco, investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO), en mayo de 1980 en el marco de unas jornadas sobre la albufera. Hace un par de años, un informe del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) estimaba que se había perdido un 85% de la extensión inicial de praderas marinas de la laguna.

En la década de los noventa, la concentración de nitratos en las aguas del Mar Menor se mantenían por debajo de 0,062 mg/L. En los primeros meses de 2017, según el anterior estudio, se llegaron a obtener valores medios de concentración superiores a 0,37 mg/L. La laguna, avisan los ecologistas, se muere. Por eso, las principales organizaciones consideran fundamental ir a la raíz del problema. “Hay que limitar la cantidad de cultivos intensivos y de nitratos que utilizan”, sostiene Pedro Luengo, biólogo y portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia. En la misma línea se posiciona Rubio: “Yo no digo que la construcción no suponga un perjuicio, pero la clave se encuentra en la agricultura. Es necesario llevar a cabo una reconversión del actual modelo“.

Coto a los regadíos ilegales

Solo entre 1988 y 2009, la superficie destinada a regadío en una de las zonas más áridas de la península aumentó más de un 140%. A esto hay que añadir, además, todos aquellos terrenos sin derecho a aprovechamiento de agua. Es decir, regadíos ilegales. El pasado mes de diciembre, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) calculaba que había unas 8.460 hectáreas. “Hay que volver a mandar a secano lo ilegal”, apunta la portavoz de Pacto por el Mar Menor. Desde 2018, la CHS ha remitido a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Murcia 132 expedientes para ordenar la restitución de unas 2.278 hectáreas a su estado original. En base a todos estos, el Ejecutivo murciano ya ha ordenado la restitución de 940. ¿Y quién tiene la competencia para resolver este asunto? En este caso, es compartida entre el Ejecutivo central y el Gobierno murciano.

Según establece la Ley de Aguas en su artículo 94, los organismos de cuenca –las confederaciones hidrográficas– deben encargarse de “la inspección y control del dominio público hidráulico”, de la “inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico” o de la “inspección y vigilancia de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas públicas”. No obstante, y así se recoge en la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor aprobada por el Ejecutivo del conservador Fernando López Miras, “las competencias del organismo de cuenca” no impiden que “la administración regional pueda exigir también actuaciones de reposición de los regadíos ilegales”, y así se recoge en el artículo 33 de la norma. Moncloa acusa al Gobierno murciano de no exigir a los propietarios la restitución de los terrenos, algo que el Ejecutivo autonómico niega.

Control sobre los nitratos

Luego están los nitratos. “Hay que limitar esa entrada”, dice el portavoz de Ecologistas en Acción. ¿Y a quién corresponde hacerlo? A la administración regional. El Real Decreto 261/1996 obliga a las comunidades a determinar o declarar las masas de agua que se encuentran afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por la aportación de nitratos. Ya lo hizo en 2016, declarando como zona vulnerable a los acuíferos Plioceno y Cuaternario, en un pésimo estado químico y que se calcula que inyecta al Mar Menor anualmente 1.575 toneladas de estos compuestos. Y en 2019 con la masa de agua costera de la laguna. Una vez designadas, los órganos competentes de las comunidades deben establecer los programas de actuación a fin de prevenir y reducir la contaminación. Y si no son suficientes, se deben adoptar medidas adicionales.

Ese Real Decreto, en base a lo que establece la normativa europea, fijaba una serie de cantidades máximas de estiercol aplicadas al terreno: “La cantidad específica por hectárea será la cantidad de estiércol que contenga 170 kg/año de nitrógeno. No obstante, durante los primeros programas de actuación cuatrienal se podrá permitir una cantidad de estiércol que contenga hasta 210 kg/año de nitrógeno”. “No tenemos constancia de que esto se esté controlando”, denuncia Julio Barea, responsable de Agua de Greenpeace y doctor en Geología, con la especialidad de Hidrogeología . “No hay control, y eso es también responsabilidad del Gobierno autonómico”, dice Rubio.

Barreras vegetales

Más allá de poner coto a la agricultura intensiva, desde Ecologistas en Acción también plantean dentro del abanico de soluciones la “creación de filtros verdes”: “Hay que plantear medidas basadas en la naturaleza, revegetando las ramblas o aumentando los humedales perimetrales”, sostiene Luengo. En este sentido va, justamente, la proposición de Ley presentada por Unidas Podemos el pasado mes de julio para la creación de un Parque Regional en el Mar Menor. Que salga o no adelante depende exclusivamente de los diferentes grupos políticos. Desde el colectivo ecologista recuerdan que “este tipo de medidas” tienen “éxito”. De hecho, el Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menorelaborado por el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, ya recogía en 2017 que “estudios de campo y experimentales” habían demostrado que el humedal de la Marina del Carmolí –en la zona central– “actúa como filtro verde depurando las aguas que fluyen a través suyo, retirando nitrógeno del sistema e inmovilizando el fósforo en los suelos”.

Dragar la gola y colector Vertido Cero

El Ejecutivo murciano, por su parte, apuesta por abrir la gola de Marchamalo, uno de los canales que comunican el Mar Menor con el Mediterráneo, para que entren las aguas de este último y se pueda oxigenar la laguna. El presidente López Miras anunció esta posibilidad el pasado sábado, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, argumentando que era una medida “más que necesaria” que veían con buenos ojos desde el Comité Científico. Sin embargo, ni los expertos ni el Ejecutivo central ven con buenos ojos la propuesta. “No podemos acometer este tipo de acciones sin saber a lo que estamos jugando”, sostenía en declaraciones a Europa Press el experto del Instituto Español Oceanográfico (IEO) Juan Manuel Ruiz. “Quizá el Mar Menor se oxigenase, pero se alteraría su salinidad, superior a la del Mediterráneo, y entrarían más especies invasoras”, señalaba el fin de semana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que visitará este miércoles la zona.

Por otro lado, el Gobierno autonómico pide al central que se ponga las pilas para tener listo cuanto antes el proyecto del Colector Norte. “Tendría efectos muy favorables”, decía hace unos días la directora general del Mar Menor, Miriam Pérez. La idea es que esta obra permita transportar hacia la desnitrificadora de El Mojón los caudales que procedan de redes de drenaje del Campo de Cartagena y del acuífero para atajar la llegada de nitratos a la laguna. A comienzos de agosto, el expediente regresó de nuevo a la Confederación Hidrográfica del Segura para su tramitación definitiva. Los colectivos ecologistas, sin embargo, dudan que vaya a ser la panacea. Y, sobre todo, lo consideran una excusa para evitar entrar de lleno en lo que ellos consideran que es el origen del problema: la agricultura industrial.