Nueva normalidad, nuevas metas: partidos y ecologistas reclaman que la ley climática endurezca su ‘horizonte 2030’

Fuente: INFOLIBRE

No entienden cómo la norma no ha actualizado desde el año pasado el horizonte de reducción de emisiones para la próxima década: hay más margen y más necesidad de ambición. Transición Ecológica propone reducir para 2030 las emisiones “al menos un 20%” en consecuencia con lo que pide la UE pero, aseguran sus detractores, lejos del papel de referencia de España en la acción climática

Tras años de retraso, desidia, obstáculos y varios cambios de Gobierno de por medio, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha llegado por fin al Congreso. Los últimos pasos del Ejecutivo hasta afinar la norma también se han hecho de rogar: el primer borrador fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2019 y el texto definitivo, a la espera de la contribución del Parlamento, se ha publicado en mayo de 2020. La pandemia y su impacto devastador, evidentemente, han influido. Sin embargo, voces de la oposición política y social implicada en la acción climática consideran que la ambición del anteproyecto no puede ser la misma que la del año pasado. El mundo es distinto –probablemente a peor–. La Unión Europea se está poniendo las pilas. La COP25 pasó por Madrid y encumbró a España como referente climático. Y la emergencia climática avanza: cada segundo que pasa es un poco más tarde.

El Gobierno se propone reducir, en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, “al menos un 20%” las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 con respecto a 1990, el año habitual de referencia. La meta, a corto plazo (solo falta una década) es exactamente la misma que en febrero de 2019. E inferior a la que se plantea en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (el documento remitido a la Comisión Europea para que el club comunitario sepa de los avances de cada Estado miembro), que establece un 23% y no utiliza la expresión inconclusa al menos. Transición Ecológica modificó el anteproyecto para dejar claro un argumento que ya se encargaba de dejar claro a los medios desde el primer borrador: es más de lo que la Comisión Europea exige.

La cuestión es que la Comisión Europea está en el proceso de mejorar su ambición de cara a 2030, por lo que pronto podría dejar de ser suficiente. Y al margen de los deberes que encarga Bruselas, ecologistas y expertos afirman que no es suficiente por varias razones. En primer lugar, porque ha pasado más de un año. En segundo lugar, porque al menos una parte del camino está hecho, debido al descenso de las emisiones fruto del confinamiento. Y en tercer lugar, porque el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas reclama un 7% de reducción global anual de emisiones si queremos tener alguna posibilidad de que el calentamiento global sea manejable. Esa cifra es a nivel mundial: no tiene por qué aplicarse a todos los Estados de manera literal. Pero la distancia es, consideran, demasiado amplia.

“Han cogido la ley que tenían preparada desde hace meses y han pensado: ‘saquémosla ahora, que el mundo cambia muy rápido'”, opina el director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto. “No han actualizado los cálculos”, asegura, con respecto a las emisiones del país en 2019 y 2020, lo que hace difícil adaptar el objetivo a una realidad cambiante. Entiende Prieto que si las emisiones descienden el margen es más amplio y, por lo tanto, no hay excusas para una mayor ambición. “La reducción propuesta es del 2% anual”, calcula, extrapolando el objetivo a 2030 a los esfuerzos que deben realizarse cada año: “No es una ambición climática desmesurada”.

“Se queda bastante corto”, coincide el experto en cambio climático y diputado de la Asamblea de Madrid por Más Madrid Héctor Tejero. “Es cierto que es más ambicioso de lo que le exigía la Comisión Europea, pero es que ese objetivo lleva más de un año y no se ha modificado”. El coautor de Qué hacer en caso de incendio considera que no se trata tanto de aprovechar la reducción de emisiones causada por el coronavirus, sino de que la situación política es muy distinta ahora con respecto a febrero: la práctica totalidad del mundo ha asumido que es necesario mejorar los compromisos para evitar los peores efectos del cambio climático.

Más País defenderá en el Congreso una reducción de las emisiones del 45% para 2030 con respecto a 1990. Ecologistas en Acción va más allá: propone que sea entre el 50% y el 55%. “Creemos que los objetivos tienen que responder a la ciencia”, argumenta el portavoz de Cambio Climático de la organización, Javier Andaluz. Ecologistas lamenta que sus exigencias, sobre todo en lo relativo a los objetivos, no hayan sido escuchadas: confirman que seguirán presionando. “El Gobierno tiene que justificar por qué se separa del horizonte del grado y medio” fijado por el Acuerdo de París, resume el activista.

Tejero confía en que tanto en el proceso de debate parlamentario que precederá a la publicación en el BOE como en los próximos años se endurezca el horizonte 2030. Parece mucho tiempo, pero 10 años son un parpadeo en términos climáticos. Para el diputado, es mucho más importante que la meta a 2050, donde se propone llegar a la “neutralidad climática”: “Para 2050 queda mucho tiempo y la tecnología puede haber evolucionado muchísimo. Pero dentro de 10 años tendremos prácticamente la misma”. Cree también que el Gobierno aceptará enmiendas que endurezcan la reducción. La vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que escucharán propuestas que aumenten la ambición del texto.

Otras carencias

A pesar del objetivo de 2030, las fuentes consultadas coinciden en que la Ley de Cambio Climático era necesaria y un buen paso hacia “la dirección correcta”, pero que hay ausencias difíciles de entender. Mencionan, por ejemplo, la agricultura: responsable del 12% de emisiones de gases de efecto invernadero en el país y que “ha aumentado un 13% su impacto desde los 90”, cifra Prieto. No hay ningún plan, o ningún esbozo de plan, para mitigar su impacto, más allá de la adaptación del sector al aumento de temperaturas que se vivirá en los próximos años. “La proliferación de las granjas de ganado, uno de los grandes problemas climáticos en España, tampoco se menciona”, añade Andaluz.

En el anterior borrador de la Ley de Cambio Climático de febrero no se menciona ni una sola vez la palabra ferrocarril, y la actualización de mayo no la ha incluido. “El transporte ferroviario es uno de los retos que tiene el país. Arrastramos una política que ha sido equivocada”, considera Tejero, en referencia a la adicción a la alta velocidad de Gobiernos de PP y PSOE mientras las líneas convencionales se abandonaban. “El AVE está muy bien para ir de Madrid a Barcelona, pero lo importante es que las conexiones a los puertos tuvieran conexión por ferrocarril” para que el transporte de mercancías sea lo más limpio posible. Es clave, además, “para poder quitar los vuelos de corta distancia, que es una reivindicación muy razonable”, asegura el diputado, y un debate que sonaba cada vez con más fuerza hasta que la pandemia impuso el monotema.

En cualquier caso, el Gobierno asegura que la Ley de Cambio Climático no tiene ánimo exhaustivo: se trata de fijar unas líneas maestras para que el país transite el camino hacia la descarbonización en base a criterios fijos y estables, que generen confianza. Reglamentos, planes, decretos y estrategias la completarán. Además, los objetivos de reducción de emisiones pueden actualizarse fácilmente, siempre que sean más ambiciosos. Pero desde determinados sectores de la acción climática se tiene la sensación de que puede haberse perdido una gran oportunidad para dar un paso al frente en la lucha.