La Comisión Europea ha propuesto una reducción de “al menos el 55%” de emisiones de gases contaminantes en la UE para el año 2030, en lugar del 40% fijado hasta ahora. Repasamos cuáles son los plazos del nuevo plan y sus implicaciones

Cuando la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, subió a la tribuna de oradores del Parlamento Europeo el pasado miércoles, el primer tema que trató no fue ni la pandemia que en estos momentos tiene en jaque a políticos de todo el planeta ni la previsible crisis económica que se avecina. En su esperado discurso sobre el Estado de la Unión, el protagonista absoluto fue la crisis climática, un detalle que deja muy claro cuál es la prioridad absoluta y principal objetivo del actual Ejecutivo europeo: combatir el calentamiento global.

Apoyados en las peticiones del propio Parlamento y las presiones de empresas y sociedad civil, los dirigentes de la Comisión Europea han presentado esta semana su plan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en al menos un 55% de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Según ha explicado el vicepresidente del organismo, Franz Timmermans, “este nivel de ambición para la próxima década situará a la UE en una senda equilibrada para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050”.

En cualquier caso, han asegurado desde la Comisión, se trata de un plan “realista y viable”. Sobre todo, porque con la estrategia actual se corre el riesgo de no lograr la neutralidad climática para 2050 y sería necesario acelerar las reducciones anuales después de 2030. Además, las políticas existentes tampoco brindan la previsibilidad requerida para los inversores sobre los objetivos europeos a medio y largo plazo.

Sin embargo, ¿qué significa exactamente este aumento de ambición por parte de la Comisión? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar y qué necesidades de inversión se van a crear? ¿Cuándo estará el objetivo del 55% firmemente anclado en las políticas de cada país miembro de la UE?

Un largo camino hasta junio de 2021

El documento para aumentar la ambición presentado por la Comisión esta semana es una especie de hoja de ruta sobre las acciones necesarias en todos los sectores de la economía para lograr este camino de descarbonización más ambicioso. Principalmente, describe qué piezas de legislación revisará la Comisión para implementar este aumento de ambición, entre las que están el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, el Reglamento Forestal, la Directiva de Energías Renovables o las Normas de Rendimiento de Emisiones para la regulación de automóviles y furgonetas.

Sin embargo, este es solo el principio del camino. La propuesta legislativa final solo se presentará tras una amplia consulta pública y las pertinentes evaluaciones de impacto exhaustivas, por lo que la Comisión no prevé que su plan para aumentar la ambición en el recorte de emisiones esté listo hasta junio de 2021. Además, tendrá que revisar la Ley Europea de Clima, que fijará la obligación legal de que la UE sea climáticamente neutra para el 2050 y se encuentra actualmente en tramitación, para que incorpore el nuevo objetivo intermedio.

Eso sí, las autoridades europeas ya han aportado algunas pistas sobre las medidas necesarias para lograr esta reducción de emisiones y la clave parece que estará en los mercados de carbono europeos. Y es que, hasta ahora, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE ha demostrado ser una herramienta eficaz. Hay suficiente evidencia que demuestra que, cuando el precio del carbono es lo suficientemente alto, se convierte en un fuerte impulsor del cambio inmediato y en una clara señal económica para privilegiar inversiones bajas en carbono, contribuyendo así de manera decisiva al despliegue de tecnologías de energía renovable y eficiencia energética.

La Comisión apunta que se podría desarrollar un mercado de carbono ampliado para incluir el transporte por carretera y los edificios, con el objetivo de potencialmente cubrir todos los usos de combustibles fósiles. Eso sí, todavía hay dudas sobre cómo podría aplicarse esta herramienta a sectores como la aviación o el transporte marítimo, que por su naturaleza internacional son más complicados de regular unilateralmente, a pesar de la reciente petición de la Eurocámara.

También parece casi seguro que se revisarán los estándares de rendimiento de emisiones de CO2 para automóviles, que hasta ahora han sido el principal impulsor para garantizar el suministro de vehículos limpios modernos e innovadores, incluidos los automóviles eléctricos.

Impactos económicos y sociales

En las últimas tres décadas, la UE ha logrado algo que parecía una quimera hasta hace poco: desvincular el aumento de las emisiones y el crecimiento económico, con una caída de las emisiones netas de gases de efecto invernadero del 25% entre 1990 y 2019 al mismo tiempo que el PIB crecía un 62%. Pero, según apunta la Comisión, es necesario acelerar esta separación y el coronavirus nos ha proporcionado la excusa perfecta, ya que la recuperación económica de la pandemia de COVID-19 requiere un impulso masivo de inversión. Si esto se hace en línea con una mayor ambición climática, se podría proporcionar un estímulo económico a corto plazo que acabaría fomentando el crecimiento sostenible a largo plazo.

En las circunstancias actuales, donde la economía está operando por debajo de su potencial debido a la pandemia, el impulso de inversión necesario para lograr una mayor ambición climática podría proporcionar un estímulo muy necesario. Por el contrario, invertir en tecnologías intensivas en carbono puede estimular la recuperación a corto plazo, pero crearía activos que en poco tiempo serían tóxicos al no abordar el desafío del cambio climático y provocarían la necesidad de inversiones adicionales más adelante.

Aquí es donde entrarían en juego de nuevo los mercados de carbono, ya que ponerle un precio a las emisiones conduce a mejores resultados macroeconómicos. Por un lado, porque esto brinda un incentivo económico para reducir las emisiones de manera rentable y desvía externalidades que actualmente asumen la naturaleza y la sociedad en su conjunto hacia las empresas contaminantes. Pero, sobre todo, porque genera ingresos que pueden usarse para fines sociales y ambientales, como reducir los impuestos sobre el trabajo, fomentar inversiones de capital verde y apoyar a los hogares de bajos ingresos.

Como adelantaba Von der Leyen en su discurso del miércoles, “la transición ecológica será justa o no será”. Y es que la UE quiere prestar especial atención a brindar apoyo a los más vulnerables de nuestra sociedad durante esta transición para garantizar que “nadie se quede atrás”. Para esto, serán vitales políticas europeas como el Mecanismo de Transición Justa y el Fondo de Transición Justa, que apoyará a las regiones en las que el carbón o la industria intensiva en energía aún juegan un rol importante.

En lo que respecta a las necesidades de inversión, la Comisión prevé que para lograr este objetivo del 55%, la inversión anual en el sistema energético deberá ser unos 350.000 millones más alta en la próxima década (2021-2030) que en la década anterior (2011-2020). También apuntan a que será necesario inyectar importantes sumas de capital en la rehabilitación de edificios y una transición digital que fomente el teletrabajo ahorrando desplazamientos. Además, advierten de que dirigir los fondos a las inversiones adecuadas “es más importante que nunca en el contexto actual, ya que nuestras economías no pueden permitirse invertir en activos que pueden volverse obsoletos en el futuro cercano”.

El rol de los estados miembro

En cualquier caso, el plan de la Comisión necesita del apoyo unánime de los estados miembro para salir adelante el próximo junio, un consenso difícil de obtener sobre todo por la posición de países que aún dependen mucho del carbón, como Polonia. Sin embargo, las autoridades europeas son optimistas al respecto, ya que el objetivo del 55% de reducción de emisiones se aplicará al conjunto de la UE y no individualmente a cada nación. Esto facilitaría las negociaciones ya que países muy avanzados en su descarbonización, como Holanda o Dinamarca, podrían compensar los previsibles retrasos en el recorte de emisiones en el bloque del Este. También será clave el reparto de los fondos de transición justa para lograr esa unanimidad.

Además, por el momento, parece que vamos por el buen camino para aumentar esa ambición. Según la Comisión, que ha avanzado un primer análisis general de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que los países debían enviar a Bruselas, los estados miembro están acelerando su transición energética y climática.

De hecho, los planes presentados indican que casi todos los estados miembro están eliminando el carbón o han fijado una fecha de eliminación. Se prevé que el uso del mineral más contaminante disminuya en un 70% en comparación con 2015, y se prevé que la electricidad renovable alcance el 60% de la producida para 2030. Aún así, las tendencias positivas del mercado y la inversión deberán ir acompañadas de mayores esfuerzos estatales para eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles, como ya recomendó la Comisión en 2019.

Es más, los PNIEC indican que los Estados están en camino de superar el objetivo actual del 40% de reducción para 2030. Sobre todo, porque la proporción de energía renovable podría alcanzar el 33,1-33,7% en 2030, superando el objetivo actual de al menos el 32% en 2030. Sin embargo, los planes nacionales actuales todavía muestran una brecha de ambición en la eficiencia energética, situándose en el 2,8% para el consumo de energía primaria y 3,1% para consumo de energía final. Además, los planes nacionales de energía y clima aún no prestan suficiente atención a las necesidades de investigación y desarrollo para cumplir el objetivo climático y energético.

Sin embargo, los planes evolucionarán y la próxima revisión formal está prevista para 2023. Es más, el análisis general que ha publicado esta semana la UE se complementará con 27 evaluaciones individuales que se adoptarán en octubre junto con el Informe sobre el estado de la Unión de la Energía. Estas evaluaciones incluirán orientaciones específicas para cada estado miembro, incluida la magnitud de las inversiones y reformas necesarias para desbloquear el potencial de la transición a las energías limpias, y serán claves de cara a las negociaciones de 2021.

“Estamos haciendo todo lo posible para mantener la promesa que hicimos a los europeos: lograr que en 2050 Europa sea el primer continente climáticamente neutro del mundo. Con el nuevo objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en al menos un 55% de aquí a 2030 vamos a liderar el camino hacia un planeta más limpio y una recuperación ecológica”, ha asegurado Von der Leyen. Aunque aún queda un largo camino por delante, poco a poco se va colocando el asfalto de la carretera que lleva hacia el destino. La pelota está ahora, de nuevo, en el tejado de los gobiernos nacionales.